Los trabajos en el predio muestran progresos sustanciales en sus fases estructurales primarias. El movimiento de suelos ya supera el 80% de ejecución, mientras que el levantamiento de la estructura de hormigón armado, las fundaciones y los gaviones alcanzaron un 70% de avance.

El diseño integral del recinto contempla amplias áreas de estacionamiento, espacios destinados a servicios logísticos y un helipuerto equipado para el traslado urgente de pacientes.

En materia asistencial, el centro asistencial dispondrá de 44 camas de internación general y un bloque de 21 camas de cuidados intensivos repartidas entre las unidades de terapia adulta, pediátrica y neonatal. La atención ambulatoria se organizará a través de 19 consultorios externos, un vacunatorio y una oficina del Registro Civil.

Además, el área diagnóstica ofrecerá estudios de tomografía, radiografía, mamografía, ecografía y electrocardiograma, acompañados por cuatro quirófanos, salas de reanimación, tres unidades de UTPR para atención gineco-obstétrica y un centro de hemodiálisis dotado con ocho puestos de tratamiento.

El complejo hospitalario integrará servicios esenciales de laboratorio, farmacia, guardería, una planta propia de generación de oxígeno y un sistema de tratamiento de efluentes.

Con el propósito de brindar contención a los familiares de pacientes que deban desplazarse desde zonas alejadas, el predio incluirá un albergue comunitario con capacidad para alojar a 16 personas.

El desarrollo del proyecto funciona también como un motor de dinamización económica y social en la región, empleando de manera directa a unas 200 personas, con la participación de 10 mujeres y 11 integrantes de comunidades indígenas locales.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, y el titular de Salud, Isaías Fretes, analizaron las necesidades financieras de la cartera sanitaria y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Uno de los principales puntos fue la cancelación de las obligaciones pendientes con proveedores, mediante recursos provenientes de una emisión prevista por el Ministerio de Economía para febrero de 2027.

Según Fretes, ordenar las deudas permitirá liberar capacidad presupuestaria y mejorar las condiciones de negociación con los proveedores, especialmente en la adquisición de medicamentos.

“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó.

Durante la reunión también se analizaron mecanismos para reducir los costos de medicamentos, especialmente los destinados a enfermedades catastróficas y tratamientos de alto costo.

Además, los equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias para medicamentos, vacunas, programas nutricionales, personal de salud y compromisos con la OPS, el PANI y el INCAN.

El objetivo del Gobierno es que el presupuesto de 2027 permita sostener los servicios de salud, cumplir con las obligaciones pendientes y evitar nuevos atrasos con proveedores.

Nilsa Ramona Villar de Mareco, de 55 años, falleció electrocutada este lunes por la mañana. El trágico accidente ocurrió en su vivienda, ubicada en el kilómetro 14, lado Acaray, Fracción Sierra Grande 1 de Minga Guazú.

La mujer intentó solucionar un problema eléctrico dentro de su gallinero. A las 6:30, su esposo, Rosalino Mareco Alonzo, descubrió a Nilsa inconsciente en el lugar. La víctima sostenía un cable y un portalámparas en las manos.

El hombre trasladó rápidamente a su esposa hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú. La paciente llegó al centro asistencial cerca de las 7:40 sin signos vitales. Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación, pero no revirtieron el cuadro clínico.

Los intervinientes comunicaron el caso a la fiscal de turno, Julia González. La agente dispuso las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte. Una simple reparación doméstica terminó en tragedia.

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Durante su última sesión, las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) autorizaron el pago a clínicas privadas en el Chaco. Esta medida asegura la atención médica de los afiliados residentes en el Chaco Central.

Asimismo, los consejeros dieron luz verde a la compra de materiales de neurorradiología. También aprobaron, de forma parcial, la adquisición de sueros líquidos para los diferentes hospitales de la red sanitaria.

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En el ámbito financiero, los directivos suspendieron un debate crucial hasta el próximo encuentro. La discusión técnica sobre la clasificación, administración y protección del dinero del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones quedó en pausa.

Por otro lado, la previsional acordó mejoras en su organización interna. Las autoridades ordenaron la estandarización de los datos digitales de la institución.

Finalmente, treinta empleados del área de salud recibirán capacitación en redacción de documentos médicos.