El caso de la presunta lesión de confianza por G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la defensa técnica del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.

En entrevista con la radio Ñandutí, su representante legal, el abogado Jorge Arturo Daniel, confirmó que el exfuncionario se encuentra fuera del país pero retornará a la brevedad para ponerse a disposición de las autoridades.

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Bataglia fue imputado por el fiscal Julio Ortiz junto a su sucesor, Jorge Brítez, y otros exmiembros del Consejo Administrativo. La causa investiga supuestas irregularidades y adendas millonarias en la adjudicación de obras para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central, los cuales habrían ocasionado un severo perjuicio patrimonial a la previsional.

“Vicente Bataglia está empezando a retornar al país. Se va a presentar. Este no es su primer ni su único proceso. No lo hace aún porque no está en el país”, aseguró Daniel al medio radial.

El abogado cuestionó la celeridad y la consistencia técnica con la que la Fiscalía formuló la imputación, sugiriendo un desconocimiento de la causa por parte de los investigadores.

“Tengo algunos elementos bastante interesantes que describen que por lo menos la Fiscalía no tiene conocimiento de todos los antecedentes para haber formulado esta acta de imputación”, afirmó.

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Dentro de las críticas vertidas contra la actuación del Ministerio Público, Daniel remarcó serias inconsistencias en la fijación de las audiencias tras las órdenes de captura dictadas por el fiscal del caso.

Por último, la defensa fustigó la solicitud de detención preventiva para figuras de perfil público y argumentó que en el caso de Jorge Brítez se estaría incurriendo en una falta a la normativa procesal vigente debido a su franja etaria.

“Otro hecho que llama la atención es que a personas de conocida y notoria notoriedad social se les decreta la detención preventiva sin ningún tipo de fundamento. Por ejemplo, el caso de Jorge Brítez. Él tiene 70 años y hay una limitación en el Código Procesal Penal que dice que no se podrá decretar la prisión preventiva de personas mayores de 70 años”, concluyó el abogado.

El proceso judicial recién da sus primeros pasos mientras se aguarda la llegada de Bataglia al país para la correspondiente audiencia y el inicio del deslinde de responsabilidades por el caso de los quirófanos modulares.

La Dirección de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del sector sur, lluvias dispersas hasta 22 °C.

El domingo continuará el tiempo fresco, cielo mayormente cubierto y vientos del sector sur. Las temperaturas irán de 13 °C a 19 °C.

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El lunes y el martes, las mínimas serán de 12 °C y las máximas de 17 °C y 18 °C, respectivamente, con probables lluvias dispersas en el segundo caso.

El miércoles se prevé un ambiente de fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur. La temperatura llegará a 25 °C.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.