El procedimiento buscó verificar los insumos entregados por la empresa adjudicada, la firma Neighpart S.A., y constatar las causas por las cuales la instalación de los quirófanos modulares quedó completamente paralizada.

Durante la constitución, el fiscal de la causa, Julio Ortiz, rechazó que su actuación sea un mero show, tal como argumentaron las defensas de los expresidentes del IPS que están imputados en la causa. “Ellos pueden decir lo que quieran, pero yo estoy haciendo mi trabajo para esclarecer el hecho. El trabajo de la Fiscalía es lo que va a demostrar la realidad. Nos constituimos para corroborar qué elementos proveyó la empresa y verificar el lugar donde tenían que haberse construido las obras”, aseveró.

Solo se entregaron equipos de climatización

El procedimiento contó con la presencia y asistencia técnica del arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del IPS, quien participó como asesor voluntario e inspeccionó la carga acopiada en el depósito. Masi aclaró que lo entregado hasta el momento por la contratista se limita únicamente a un sistema de aire acondicionado de alta complejidad y no a la estructura integral de las salas de cirugía.

Tras una nota presentada por la firma Neiphar, la empresa alegó haber percibido el 65% del contrato global de G. 61.000 millones.

Al detallar el motivo del cese de los trabajos en el séptimo piso del Hospital Central, el arquitecto Masi expuso una negligencia técnica elemental en la fase de planificación, la cual impidió el avance de las obras tras haber desmantelado las salas de cirugía operativas.

“Aca ocurrió lo básico de la construcción: no se hicieron los estudios preliminares de estructura. No figura en el pliego de bases y condiciones ni la empresa se tomó el trabajo de verificar si el edificio iba a soportar el peso de estos equipos. Vinieron, rompieron los 11 quirófanos del séptimo piso y después se dieron cuenta de que la estructura no aguantaba. Se tuvo que recurrir a patólogos de la construcción que informaron que para instalar eso había que reforzar el edificio desde la fundación, lo cual cuesta una fortuna”, cuestionó Masi.

Costos adicionales frenan la mudanza

Por su parte, la gerente de Abastecimiento del IPS, Cecilia Rodríguez, explicó las complicaciones financieras y logísticas que impiden reubicar el proyecto o avanzar en el predio secundario fijado como “Opción B”.

Para habilitar el nuevo espacio se requería mudar dos resonadores magnéticos. El traslado de uno de ellos implicaba un costo de USD 250.000 y el segundo USD 500.000, sumando una erogación extra de USD 750.000.

La obra en la zona alternativa también permanece parada a la espera de la readecuación de un puesto de distribución de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que interfiere con el paso de los camiones, trabajo presupuestado en otros G. 1.600 millones que el Consejo de Administración dejó en pausa.

A partir del 14 de septiembre iniciarán los trabajos de reacondicionamiento y reparación de la calle interna de acceso al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital Central, según anunció la previsional en un comunicado.

La obra se ejecutará en el marco del contrato de “Rehabilitación Vial del Hospital Central del IPS”.

La fecha estimada para la culminación es el 14 de octubre, aunque esto podría variar y prolongarse de acuerdo con las condiciones climáticas.

El fenómeno El Niño, según proyecciones meteorológicas, podría comenzar a sentirse a finales de septiembre

El acceso vehicular permanecerá cerrado y el tránsito será redireccionado por vías alternativas, a fin de garantizar la seguridad y facilitar la circulación dentro del predio hospitalario.

El percance sucedió este sábado sobre la ruta PY 02, a la altura del km 3,4, donde un camión que transportaba mercaderías de cervepar perdió el control.

El conductor había salido a las 6:40 de esta mañana de Minga Guazú rumbo a San Alberto, norte de Alto Paraná.

Al alcanzar una rotonda, el camión chocó y volcó, tras lo cual quedó incrustado contra un cartel.

El comisario interviniente informó que la empresa Cervepar alquila el servicio de transporte de una firma tercerizada, es decir, tanto el camión como el chofer son de dicha empresa.

“Pretendía hacer la rotonda, momento en que, no sabemos si por fallas mecánicas o por qué circunstancias, pasó esto”, comentó el uniformado, en un contacto con Telefuturo.

Por su parte, los bomberos tuvieron que utilizar equipos hidráulicos y varias herramientas para rescatar el cuerpo sin vida del conductor de 44 años.

Una jueza de Paz de La Encarnación, un actuario judicial, una ujier notificadora y una abogada están acusados por el Ministerio Público.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero solicitaron juicio contra estas cuatro personas por prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de formas de participación como complicidad e instigación.

El caso investigado corresponde a la tramitación de una acción preparatoria de juicio ejecutivo basada en siete pagarés que habrían avanzado sin conocimiento de la mujer demandada, lo cual afectó su derecho a la defensa.

ELEMENTOS

Una notificación supuestamente fue realizada el 14 de junio de 2024 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, la ujier que informó haber practicado la diligencia cumplió funciones ese día en el Juzgado de Paz de La Encarnación y no registró salida del Paraguay. Pese a ello, la notificación habría sido considerada realizada “en legal forma”, lo que permitió la continuidad del proceso ejecutivo.

Este es uno de los elementos recogidos en la pesquisa, entre varios otros que serán expuestos en el juicio oral, una vez que se confirme le petición del Ministerio Pública de elevar la causa a dicha instancia.