En su escrito difundido en redes sociales, el actual precandidato a presidente por el abdismo intentó justificar el desmantelamiento del proyecto Metrobús bajo el argumento de que heredó una obra inviable.

En entrevista con el canal GEN, la agente fiscal Yeimy Rossana Adle —quien integra el equipo de investigación junto con Nathalia Silva y Giovanni Grisetti— detalló cómo las decisiones unilaterales de Wiens terminaron por sepultar la infraestructura y ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones al Estado paraguayo.

El Ministerio Público presentó la acusación formal y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras públicas, marco penal por el cual el ex alto funcionario se expone a una condena de hasta 7 años y medio de cárcel.

Línea de tiempo: los errores que destruyeron el proyecto

La fiscal desacreditó la postura de la defensa de Wiens, y reconstruyó punto por punto la secuencia de acontecimientos desde su asunción al frente del MOPC en agosto de 2018:

-Agosto de 2018: Avance del 40% y predisposición municipal (13 y 28 de agosto)

Al asumir Wiens, la obra contaba con un avance físico cercano al 40%. Pese a que la empresa Mota Engil presentó un preaviso de suspensión el 13 de agosto, el 28 de agosto la Municipalidad de Asunción envió una nota confirmando que estaba lista para otorgar los permisos de construcción en el Tramo 2. Sin embargo, el MOPC nunca más gestionó dicha autorización.

-Octubre de 2018: Acta de entendimiento y soterramiento (20 y 23 de octubre)

Tras constatar in situ que había frentes disponibles e intimar a la contratista el 23 de octubre, ese mismo día Wiens firmó sorpresivamente un acta de entendimiento con Mota Engil para suspender las obras. El MOPC destinó más de G. 8.030 millones para pagar trabajos que soterraron e inutilizaron la infraestructura ya construida, con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular.

-Junio de 2019: Dictámenes técnicos ignorados

El informe de intervención dispuesto por el propio Wiens concluyó en junio de 2019 aconsejando la continuidad del proyecto. En paralelo, un estudio encomendado a la consultora internacional Transconsult y financiado por el BID recomendó replantear y simplificar la obra, confirmando que solo 13 inmuebles requerían expropiación. Wiens ignoró ambas recomendaciones.

-Abril de 2020: Demolición de estaciones y desvío de insumos

Wiens ordenó la demolición de seis estaciones del corredor central (19 a la 24), donde el Estado ya había invertido más de G. 6.900 millones. Lo hizo sin contar con un dictamen técnico previo —exigido por la Procuraduría— y redistribuyó materiales protegidos por la Ley 5133 a rellenos de estacionamientos y centros asistenciales, violando las cláusulas contractuales con el BID.

-Octubre de 2023: Citación e interrupción de la prescripción (4 de octubre de 2023)

La Fiscalía citó en octubre de 2023 a una indagatoria a Wiens días antes de cumplirse los 5 años del inicio de los hechos punibles, que fue en octubre de 2018, interrumpiendo legalmente el plazo de prescripción. La causa sigue plenamente vigente por un nuevo periodo de 5 años.

“Se pagó con dinero del Estado para destruir obras del Estado”

La fiscal Yeimy Adle aseguró que existían las condiciones técnicas, normativas y financieras para culminar la red del bus de tránsito rápido.

“El señor Wiens pagó con plata del Estado para destruir obras del Estado; infraestructura en el marco de un proyecto de más de 20 años. Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad, pero prefirieron soterrar lo construido”, enfatizó Adle.

No existe prescripción

Respecto al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa, la agente del Ministerio Público recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.

Una mujer de 20 años de edad, identificada con las iniciales A.S., fue rescatada este miércoles en la ciudad brasileña de Marechal Cândido Rondon, estado de Paraná.

El operativo de rescate fue ejecutado por agentes de la Policía Federal de Brasil, en coordinación con el Departamento Anti Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía Nacional.

Te puede interesar: Caen 300 dosis de crack tras allanamientos en CDE

La localización de esta joven compatriota fue posible luego de que la misma lograra establecer contacto con sus familiares en Paraguay, a quienes confirmó que era retenida en contra de su voluntad y sometida a explotación sexual.

Según relató a las autoridades, fue trasladada bajo engaños desde Ciudad del Este hasta el municipio de Marechal Cândido Rondon, con la promesa de una oportunidad laboral en el rubro de costura.

Al llegar al lugar indicado, descubrió la verdad y se percató que, en realidad, había sido llevada al vecino país para ofrecer servicios sexuales, actividad a la que se negó a dedicarse rotundamente.

Leé también: Adolescente muere apuñalado en Pastoreo: supuesto autor fue detenido

A.S. logró conseguir un teléfono celular a escondidas y pidió auxilio a sus allegados, enviándoles la ubicación donde se encontraba. Ello permitió a las autoridades brasileñas dar con su paradero y rescatarla con éxito.

El caso fue comunicado a la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Alto Paraná, quien lleva adelante la investigación.