El juez Penal de Garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, explicó al canal GEN los fundamentos jurídicos que lo llevaron a otorgar el sobreseimiento definitivo a Eugenio Sanabria Vierci, el conductor que manejaba ebrio y provocó el trágico siniestro vial donde murieron cuatro personas en la Ruta Ecovía.

El magistrado confirmó que, tras extinguirse la causa mediante un acuerdo económico con parte de los familiares de las víctimas, el procesado recuperó su plenitud de derechos civiles, lo que incluye la habilitación legal para volver a conducir un vehículo.

El magistrado argumentó que el Código Procesal Penal paraguayo faculta en su artículo 25, numeral 10 (en concordancia con el artículo 311) la aplicación de la figura de la conciliación por reparación integral del daño para dos tipos específicos de hechos: los delitos patrimoniales y los delitos de carácter culposo.

“Al tratarse de un hecho considerado culposo y al existir dos acuerdos firmados: uno en diciembre de 2024 con la familia Chena y otro en febrero con los tutores de la menor sobreviviente, donde las partes se ratificaron y desistieron de toda acción futura, la ley me obliga a proceder. Al levantarse las medidas cautelares, Sanabria Vierci queda plenamente libre y no se le puede imponer ninguna restricción, lo que significa que sí puede volver a manejar”, explicó Acuña.

Exclusión de la familia Jacquet

Consultado sobre la postura de la familia Jacquet, que se opuso desde el primer día a cualquier negociación monetaria por la muerte de sus seres queridos, el magistrado confirmó que la misma quedó formalmente fuera del expediente por decisión de la Cámara de Apelaciones, y que este fallo fue ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia.

“La familia Jacquet fue excluida del proceso por las instancias superiores. Al quedar únicamente las partes que sí arribaron a un acuerdo, la magistratura procedió en consecuencia”, señaló.

El juez reveló que la fiscalía dio su conformidad para el archivo de la causa. “El Ministerio Público, en vista a la posición asumida por las víctimas ratificadas de no querer proseguir con las acciones, dio su anuencia para cerrar el caso”, explicó.

“No tuvo intención de matar”

Respecto a cómo una persona que toma un volante en estado de ebriedad y mata a cuatro personas puede eludir la cárcel y recuperar la libertad en pocos meses, Acuña sostuvo que la legislación nacional tipifica estos sucesos como homicidios culposos por inobservancia del deber de cuidado y descarta la intencionalidad directa.

“Cuando alguien toma un vehículo en ese estado (ebrio), se expone a que ocurra lo peor, pero no lo hace con la intención de matar. Ocurre por no haber tomado el debido cuidado al manejar. En Paraguay no tenemos taxativamente regulada la figura del dolo eventual en el Código Penal. Aunque existe doctrina y jurisprudencia que la desarrollan muy bien, nuestro código actualmente no la prevé de forma explícita”, dijo el juez.

En aquel fatídico siniestro vial, perdieron la vida Osvaldo Darío Jacquet Valdez (39), su esposa Kristin Maria Blumenrother (40) y su hijo de apenas un año de edad, quienes viajaban en un automóvil que fue embestido por la camioneta al mando de Sanabria. La cuarta víctima fatal fue Nancy Angeluz Chena.

La fiscal Zulma Benítez había pedido que la causa fuera elevada a juicio oral, pero el acuerdo de reparación con los familiares de las víctimas puso fin al proceso.

El titular de la DNIT, Óscar Orué, fue consultado del aspecto tributario relacionado a la investigación del robo en pandemia en la comuna esteña, a través de la compra sobrefacturada de kits de alimentos.

“Tía Chela compró de otra empresa los bienes. Esa empresa, nosotros hicimos la fiscalización y la trazabilidad de toda la compra, y se observó que utilizó facturas falsas y se le sancionó a esa empresa por usar facturas falsas”, confirmó Orué, entrevistado por la 1020 AM.

Explicó que Vanessa Florentín, expareja del intendente Prieto, fue quien utilizó las facturas falsas y actuó como subproveedora de la empresa Tía Chela RSL, adjudicada para entregar los alimentos por G. 2.130 millones.

Por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, está acusado Miguel Prieto, sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del Covid-19.

En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos.

El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

El contrato de suministro se firmó formalmente el 27 de marzo de 2020, pero Prieto ya publicaba videos en sus redes sociales promocionando la entrega de los alimentos el 25 de marzo, dos días antes de la adjudicación oficial

El mismo día de la firma del contrato, la empresa emitió una factura de crédito declarando la entrega inmediata de 15.000 kits, volumen físicamente imposible de almacenar para el comercio adjudicado

Según la Fiscalía, solo se habrían adquirido 10.000 de los 25.000 kits presupuestados para utilizarlos en la promoción visual. Se habrían fraguado las planillas de rendición de cuentas utilizando firmas falsificadas (llenadas por una sola mano) y registrando como beneficiarios a personas fallecidas, que no residían en la zona o que incluso se encontraban fuera del país

Agentes de la Policía Federal del Brasil el último miércoles concretaron la aprehensión de un ciudadano paraguayo en el Aeropuerto Internacional de Foz do Iguazú.

Según el reporte, este compatriota (cuya identidad no trascendió) tenía en su poder un cargamento de estupefacientes oculto, el cual fue descubierto durante una inspección de rutina, previo a un vuelo.

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Se trata de pequeños paquetes que contenían cocaína, cuyo peso total asciende a 865 gramos y que se encontraban escondidos entre sus calzados, prendas íntimas y la ropa que traía puesta.

Las autoridades brasileñas abordaron al hombre poco antes de que logre embarcar un avión que tenía como destino la ciudad de Madrid, España.

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Tras su arresto, este pasajero fue trasladado a la Delegación de la Policía Federal en Foz de Yguazú, a fin de quedar a disposición de la justicia del vecino país.

El connacional detenido se expone a una pena de 15 años de prisión por tráfico internacional de droga, considerando la sanción que posee este tipo de hechos en territorio brasileño.

Días atrás se registró un incidente vehicular en la zona del barrio Mbocayaty de Asunción, en inmediaciones de una institución educativa, involucrando al chofer de una camioneta Toyota Fortuner y al conductor de un camión.

Una filmación divulgada en redes sociales muestra el momento en que la persona al mando de la camioneta extrae un arma de fuego y amenaza al camionero, aparentemente después de una discusión por la preferencia de circulación.

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Tras la difusión del video, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) tomó intervención y logró localizar la vivienda del sospechoso, ubicada en la ciudad de Lambaré.

Esta persona fue identificada inicialmente como Luciano Pereira Castelo, de 68 años, de nacionalidad brasileña. El mismo hizo entrega de dos pistolas que tenía en su poder, una de las cuales sería la que utilizó para realizar la amenaza.

Luego de una serie de averiguaciones y cruzamiento de datos con autoridades del vecino país, se pudo corroborar su identidad real: Luciano Pampado Casquel. Este hombre es buscado en Brasil por un hecho de homicidio, ocurrido en el año 1987 en el municipio de São Manuel, estado de São Paulo.

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El brasileño se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, en compañía de su abogado defensor, tras la incautación de su vehículo y la formulación de la denuncia en su contra por amenaza con arma de fuego.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, sus antecedentes penales y la constatación de que utilizaba una identidad falsa, Pampado acabó siendo puesto en libertad por disposición del Ministerio Público.