Como primera disposición preventiva, la administración municipal exigió a los comercios de gran afluencia de público realizar tareas de fumigación especial, conforme a las exigencias de la ordenanza municipal en la materia.

En materia comercial, la comuna recordó a los establecimientos que es obligatorio exhibir el precio de cada producto en forma clara y visible. Las autoridades remarcaron que el importe publicado debe coincidir estrictamente con el artículo exhibido, advirtiendo que la asignación errónea de costos puede constituir una falta por publicidad engañosa.

La omisión o falta de identificación clara de los precios contempla sanciones económicas que oscilan entre 100 y 600 jornales mínimos, además de medidas severas como el decomiso de mercaderías o la clausura temporal del local si se compromete la salud pública.

Para la modalidad de cobro mediante código QR, la norma exige que la información desplegada en pantalla permita identificar con precisión las especificaciones y el valor del bien. Además, se insta a los compradores a cotejar las condiciones de pago al contado, montos de las cuotas, especificaciones técnicas y plazos de entrega antes de cerrar cualquier transacción.

Tratándose de electrodomésticos o tecnología, el usuario está en su derecho de solicitar una prueba previa del funcionamiento del equipo.

En el rubro de alimentos y perecederos, la Dirección de Defensa del Consumidor solicitó prestar especial atención a la fecha de vencimiento, el peso, las condiciones de conservación y el estado del empaque.

Si bien los productos próximos a su fecha de expiración pueden comercializarse con rebajas, dicha condición debe ser comunicada explícitamente al consumidor. Las mismas exigencias rigen para el etiquetado y envasado de carnes, panificados, frutas y verduras.

Para asegurar una pronta respuesta, fiscalizadores de la municipalidad, debidamente identificados con chalecos y credenciales institucionales, recorrerán las áreas comerciales con mayor flujo durante los días de descuento.

Las autoridades enfatizaron la importancia de que los compradores conserven comprobantes, facturas, folletos, empaques o imágenes, insumos indispensables para respaldar eventuales reclamos y sustentar los procesos administrativos correspondientes.

En la jornada de ayer se dio a conocer la condena dictada por el Tribunal de Sentencia, en el marco del juicio oral y público contra los procesados por el caso Ja’umina Fest.

Los jueces Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez resolvieron condenar a 22 años de pena privativa de libertad a Alcides de Jesús Villasboa Peralta, alias “Ropero” (46) por los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia no autorizada de armas con serie adulterada.

Antecedentes: “Ja’umina Fest”: condenan a miembros del PCC tras datos sacados de un teléfono

Este presunto narcotraficante, quien formaría parte del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), es acusado de haber ordenado el asesinato de Marcos Rojas Mora para evitar el pago de una deuda de USD 68.000 por la venta de un cargamento de cocaína.

El segundo condenado es el suboficial Junior Michael Peralta Díaz (36), quien fue sentenciado a 5 años de cárcel por el hecho punible de asociación criminal, debido a sus presuntos vínculos con la estructura delictiva de “Ropero”.

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En este caso puntual, se acusada al agente policial de haber proveído apoyo logístico a la organización liderada por Villasboa, así como también a otros narcotraficantes que operaban en Amambay.

En aquel fatídico atentado a tiros perpetrado en el anfiteatro José Asunción Flores también falleció la influencer y exmodelo Cristina “Vita” Aranda, quien se encontraba en el sitio como parte del público y recibió un disparo mortal en la cabeza.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, y el titular de Salud, Isaías Fretes, analizaron las necesidades financieras de la cartera sanitaria y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Uno de los principales puntos fue la cancelación de las obligaciones pendientes con proveedores, mediante recursos provenientes de una emisión prevista por el Ministerio de Economía para febrero de 2027.

Según Fretes, ordenar las deudas permitirá liberar capacidad presupuestaria y mejorar las condiciones de negociación con los proveedores, especialmente en la adquisición de medicamentos.

“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó.

Durante la reunión también se analizaron mecanismos para reducir los costos de medicamentos, especialmente los destinados a enfermedades catastróficas y tratamientos de alto costo.

Además, los equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias para medicamentos, vacunas, programas nutricionales, personal de salud y compromisos con la OPS, el PANI y el INCAN.

El objetivo del Gobierno es que el presupuesto de 2027 permita sostener los servicios de salud, cumplir con las obligaciones pendientes y evitar nuevos atrasos con proveedores.

Nilsa Ramona Villar de Mareco, de 55 años, falleció electrocutada este lunes por la mañana. El trágico accidente ocurrió en su vivienda, ubicada en el kilómetro 14, lado Acaray, Fracción Sierra Grande 1 de Minga Guazú.

La mujer intentó solucionar un problema eléctrico dentro de su gallinero. A las 6:30, su esposo, Rosalino Mareco Alonzo, descubrió a Nilsa inconsciente en el lugar. La víctima sostenía un cable y un portalámparas en las manos.

El hombre trasladó rápidamente a su esposa hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú. La paciente llegó al centro asistencial cerca de las 7:40 sin signos vitales. Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación, pero no revirtieron el cuadro clínico.

Los intervinientes comunicaron el caso a la fiscal de turno, Julia González. La agente dispuso las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte. Una simple reparación doméstica terminó en tragedia.

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