Personal de seguridad del Hospital Central, en conjunto con representantes de la Fiscalía y autoridades del centro médico, realizaron un sorpresivo procedimiento en los albergues destinados a familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras la denuncia de un usuario, a quien se le sugirió comprar en el sitio un fármaco recetado que debía ser abastecido por la propia red de salud pública.

Durante el registro del primer recinto, las autoridades hallaron un importante volumen de insumos médicos e instrumentos de uso hospitalario como gasas, batas, jeringas y chatas, además de fármacos de alto costo como eritropoyetina, cuyo valor de mercado ronda los 4 millones de guaraníes por unidad.

Muchos de los productos, entre los que también figuraban antibióticos con dudosas condiciones de conservación, conservaban etiquetas oficiales del IPS y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS). En el sitio se incautaron además dinero en efectivo oculto en cajas de madera y artículos variados como alimentos y perfumes.

Como resultado de este primer operativo, una mujer fue demorada y trasladada a la Comisaría 12.ª, quedando a disposición del Ministerio Público. El fiscal Luis Barboza, quien encabezó el procedimiento bajo directivas de la fiscala Hermenegilda Cubilla, confirmó que solicitarán la intervención de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para establecer la procedencia exacta de los fármacos y evaluar los riesgos sanitarios.

La inspección se extendió hacia un segundo albergue contiguo, donde localizaron otro lote de medicamentos irregulares que incluía sustancias sujetas a estricto control médico, entre ellas fentanilo. En este segundo punto no se registraron detenciones inmediatas, aunque la clasificación de los insumos continuó con el apoyo técnico del servicio de Farmacia del Hospital Central.

Por su parte, la Dirección del Hospital Central del IPS y los departamentos de Auditoría e Investigación Jurídica ratificaron su apertura para colaborar con la investigación penal.

Las autoridades institucionales se comprometieron a facilitar los controles internos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas y penales detrás del desvío de estos insumos esenciales.

A partir del 14 de septiembre iniciarán los trabajos de reacondicionamiento y reparación de la calle interna de acceso al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital Central, según anunció la previsional en un comunicado.

La obra se ejecutará en el marco del contrato de “Rehabilitación Vial del Hospital Central del IPS”.

La fecha estimada para la culminación es el 14 de octubre, aunque esto podría variar y prolongarse de acuerdo con las condiciones climáticas.

El fenómeno El Niño, según proyecciones meteorológicas, podría comenzar a sentirse a finales de septiembre

El acceso vehicular permanecerá cerrado y el tránsito será redireccionado por vías alternativas, a fin de garantizar la seguridad y facilitar la circulación dentro del predio hospitalario.

El percance sucedió este sábado sobre la ruta PY 02, a la altura del km 3,4, donde un camión que transportaba mercaderías de cervepar perdió el control.

El conductor había salido a las 6:40 de esta mañana de Minga Guazú rumbo a San Alberto, norte de Alto Paraná.

Al alcanzar una rotonda, el camión chocó y volcó, tras lo cual quedó incrustado contra un cartel.

El comisario interviniente informó que la empresa Cervepar alquila el servicio de transporte de una firma tercerizada, es decir, tanto el camión como el chofer son de dicha empresa.

“Pretendía hacer la rotonda, momento en que, no sabemos si por fallas mecánicas o por qué circunstancias, pasó esto”, comentó el uniformado, en un contacto con Telefuturo.

Por su parte, los bomberos tuvieron que utilizar equipos hidráulicos y varias herramientas para rescatar el cuerpo sin vida del conductor de 44 años.

Una jueza de Paz de La Encarnación, un actuario judicial, una ujier notificadora y una abogada están acusados por el Ministerio Público.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero solicitaron juicio contra estas cuatro personas por prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de formas de participación como complicidad e instigación.

El caso investigado corresponde a la tramitación de una acción preparatoria de juicio ejecutivo basada en siete pagarés que habrían avanzado sin conocimiento de la mujer demandada, lo cual afectó su derecho a la defensa.

ELEMENTOS

Una notificación supuestamente fue realizada el 14 de junio de 2024 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, la ujier que informó haber practicado la diligencia cumplió funciones ese día en el Juzgado de Paz de La Encarnación y no registró salida del Paraguay. Pese a ello, la notificación habría sido considerada realizada “en legal forma”, lo que permitió la continuidad del proceso ejecutivo.

Este es uno de los elementos recogidos en la pesquisa, entre varios otros que serán expuestos en el juicio oral, una vez que se confirme le petición del Ministerio Pública de elevar la causa a dicha instancia.