Las peticiones responden a las realidades compartidas por los propios participantes a lo largo del país. En el ámbito laboral, instaron a diferenciar el trabajo adolescente en condiciones seguras y con retribución justa de la explotación infantil.

En salud e información, remarcaron la urgencia de acceder a una Educación Integral de la Sexualidad para prevenir la violencia y cuidar su cuerpo, junto con una mejora sustancial en los insumos y la infraestructura sanitaria. Respecto al derecho a la tierra, subrayaron la relación vital que este recurso guarda con la alimentación, la identidad campesina e indígena y la seguridad frente a las amenazas de desalojos forzosos.

Las demandas abarcan también aspectos cruciales del desarrollo psicosocial y formativo de las infancias. Reclamaron espacios deportivos y culturales para el uso constructivo del tiempo libre, acompañamiento profesional en salud mental dentro de las escuelas y la creación de ámbitos de participación real, como el fortalecimiento de los centros de estudiantes.

En materia de inclusión, demandaron barreras arquitectónicas y sociales eliminadas para personas con discapacidad, mientras que en educación solicitaron infraestructura adecuada, tecnología, docentes capacitados.

La urgencia de estas demandas se ve respaldada por las cifras del Boletín Estadístico 2026 de CDIA Observa presentado en el mismo encuentro. El informe oficial reveló situaciones alarmantes en Paraguay, como el fallecimiento por suicidio de 72 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años durante 2025, el registro de 8.893 nacimientos en madres de 10 a 19 años y más de 90.000 menores de 10 a 17 años insertos en el mercado laboral.

La campaña, impulsada desde 1994 por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) en articulación con la Mesa Interinstitucional y apoyada en 2026 por Plan International Paraguay y el proyecto “Mombyry Che Tapyigüi” cofinanciado por la Unión Europea, desarrollará diversas acciones de difusión hasta septiembre.

La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N° 408/2014, normativa que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y promueve la estrategia de Basura Cero. Este marco legal faculta a la comuna asuncena a fiscalizar la correcta eliminación de los desechos en todo el ejido urbano y a aplicar las penalizaciones correspondientes.

Sin embargo, el alcance de las fiscalizaciones trasciende el plano municipal cuando se detectan faltas severas. El marco legal nacional contempla en el artículo 200° del Código Penal castigos específicos para quienes viertan, almacenen o traten desechos de manera indebida, siempre que estas acciones pongan en riesgo la pureza del agua, el aire o el suelo.

A esto se le suma la Ley N° 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, con especial énfasis en el vertido no autorizado de efluentes industriales y la mala gestión de residuos hospitalarios o laboratoriales.

Desde la comuna trabajan de manera articulada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio Público, estamentos encargados de intervenir ante indicios de la comisión de hechos punibles.

Desde el municipio enfatizaron que los operativos de control continuarán de forma estricta en distintos puntos de Asunción. Las autoridades apelaron a la conciencia de los frentistas y del sector privado.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.