La Cámara Alta aprobó este miércoles el proyecto de ley que autoriza un préstamo de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (aproximadamente USD 286 millones), otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para la construcción del denominado Corredor de Integración Suroeste.

Al recibir esta media sanción de senadores, el documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su siguiente trámite legislativo.

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Impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto abarca 154 kilómetros de rutas y más de 25 kilómetros de travesías urbanas entre las localidades de Yabebyry (Misiones) y Pilar (Ñeembucú).

Contempla la construcción de cuatro nuevos puentes, circunvalaciones, obras de drenaje y accesos a zonas turísticas y pesqueras clave como Cerrito y Corateí.

Esta infraestructura busca reducir costos logísticos, elevar la competitividad regional y potenciar el turismo en zonas que históricamente registraron uno de los niveles más bajos de pavimentación en el país.

El financiamiento contempla además una ampliación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal actual.

De ser sancionado por la Cámara de Diputados y promulgado por el Poder Ejecutivo, el MOPC podrá dar inicio a las licitaciones correspondientes para la ejecución de las obras.

A partir del 14 de septiembre iniciarán los trabajos de reacondicionamiento y reparación de la calle interna de acceso al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital Central, según anunció la previsional en un comunicado.

La obra se ejecutará en el marco del contrato de “Rehabilitación Vial del Hospital Central del IPS”.

La fecha estimada para la culminación es el 14 de octubre, aunque esto podría variar y prolongarse de acuerdo con las condiciones climáticas.

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El acceso vehicular permanecerá cerrado y el tránsito será redireccionado por vías alternativas, a fin de garantizar la seguridad y facilitar la circulación dentro del predio hospitalario.

El percance sucedió este sábado sobre la ruta PY 02, a la altura del km 3,4, donde un camión que transportaba bebidas perdió el control.

El conductor había salido a las 6:40 de esta mañana de Minga Guazú rumbo a San Alberto, norte de Alto Paraná.

Al alcanzar una rotonda, el camión chocó y volcó, tras lo cual quedó incrustado contra un cartel.

El comisario interviniente informó que se trata de un camión perteneciente a una empresa tercerizada, cuyos servicios estaban siendo alquilados.

“Pretendía hacer la rotonda, momento en que, no sabemos si por fallas mecánicas o por qué circunstancias, pasó esto”, comentó el uniformado, en un contacto con Telefuturo.

Por su parte, los bomberos tuvieron que utilizar equipos hidráulicos y varias herramientas para rescatar el cuerpo sin vida del conductor de 44 años.

Una jueza de Paz de La Encarnación, un actuario judicial, una ujier notificadora y una abogada están acusados por el Ministerio Público.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero solicitaron juicio contra estas cuatro personas por prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de formas de participación como complicidad e instigación.

El caso investigado corresponde a la tramitación de una acción preparatoria de juicio ejecutivo basada en siete pagarés que habrían avanzado sin conocimiento de la mujer demandada, lo cual afectó su derecho a la defensa.

ELEMENTOS

Una notificación supuestamente fue realizada el 14 de junio de 2024 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, la ujier que informó haber practicado la diligencia cumplió funciones ese día en el Juzgado de Paz de La Encarnación y no registró salida del Paraguay. Pese a ello, la notificación habría sido considerada realizada “en legal forma”, lo que permitió la continuidad del proceso ejecutivo.

Este es uno de los elementos recogidos en la pesquisa, entre varios otros que serán expuestos en el juicio oral, una vez que se confirme le petición del Ministerio Pública de elevar la causa a dicha instancia.