El director regional del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Ing. Rubén de los Ríos, explicó que la actual superproducción responde principalmente al aceleramiento de la maduración del tomate, fenómeno asociado a las condiciones climáticas registradas en las últimas semanas.

“Se estima que por el calor se aceleró la madurez del producto y con este período de frío se balanceó un poco más”, señaló De los Ríos, al describir el comportamiento de la producción.

A este escenario se suma la expansión de las áreas de siembra hacia otros departamentos, lo que permitió incrementar el volumen disponible en el mercado interno. Como consecuencia, actualmente la oferta se encuentra por encima de la capacidad habitual de consumo del país.

El presidente de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas, Francisco Daniel Meza, indicó que, pese al aumento de la producción, el tomate se está comercializando actualmente a un precio considerado favorable para los productores, con valores que promedian entre G. 7.000 y G. 8.000 por kilo.

Sin embargo, advirtió que el volumen producido ya es considerablemente superior al consumo promedio nacional. “Entiendo que se quiera vender y sabemos las consecuencias de no tener un buen precio. Pero, ya es mucha la producción que se tiene”, manifestó.

La situación genera preocupación entre los productores debido a que una oferta que supere ampliamente la demanda puede terminar provocando una caída de los precios, especialmente si el ritmo de cosecha continúa durante las próximas semanas.

En este contexto, el debate sobre el ingreso de tomate de contrabando adquiere otra dimensión. De acuerdo con los referentes del sector, resulta poco razonable pensar en un ingreso masivo de producto extranjero cuando los precios de Argentina y Brasil se encuentran actualmente en niveles similares a los del mercado paraguayo.

No obstante, el SENAVE continúa brindando apoyo técnico a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en los controles destinados a combatir el ingreso irregular de productos frutihortícolas, según explicó De los Ríos.

Meza, por su parte, también se refirió a las dificultades que enfrenta el sector en este ámbito y comentó que recibió amenazas por insistir en el refuerzo de los controles anticontrabando. El dirigente sostiene que la defensa de la producción nacional requiere controles efectivos, pero también condiciones que permitan colocar toda la cosecha en el mercado interno.

El escenario actual, por tanto, presenta una particularidad: el principal desafío para el tomate paraguayo no sería la falta de producto, sino precisamente el exceso de oferta. La combinación de una maduración adelantada y una mayor superficie cultivada llevó al mercado un volumen que supera el consumo habitual.

Los productores aguardan que la oferta pueda equilibrarse durante las próximas semanas para evitar una caída brusca de los precios. Mientras tanto, desde el SENAVE se mantiene el acompañamiento técnico a los controles y el seguimiento de la situación productiva y comercial del rubro.

La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N° 408/2014, normativa que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y promueve la estrategia de Basura Cero. Este marco legal faculta a la comuna asuncena a fiscalizar la correcta eliminación de los desechos en todo el ejido urbano y a aplicar las penalizaciones correspondientes.

Sin embargo, el alcance de las fiscalizaciones trasciende el plano municipal cuando se detectan faltas severas. El marco legal nacional contempla en el artículo 200° del Código Penal castigos específicos para quienes viertan, almacenen o traten desechos de manera indebida, siempre que estas acciones pongan en riesgo la pureza del agua, el aire o el suelo.

A esto se le suma la Ley N° 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, con especial énfasis en el vertido no autorizado de efluentes industriales y la mala gestión de residuos hospitalarios o laboratoriales.

Desde la comuna trabajan de manera articulada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio Público, estamentos encargados de intervenir ante indicios de la comisión de hechos punibles.

Desde el municipio enfatizaron que los operativos de control continuarán de forma estricta en distintos puntos de Asunción. Las autoridades apelaron a la conciencia de los frentistas y del sector privado.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.