En el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la licitación de quirófanos modulares para el Hospital Central del IPS, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dispuso la libertad ambulatoria para el extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez.

En entrevista con el canal GEN, el abogado defensor, José Fernández Zacur, calificó la actuación inicial del Ministerio Público como un “show vedetístico e ilegal”, ya que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años.

“Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio. La imputación está fisurada por donde se la vea”, aseveró Fernández Zacur.

Las fisuras del acta de imputación

El profesional del derecho cuestionó la imputación y señaló los vacíos de fondo y contradicciones en la atribución de responsabilidades dentro de la previsional:

Fernández Zacur remarcó que el presidente del IPS actúa como mandatario del Consejo de Administración, que es el órgano colegiado y máxima autoridad decisión. “No entiendo cómo está imputado el mandatario que firma las adendas y no los consejeros que dieron la orden de suscribirlas”, cuestionó.

Recordó que la causa se originó a partir de una denuncia presentada por la gestión del propio Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encauzar el proceso.

Señaló que el firmante del contrato original tampoco fue incluido en la nómina de procesados por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el juez Rodrigo Estigarribia hizo prevalecer el Artículo 270 del Código Procesal Penal, que prohíbe la prisión preventiva para adultos mayores de 70 años, enfatizando además que la medida cautelar máxima debe ser siempre la excepción y no la regla.

“A mí me llamó positivamente la atención que el juez permitiera el ingreso de todos los medios de prensa para transparentar su decisión y sacarle todo tufo o duda al proceso. Explicó con claridad que la prisión es la excepción. Fue un episodio nada común en el Poder Judicial”, destacó el abogado defensor.

La representación legal del extitular del IPS anunció que apelará la resolución de admisión de la imputación para exigir que la Cámara de Apelaciones devuelva el acta al Ministerio Público, de modo que la Fiscalía reformule el caso con criterios técnicos serios o tome la determinación procesal que corresponda.

El proyecto fue aprobado sobre tablas, durante su última sesión plenaria. La resolución requiere a la Municipalidad de San Lorenzo un reporte detallado acerca de las obras de desagüe pluvial ejecutadas en el barrio Tayazuapé. El pedido responde a la falta de respuestas claras tras el trágico fallecimiento del pequeño Tobías Ariel Suárez, ocurrido en febrero pasado en dicha localidad.

La tragedia que costó la vida del menor conmocionó a la ciudadanía luego de que fuera arrastrado por un raudal y succionado por una de las estructuras del sistema de drenaje. El trágico suceso puso en el centro del debate la seguridad y la calidad de las obras públicas ejecutadas en el municipio, así como los controles institucionales existentes para prevenir este tipo de incidentes.

La iniciativa parlamentaria surge ante la preocupación por el estancamiento de las indagaciones. Reportes indican que la investigación fiscal no registra avances sustanciales y que aún se aguardan peritajes clave para deslindar o establecer responsabilidades penales y administrativas en la causa.

Dentro del requerimiento oficial, se exige a la comuna la entrega de una copia íntegra del contrato de la obra, la identificación de la empresa contratista, el monto total adjudicado y el porcentaje exacto de ejecución. Además, se solicita detallar las medidas de seguridad adoptadas durante los trabajos y las labores de supervisión que estaban a cargo de las autoridades locales.

El documento contempla además la necesidad de transparentar las acciones administrativas e internas tomadas con posterioridad al suceso, precisando si se abrieron sumarios o se aplicaron sanciones a funcionarios o contratistas. De igual modo, la Municipalidad deberá informar si existen auditorías especiales en curso y remitir sus conclusiones preliminares o definitivas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Nacional, la Municipalidad de San Lorenzo cuenta con un plazo máximo de 15 días para responder de manera formal a cada uno de los puntos requeridos por la Cámara Alta.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Sandra Aquino, de profesión docente, y dos niños de 8 y 10 años, uno de ellos su hijo y otro su sobrino, quienes circulaban a bordo de un biciclo de la marca Star.

Un niño de 12 años, también hijo de la docente, logró sobrevivir al impacto, pero sufrió heridas de extrema gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Santaní, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El segundo vehículo implicado en el siniestro es un Toyota Allion, color negro, guiado por Andrea Milagros Escurra, una conocida acordeonista de la zona. Tras la llegada de la Policía, la automovilista quedó detenida de inmediato y fue puesta a disposición de la Fiscalía para el inicio de las indagatorias.

Según las declaraciones de un testigo, el automóvil al mando de Escurra realizaba maniobras en zigzag momentos antes del impacto frontal, existiendo la sospecha de que la mujer conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Agentes de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía continúan trabajando en el lugar del hecho para levantar evidencias e interrogar a otros posibles testigos. El proceso investigativo busca reconstruir la dinámica precisa de la colisión para deslindar o atribuir las responsabilidades penales del caso.

Los trabajos se llevan a cabo en el marco de un convenio entre la Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipú y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), bajo la ejecución técnica del Consorcio San Blas.

Durante la primera etapa de la intervención, las cuadrillas priorizarán la reconstrucción de las estructuras dañadas, el refuerzo de las vigas y la reparación total del techo, para luego avanzar en la revitalización general de los espacios internos de la catedral.

El plan de obras abarca una modernización integral en la seguridad e infraestructura del recinto. El proyecto contempla la instalación de un sistema de prevención y combate contra incendios equipado con agua presurizada y tanque externo, la colocación de un generador eléctrico propio para garantizar el suministro ante eventuales cortes de energía y la implementación de un nuevo equipo de sonido diseñado para cubrir la totalidad de la explanada.

El director paraguayo de la binacional, Justo Zacarías, confirmó que la meta trazada es culminar las labores a tiempo para inaugurar el templo renovado el próximo 3 de febrero de 2027, fecha en que se celebra la festividad del patrono de la ciudad.

Con esta intervención se pretende resguardar el valor arquitectónico e histórico del edificio y revalorizar su función como espacio central de fe y encuentro para toda la comunidad altoparanaense.