El Gobierno presentó oficialmente la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026–2031, un plan de acción interinstitucional diseñado para fortalecer la resiliencia económica de los ciudadanos e impulsar la productividad en el país.

El acto, desarrollado en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP), contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; además de altas autoridades del BCP y del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

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Durante los últimos años, el país registró un avance significativo en materia de bancarización, pasando del 20% de acceso en 2012 a casi el 62%. Sin embargo, las autoridades señalaron la necesidad de dar un paso más allá para evitar el sobreendeudamiento, problema que aqueja tanto a las familias como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que apelan a créditos de consumo con altas tasas para financiar sus operaciones.

Para responder a estos desafíos, la estrategia trazada para el quinquenio 2026–2031 centrará sus acciones en tres ejes principales:

• Educación financiera: Programas de capacitación orientados a la administración eficiente del presupuesto familiar y empresarial.
• Protección al consumidor: Transparencia en los servicios financieros y resguardo frente a abusos en el sector formal.
• Uso seguro e innovador del dinero: Promoción de canales digitales, incentivo al ahorro y líneas de crédito adaptadas a la capacidad real de pago.

Con este nuevo marco, el Estado apunta a consolidar un sistema financiero inclusivo que funcione como una herramienta real de desarrollo social y económico en todo el territorio nacional.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, y el titular de Salud, Isaías Fretes, analizaron las necesidades financieras de la cartera sanitaria y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Uno de los principales puntos fue la cancelación de las obligaciones pendientes con proveedores, mediante recursos provenientes de una emisión prevista por el Ministerio de Economía para febrero de 2027.

Según Fretes, ordenar las deudas permitirá liberar capacidad presupuestaria y mejorar las condiciones de negociación con los proveedores, especialmente en la adquisición de medicamentos.

“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó.

Durante la reunión también se analizaron mecanismos para reducir los costos de medicamentos, especialmente los destinados a enfermedades catastróficas y tratamientos de alto costo.

Además, los equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias para medicamentos, vacunas, programas nutricionales, personal de salud y compromisos con la OPS, el PANI y el INCAN.

El objetivo del Gobierno es que el presupuesto de 2027 permita sostener los servicios de salud, cumplir con las obligaciones pendientes y evitar nuevos atrasos con proveedores.

Nilsa Ramona Villar de Mareco, de 55 años, falleció electrocutada este lunes por la mañana. El trágico accidente ocurrió en su vivienda, ubicada en el kilómetro 14, lado Acaray, Fracción Sierra Grande 1 de Minga Guazú.

La mujer intentó solucionar un problema eléctrico dentro de su gallinero. A las 6:30, su esposo, Rosalino Mareco Alonzo, descubrió a Nilsa inconsciente en el lugar. La víctima sostenía un cable y un portalámparas en las manos.

El hombre trasladó rápidamente a su esposa hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú. La paciente llegó al centro asistencial cerca de las 7:40 sin signos vitales. Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación, pero no revirtieron el cuadro clínico.

Los intervinientes comunicaron el caso a la fiscal de turno, Julia González. La agente dispuso las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte. Una simple reparación doméstica terminó en tragedia.

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Durante su última sesión, las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) autorizaron el pago a clínicas privadas en el Chaco. Esta medida asegura la atención médica de los afiliados residentes en el Chaco Central.

Asimismo, los consejeros dieron luz verde a la compra de materiales de neurorradiología. También aprobaron, de forma parcial, la adquisición de sueros líquidos para los diferentes hospitales de la red sanitaria.

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En el ámbito financiero, los directivos suspendieron un debate crucial hasta el próximo encuentro. La discusión técnica sobre la clasificación, administración y protección del dinero del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones quedó en pausa.

Por otro lado, la previsional acordó mejoras en su organización interna. Las autoridades ordenaron la estandarización de los datos digitales de la institución.

Finalmente, treinta empleados del área de salud recibirán capacitación en redacción de documentos médicos.