La infraestructura vial es un problema de larga data que debe ser abordado de manera inmediata, señaló Latorre, en conversación con los medios.

“Como medida inmediata debería suspenderse ese semáforo, considerando que el descenso de vehículos de gran porte representa un grave riesgo para quienes esperan en el lugar”, opinó Latorre.

También planteó restringir temporalmente la circulación de vehículos de gran porte por ese tramo y establecer un desvío hasta concretar una solución definitiva.

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Para el diputado, más allá del debate político sobre eventuales responsabilidades, el objetivo debe centrarse en evitar nuevas tragedias. “Yo quiero pensar en soluciones para que dejemos de perder vidas paraguayas en ese lugar”, subrayó.

En el Senado, un sector intentó impulsar la interpelación a la ministra de Obras, Claudia Centurión, como una solución al conflicto. Sin embargo, el pedido no prosperó y no figura en el orden del día.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.

Se trata del quinto grupo que hace uso de este mecanismo en lo que va del año, sumando un total de 77 personas trasladadas bajo este esquema de cooperación entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos.

De las 25 personas que integraron este último contingente, ocho gestionaron y financiaron su regreso por medios propios, mientras que las 17 restantes contaron con la asistencia integral de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo que asumió los costos de alojamiento y la logística operacional durante su estadía transitoria en el país.

Previo al ingreso al territorio paraguayo, la Dirección Nacional de Migraciones realizó las verificaciones de seguridad pertinentes a través de sus sistemas informáticos y del intercambio de datos con las autoridades de los países involucrados.

Estos controles no detectaron impedimentos legales ni alertas operativas, lo que permitió autorizar la permanencia temporal de los migrantes mientras se organizaba su salida definitiva, garantizando un proceso ordenado, seguro y con acompañamiento institucional.

Tras culminar los trámites correspondientes, la totalidad del contingente partió hacia sus naciones de procedencia: 22 de ellos viajaron a Ecuador, dos a Costa Rica y uno a República Dominicana.