A través de un comunicado publicado este lunes, el Mecanismo de Prevención de la Tortura se expresó en relación al Operativo “Redención”, impulsado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) el último viernes en la zona de Canindeyú.

En aquella intervención se produjo el abatimiento de dos supuestos criminales, identificados como Antonio Carillo Mancuello y Catalino Correa Acevedo, quienes formarían parte de la estructura criminal de alias “Macho”.

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Una polémica se suscitó por este caso luego de saltar la información de que Carrillo era un líder de la comunidad indígena Y’apo, mientras que Correa era un docente que trabajaba en una escuela de la zona.

Ante lo acontecido, desde el MNP instan a las autoridades competentes a garantizar que “los procedimientos de intercepción y empleo de la fuerza letal cuenten con el debido control y dirección del Ministerio Público y con la autorización judicial pertinente”, asegurando en todo momento “el respeto de las garantías del debido proceso, la protección de la vida, la integridad personal y la transparencia”.

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Así también, consideran apropiado que la investigación fiscal sea llevada adelante por la Unidad Penal Especializada de Derechos Humanos, ante las dudas surgidas respecto al operativo de la SENAD y que los hechos podrían constituir además de tortura, ejecución arbitraria y crímenes especialmente graves.

Finalmente, el organismo insta a que los hechos que habrían ocurrido en el marco del Operativo Redención sean esclarecidos mediante una investigación independiente, objetiva y exhaustiva, que permita determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades.

El titular de la DNIT, Óscar Orué, fue consultado del aspecto tributario relacionado a la investigación del robo en pandemia en la comuna esteña, a través de la compra sobrefacturada de kits de alimentos.

“Tía Chela compró de otra empresa los bienes. Esa empresa, nosotros hicimos la fiscalización y la trazabilidad de toda la compra, y se observó que utilizó facturas falsas y se le sancionó a esa empresa por usar facturas falsas”, confirmó Orué, entrevistado por la 1020 AM.

Explicó que Vanessa Florentín, expareja del intendente Prieto, fue quien utilizó las facturas falsas y actuó como subproveedora de la empresa Tía Chela RSL, adjudicada para entregar los alimentos por G. 2.130 millones.

Por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, está acusado Miguel Prieto, sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del Covid-19.

En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos.

El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

El contrato de suministro se firmó formalmente el 27 de marzo de 2020, pero Prieto ya publicaba videos en sus redes sociales promocionando la entrega de los alimentos el 25 de marzo, dos días antes de la adjudicación oficial

El mismo día de la firma del contrato, la empresa emitió una factura de crédito declarando la entrega inmediata de 15.000 kits, volumen físicamente imposible de almacenar para el comercio adjudicado

Según la Fiscalía, solo se habrían adquirido 10.000 de los 25.000 kits presupuestados para utilizarlos en la promoción visual. Se habrían fraguado las planillas de rendición de cuentas utilizando firmas falsificadas (llenadas por una sola mano) y registrando como beneficiarios a personas fallecidas, que no residían en la zona o que incluso se encontraban fuera del país

Agentes de la Policía Federal del Brasil el último miércoles concretaron la aprehensión de un ciudadano paraguayo en el Aeropuerto Internacional de Foz do Iguazú.

Según el reporte, este compatriota (cuya identidad no trascendió) tenía en su poder un cargamento de estupefacientes oculto, el cual fue descubierto durante una inspección de rutina, previo a un vuelo.

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Se trata de pequeños paquetes que contenían cocaína, cuyo peso total asciende a 865 gramos y que se encontraban escondidos entre sus calzados, prendas íntimas y la ropa que traía puesta.

Las autoridades brasileñas abordaron al hombre poco antes de que logre embarcar un avión que tenía como destino la ciudad de Madrid, España.

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Tras su arresto, este pasajero fue trasladado a la Delegación de la Policía Federal en Foz de Yguazú, a fin de quedar a disposición de la justicia del vecino país.

El connacional detenido se expone a una pena de 15 años de prisión por tráfico internacional de droga, considerando la sanción que posee este tipo de hechos en territorio brasileño.

Días atrás se registró un incidente vehicular en la zona del barrio Mbocayaty de Asunción, en inmediaciones de una institución educativa, involucrando al chofer de una camioneta Toyota Fortuner y al conductor de un camión.

Una filmación divulgada en redes sociales muestra el momento en que la persona al mando de la camioneta extrae un arma de fuego y amenaza al camionero, aparentemente después de una discusión por la preferencia de circulación.

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Tras la difusión del video, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) tomó intervención y logró localizar la vivienda del sospechoso, ubicada en la ciudad de Lambaré.

Esta persona fue identificada inicialmente como Luciano Pereira Castelo, de 68 años, de nacionalidad brasileña. El mismo hizo entrega de dos pistolas que tenía en su poder, una de las cuales sería la que utilizó para realizar la amenaza.

Luego de una serie de averiguaciones y cruzamiento de datos con autoridades del vecino país, se pudo corroborar su identidad real: Luciano Pampado Casquel. Este hombre es buscado en Brasil por un hecho de homicidio, ocurrido en el año 1987 en el municipio de São Manuel, estado de São Paulo.

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El brasileño se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, en compañía de su abogado defensor, tras la incautación de su vehículo y la formulación de la denuncia en su contra por amenaza con arma de fuego.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, sus antecedentes penales y la constatación de que utilizaba una identidad falsa, Pampado acabó siendo puesto en libertad por disposición del Ministerio Público.