El mapa de los delitos que acorralan a las comunidades indígenas en Paraguay
Comunidad mbyá-guaraní frente al “opy” o casa ritual. Foto: ilustrativa.
Un informe divulgado por el Ministerio Público expone la dura realidad que enfrentan los pueblos originarios en nuestro país. La violencia familiar, los abusos a menores y el avance del crimen organizado encabezan los hechos más denunciados.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio del Ministerio Público expuso un pormenorizado informe que revela la compleja situación de vulnerabilidad social y penal que atraviesan los pueblos originarios en Paraguay.
Dicho reporte expone desde la prevalencia de delitos graves hasta las barreras de discriminación que sufren al migrar a las zonas urbanas.
Entre los hechos punibles de mayor frecuencia registrados en las comunidades figuran la violencia familiar, la lesión, las amenazas, el homicidio doloso y el abuso sexual en niños. A esta lista se suman la coacción, el estupro, los delitos ambientales (Ley N.º 716/96) y el hurto agravado, siendo los días sábado, domingo y lunes los de mayor concentración de denuncias.
Los departamentos más sensibles
El análisis territorial identifica siete departamentos como las zonas más críticas por la frecuencia de causas investigadas:
- Canindeyú
- Caaguazú
- Amambay
- Concepción
- Alto Paraná
- Boquerón
- San Pedro
Según la Fiscalía, el avance del crimen organizado en estas regiones, sumado al flagelo del embarazo precoz y la violencia familiar, genera un impacto destructivo en el tejido social indígena. A esto se suma la migración hacia las ciudades, un fenómeno que expone a los nativos a la exclusión social, la pérdida de su identidad étnica y la falta de contención de sus líderes y familias extendidas.
El proceso penal: Entre la ley nacional y el derecho consuetudinario
Frente a la comisión de un delito, el sistema judicial paraguayo aplica un régimen diferenciado respaldado por la Constitución Nacional (Arts. 62 al 65) y el Convenio 169 de la OIT. Este marco reconoce la coexistencia del derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos fundamentales.
El protocolo de intervención del Ministerio Público ante denuncias en comunidades sigue cuatro pasos clave:
- Notificación inmediata: La Oficina de Denuncias Penales comunica el caso al fiscal de turno y a la Dirección de Derechos Étnicos.
- Designación técnica: Se asigna un consultor técnico y un equipo especializado que se traslada hasta la comunidad para recabar datos e informar al líder comunitario.
- Abordaje en el territorio: En casos de abuso sexual o violencia familiar, una psicóloga atiende a la víctima dentro de su propia comunidad para evitar traslados costosos. El líder aconseja si corresponde aplicar la justicia ordinaria o las normas consuetudinarias.
- Dictamen jurídico-antropológico: Se elabora un informe con recomendaciones al fiscal sobre la ley aplicable, medidas de protección y posibles salidas al conflicto.
Justicia plural y diversidad cultural
El Código Procesal Penal (en sus artículos 26, 380 y 432) habilita la posibilidad de extinguir la acción penal si el conflicto fue resuelto satisfactoriamente según el derecho consuetudinario de la comunidad y con el acuerdo de las partes, previa verificación del juez.
“La configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural. Determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa”, explicó la abogada Viviana Benítez, del equipo técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía.
Esta convivencia entre el derecho estatal y las costumbres ancestrales busca garantizar que la aplicación de la justicia no despoje a los pueblos originarios de su identidad, priorizando la reparación del daño y el respeto a la diversidad cultural en todo el proceso penal.
Leé también
IPS iniciará obras de calle interna el lunes, cerrarán paso vehicular
Las obras comenzarán el lunes. Foto: IPS
El acceso al Centro de Atención Ambulatoria del IPS finalmente será reparado, para lo cual bloquearán la circulación vehicular a partir de este lunes, por el periodo de un mes, como mínimo.
A partir del 14 de septiembre iniciarán los trabajos de reacondicionamiento y reparación de la calle interna de acceso al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital Central, según anunció la previsional en un comunicado.
La obra se ejecutará en el marco del contrato de “Rehabilitación Vial del Hospital Central del IPS”.
La fecha estimada para la culminación es el 14 de octubre, aunque esto podría variar y prolongarse de acuerdo con las condiciones climáticas.
El fenómeno El Niño, según proyecciones meteorológicas, podría comenzar a sentirse a finales de septiembre
El acceso vehicular permanecerá cerrado y el tránsito será redireccionado por vías alternativas, a fin de garantizar la seguridad y facilitar la circulación dentro del predio hospitalario.
Camión de cervezas chocó en una rotonda y el chofer murió
El accidente ocurrió esta mañana. Foto: Captura de pantalla
Un terrible accidente de tránsito ocurrió esta mañana en Ciudad del Este, donde un camión que transportaba cerveza perdió el control en una rotonda y se incrustó contra un cartel. El rodado quedó destrozado y el conductor murió aplastado.
El percance sucedió este sábado sobre la ruta PY 02, a la altura del km 3,4, donde un camión que transportaba mercaderías de cervepar perdió el control.
El conductor había salido a las 6:40 de esta mañana de Minga Guazú rumbo a San Alberto, norte de Alto Paraná.
Al alcanzar una rotonda, el camión chocó y volcó, tras lo cual quedó incrustado contra un cartel.
El comisario interviniente informó que la empresa Cervepar alquila el servicio de transporte de una firma tercerizada, es decir, tanto el camión como el chofer son de dicha empresa.
“Pretendía hacer la rotonda, momento en que, no sabemos si por fallas mecánicas o por qué circunstancias, pasó esto”, comentó el uniformado, en un contacto con Telefuturo.
Por su parte, los bomberos tuvieron que utilizar equipos hidráulicos y varias herramientas para rescatar el cuerpo sin vida del conductor de 44 años.
Mafia de pagarés: piden juicio contra una jueza y otras personas
Foto ilustrativa.
La Fiscalía formuló acusación contra cuatro implicados en uno de los casos de la mafia de los pagarés en el que resultó víctima una mujer y solicitó elevar el caso a juicio oral.
Una jueza de Paz de La Encarnación, un actuario judicial, una ujier notificadora y una abogada están acusados por el Ministerio Público.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero solicitaron juicio contra estas cuatro personas por prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de formas de participación como complicidad e instigación.
El caso investigado corresponde a la tramitación de una acción preparatoria de juicio ejecutivo basada en siete pagarés que habrían avanzado sin conocimiento de la mujer demandada, lo cual afectó su derecho a la defensa.
ELEMENTOS
Una notificación supuestamente fue realizada el 14 de junio de 2024 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, la ujier que informó haber practicado la diligencia cumplió funciones ese día en el Juzgado de Paz de La Encarnación y no registró salida del Paraguay. Pese a ello, la notificación habría sido considerada realizada “en legal forma”, lo que permitió la continuidad del proceso ejecutivo.
Este es uno de los elementos recogidos en la pesquisa, entre varios otros que serán expuestos en el juicio oral, una vez que se confirme le petición del Ministerio Pública de elevar la causa a dicha instancia.
