Aunque este segmento representa aproximadamente el 30% de la población total del país, las brechas en educación, protección y acceso a servicios básicos siguen siendo tareas pendientes.

EDUCACIÓN

Datos recientes indican que el 96,0% de la población de 5 a 17 años asiste a una institución de enseñanza formal, una cifra alentadora que refleja el aumento de la escolarización.

Aun así, al analizar los tramos de edad, se observa una tendencia a la deserción a medida que los niños crecen. Mientras que la escolarización entre los 10 y 14 años alcanza un pico del 98,4%, en el grupo de 15 a 17 años la asistencia desciende significativamente al 89,1%.

Este abandono escolar en la adolescencia está frecuentemente ligado a la necesidad de entrar al mercado laboral o a la falta de incentivos para concluir la educación media, una situación que empeora en situaciones de vulnerabilidad.

HAMBRE CERO: NUTRICIÓN PARA LA PERMANENCIA

Un pilar fundamental para combatir la deserción y fortalecer el aprendizaje ha sido la implementación del programa Hambre Cero en las Escuelas. Esta iniciativa garantiza alimentación diaria a más de 1 millón de estudiantes en 7.082 instituciones educativas de todo el país

El programa no solo busca mejorar la nutrición, sino que actúa como un incentivo para la permanencia en las aulas. Entre 2025 y 2026, las transferencias para este programa aumentaron un 118%, y desde septiembre de 2025 se ha logrado extender la cobertura al nivel medio en el sector oficial de departamentos como Central, Presidente Hayes y Capital.

DESIGUALDAD TERRITORIAL Y BRECHA DIGITAL

La calidad de vida de la infancia paraguaya está fuertemente condicionada por el lugar de nacimiento. Un ejemplo claro es el acceso a la tecnología, fundamental para la educación actual: mientras que el 83,5% de los hogares urbanos con adolescentes tienen conexión a internet, en el área rural esta cifra cae drásticamente al 40,6%.

La protección social también muestra carencias estructurales. Solo el 27,3% de los NNA a nivel nacional cuenta con seguro médico, una cobertura que en las zonas rurales es apenas del 15,3%, frente al 33,0% en las zonas urbanas.

LA SOMBRA DE LA VIOLENCIA

Registros oficiales de años recientes contabilizaron un total de 7.327 hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes. Entre las formas más graves de violencia documentadas se encuentran:

- Abuso sexual en niños: 3.806 casos.

- Pornografía relativa a NNA: 1.861 casos.

- Maltrato de NNA bajo tutela: 1.452 casos.

A estas cifras se suma la problemática del embarazo adolescente. En el año 2022, se registraron nacidos vivos de madres de apenas 10 a 17 años de edad, con casos distribuidos en departamentos como Boquerón, donde se reportaron situaciones de maternidad a edades tan tempranas como los 13 y 14 años.

UN FUTURO DE GARANTÍAS

El camino hacia la mejora está trazado sobre pilares sólidos. Un avance crucial es el derecho a la identidad: el 94,3% de los NNA ya cuenta con cédula de identidad. Además, el andamiaje institucional se ha fortalecido con la conformación de Consejos Departamentales, Municipales y las CODENI en gran parte del territorio.

Pasar de la celebración a la garantía de derechos requiere que programas como Hambre Cero y el fortalecimiento de la educación media sigan siendo prioridades presupuestarias. Solo así, las estadísticas dejarán de ser números en un informe para convertirse en el bienestar tangible de los más de 2,5 millones de niños y adolescentes paraguayos

El proyecto fue aprobado sobre tablas, durante su última sesión plenaria. La resolución requiere a la Municipalidad de San Lorenzo un reporte detallado acerca de las obras de desagüe pluvial ejecutadas en el barrio Tayazuapé. El pedido responde a la falta de respuestas claras tras el trágico fallecimiento del pequeño Tobías Ariel Suárez, ocurrido en febrero pasado en dicha localidad.

La tragedia que costó la vida del menor conmocionó a la ciudadanía luego de que fuera arrastrado por un raudal y succionado por una de las estructuras del sistema de drenaje. El trágico suceso puso en el centro del debate la seguridad y la calidad de las obras públicas ejecutadas en el municipio, así como los controles institucionales existentes para prevenir este tipo de incidentes.

La iniciativa parlamentaria surge ante la preocupación por el estancamiento de las indagaciones. Reportes indican que la investigación fiscal no registra avances sustanciales y que aún se aguardan peritajes clave para deslindar o establecer responsabilidades penales y administrativas en la causa.

Dentro del requerimiento oficial, se exige a la comuna la entrega de una copia íntegra del contrato de la obra, la identificación de la empresa contratista, el monto total adjudicado y el porcentaje exacto de ejecución. Además, se solicita detallar las medidas de seguridad adoptadas durante los trabajos y las labores de supervisión que estaban a cargo de las autoridades locales.

El documento contempla además la necesidad de transparentar las acciones administrativas e internas tomadas con posterioridad al suceso, precisando si se abrieron sumarios o se aplicaron sanciones a funcionarios o contratistas. De igual modo, la Municipalidad deberá informar si existen auditorías especiales en curso y remitir sus conclusiones preliminares o definitivas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Nacional, la Municipalidad de San Lorenzo cuenta con un plazo máximo de 15 días para responder de manera formal a cada uno de los puntos requeridos por la Cámara Alta.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Sandra Aquino, de profesión docente, y dos niños de 8 y 10 años, uno de ellos su hijo y otro su sobrino, quienes circulaban a bordo de un biciclo de la marca Star.

Un niño de 12 años, también hijo de la docente, logró sobrevivir al impacto, pero sufrió heridas de extrema gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Santaní, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El segundo vehículo implicado en el siniestro es un Toyota Allion, color negro, guiado por Andrea Milagros Escurra, una conocida acordeonista de la zona. Tras la llegada de la Policía, la automovilista quedó detenida de inmediato y fue puesta a disposición de la Fiscalía para el inicio de las indagatorias.

Según las declaraciones de un testigo, el automóvil al mando de Escurra realizaba maniobras en zigzag momentos antes del impacto frontal, existiendo la sospecha de que la mujer conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Agentes de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía continúan trabajando en el lugar del hecho para levantar evidencias e interrogar a otros posibles testigos. El proceso investigativo busca reconstruir la dinámica precisa de la colisión para deslindar o atribuir las responsabilidades penales del caso.

Los trabajos se llevan a cabo en el marco de un convenio entre la Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipú y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), bajo la ejecución técnica del Consorcio San Blas.

Durante la primera etapa de la intervención, las cuadrillas priorizarán la reconstrucción de las estructuras dañadas, el refuerzo de las vigas y la reparación total del techo, para luego avanzar en la revitalización general de los espacios internos de la catedral.

El plan de obras abarca una modernización integral en la seguridad e infraestructura del recinto. El proyecto contempla la instalación de un sistema de prevención y combate contra incendios equipado con agua presurizada y tanque externo, la colocación de un generador eléctrico propio para garantizar el suministro ante eventuales cortes de energía y la implementación de un nuevo equipo de sonido diseñado para cubrir la totalidad de la explanada.

El director paraguayo de la binacional, Justo Zacarías, confirmó que la meta trazada es culminar las labores a tiempo para inaugurar el templo renovado el próximo 3 de febrero de 2027, fecha en que se celebra la festividad del patrono de la ciudad.

Con esta intervención se pretende resguardar el valor arquitectónico e histórico del edificio y revalorizar su función como espacio central de fe y encuentro para toda la comunidad altoparanaense.