El comisario Juan Pereira, director del Departamento de Antisecuestro, confirmó que el operativo desplegado en Asunción y Luque permitió detener a los integrantes de una banda de delincuentes que prestaba dinero sin requisitos para luego secuestrar, extorsionar y torturar a las personas para exigir pagos diarios, en la modalidad “gota a gota”.

“El operativo fue exitoso con la captura del líder y el rescate de la víctima, ya bajo segura custodia”, comentó Pereira, en una conferencia de prensa en la que encargó.

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El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro, informó que la investigación comenzó el 4 de agosto, cuando un colombiano acudió ante las autoridades de Medellín para denunciar que su hermano fue secuestrado por unos “prestamistas”, quienes exigían 25 millones de pesos (G. 50 millones) por la liberación.

“Recibía mensajes de Whatsapp en los que le mostraban que esta persona estaba siendo torturada, le exigían el pago por mensajes escritos y de audio; en base a eso iniciamos el trabajo de recolección de información”, relató Cardozo.

Los arrestados son: Óscar Pallares (19), Jaider Delabos Bustamante (39), Luis Miguel Triana (27), Jaider Delahos Pallares (18) y Jheiner David Rojas Pallares. Entre los elementos incautados mencionan: prendas vinculadas al hecho, un arma de fuego, cartuchos y accesorios, documentos celulares y una tablet, dinero en efectivo y un vehículo.

La modalidad “gota a gota” es muy conocida a nivel internacional y mueve mucho dinero en Colombia. Los criminales otorgan un préstamo sin formalidades (sin firmar documentos ni establecer los requisitos). Posteriormente, comienzan a exigir pagos diarios o a llevarse electrodomésticos y objetos de valor de la casa cuando las personas no pueden pagar. El siguiente nivel es secuestrar a las víctimas y exigir altas sumas por la liberación.

“Los que no tienen cómo pagar son secuestrados y torturados hasta que se les pague lo que ellos dicen. La persona rescatada fue torturada, tiene cortes en la oreja, se le quitó la ceja, hay videos muy fuertes”, comentó el comisario.

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Entre los detenidos hay una persona que obró con el mismo modus operandi en Perú. Esta modalidad también es utilizada en Centroamérica, además de Colombia.

El titular de la DNIT, Óscar Orué, fue consultado del aspecto tributario relacionado a la investigación del robo en pandemia en la comuna esteña, a través de la compra sobrefacturada de kits de alimentos.

“Tía Chela compró de otra empresa los bienes. Esa empresa, nosotros hicimos la fiscalización y la trazabilidad de toda la compra, y se observó que utilizó facturas falsas y se le sancionó a esa empresa por usar facturas falsas”, confirmó Orué, entrevistado por la 1020 AM.

Explicó que Vanessa Florentín, expareja del intendente Prieto, fue quien utilizó las facturas falsas y actuó como subproveedora de la empresa Tía Chela RSL, adjudicada para entregar los alimentos por G. 2.130 millones.

Por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, está acusado Miguel Prieto, sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del Covid-19.

En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos.

El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

El contrato de suministro se firmó formalmente el 27 de marzo de 2020, pero Prieto ya publicaba videos en sus redes sociales promocionando la entrega de los alimentos el 25 de marzo, dos días antes de la adjudicación oficial

El mismo día de la firma del contrato, la empresa emitió una factura de crédito declarando la entrega inmediata de 15.000 kits, volumen físicamente imposible de almacenar para el comercio adjudicado

Según la Fiscalía, solo se habrían adquirido 10.000 de los 25.000 kits presupuestados para utilizarlos en la promoción visual. Se habrían fraguado las planillas de rendición de cuentas utilizando firmas falsificadas (llenadas por una sola mano) y registrando como beneficiarios a personas fallecidas, que no residían en la zona o que incluso se encontraban fuera del país

Agentes de la Policía Federal del Brasil el último miércoles concretaron la aprehensión de un ciudadano paraguayo en el Aeropuerto Internacional de Foz do Iguazú.

Según el reporte, este compatriota (cuya identidad no trascendió) tenía en su poder un cargamento de estupefacientes oculto, el cual fue descubierto durante una inspección de rutina, previo a un vuelo.

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Se trata de pequeños paquetes que contenían cocaína, cuyo peso total asciende a 865 gramos y que se encontraban escondidos entre sus calzados, prendas íntimas y la ropa que traía puesta.

Las autoridades brasileñas abordaron al hombre poco antes de que logre embarcar un avión que tenía como destino la ciudad de Madrid, España.

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Tras su arresto, este pasajero fue trasladado a la Delegación de la Policía Federal en Foz de Yguazú, a fin de quedar a disposición de la justicia del vecino país.

El connacional detenido se expone a una pena de 15 años de prisión por tráfico internacional de droga, considerando la sanción que posee este tipo de hechos en territorio brasileño.

Días atrás se registró un incidente vehicular en la zona del barrio Mbocayaty de Asunción, en inmediaciones de una institución educativa, involucrando al chofer de una camioneta Toyota Fortuner y al conductor de un camión.

Una filmación divulgada en redes sociales muestra el momento en que la persona al mando de la camioneta extrae un arma de fuego y amenaza al camionero, aparentemente después de una discusión por la preferencia de circulación.

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Tras la difusión del video, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) tomó intervención y logró localizar la vivienda del sospechoso, ubicada en la ciudad de Lambaré.

Esta persona fue identificada inicialmente como Luciano Pereira Castelo, de 68 años, de nacionalidad brasileña. El mismo hizo entrega de dos pistolas que tenía en su poder, una de las cuales sería la que utilizó para realizar la amenaza.

Luego de una serie de averiguaciones y cruzamiento de datos con autoridades del vecino país, se pudo corroborar su identidad real: Luciano Pampado Casquel. Este hombre es buscado en Brasil por un hecho de homicidio, ocurrido en el año 1987 en el municipio de São Manuel, estado de São Paulo.

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El brasileño se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, en compañía de su abogado defensor, tras la incautación de su vehículo y la formulación de la denuncia en su contra por amenaza con arma de fuego.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, sus antecedentes penales y la constatación de que utilizaba una identidad falsa, Pampado acabó siendo puesto en libertad por disposición del Ministerio Público.