Fingió convulsiones para no ir a la cárcel y terminó detenido por hurtos en farmacias
Un hombre de 30 años protagonizó un insólito episodio en el barrio Santa Lucía de Asunción al fingir un ataque de convulsiones para evitar ser llevado al calabozo tras una pelea callejera. Logró escapar de un centro asistencial, pero la Policía Nacional lo recapturó y terminó confirmando que se trataba de un escurridizo ladrón buscado por seguidos hurtos en farmacias.
El hecho comenzó alrededor de las 23:00 horas, cuando agentes de la Comisaría 19.ª de Asunción acudieron al barrio Santa Lucía para intervenir en una disputa entre dos hermanos que generaba disturbios en la vía pública.
Al llegar al lugar, los uniformados separaron a los involucrados y trasladaron a uno de ellos hacia la sede policial para verificar sus antecedentes en el sistema informático.
Durante el trayecto, el detenido comenzó a convulsionar dentro de la patrulla. Siguiendo el protocolo y para garantizar su integridad, los policías lo trasladaron de urgencia al Instituto de Medicina Tropical para su atención médica.
El profesional de guardia dispuso su internación preventiva, momento que el sujeto aprovechó para escapar del centro de salud una vez que los agentes verificaron que contaba con un frondoso historial delictivo.
Tras desplegar un rastrillaje por las inmediaciones, lograron recapturar al fugitivo, quien fue identificado como Nelson Marcelo Prieto, principal sospechoso de una serie de robos perpetrados en farmacias ubicadas sobre la avenida Venezuela y cerca del INERAM.
El comisario Livio Brizuela explicó que simular ataques de epilepsia o convulsiones es un modus operandi recurrente entre personas con problemas de adicción para eludir el ingreso al calabozo y ganar tiempo para fugarse.
En este caso, el detenido solía ingresar a los locales comerciales simulando ser un cliente habitual para apoderarse de objetos de valor.
Condenan a policía y miembro del PCC implicados en atentado del Ja’umina Fest
La justicia condenó a un suboficial de la Policía y a un criminal que forma parte del PCC por el atentado fatal en el festival Ja’umina Fest, ocurrido en el año 2022. Este último acusado recibió 22 años de cárcel.
En la jornada de ayer se dio a conocer la condena dictada por el Tribunal de Sentencia, en el marco del juicio oral y público contra los procesados por el caso Ja’umina Fest.
Los jueces Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez resolvieron condenar a 22 años de pena privativa de libertad a Alcides de Jesús Villasboa Peralta, alias “Ropero” (46) por los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia no autorizada de armas con serie adulterada.
Antecedentes: “Ja’umina Fest”: condenan a miembros del PCC tras datos sacados de un teléfono
Este presunto narcotraficante, quien formaría parte del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), es acusado de haber ordenado el asesinato de Marcos Rojas Mora para evitar el pago de una deuda de USD 68.000 por la venta de un cargamento de cocaína.
El segundo condenado es el suboficial Junior Michael Peralta Díaz (36), quien fue sentenciado a 5 años de cárcel por el hecho punible de asociación criminal, debido a sus presuntos vínculos con la estructura delictiva de “Ropero”.
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En este caso puntual, se acusada al agente policial de haber proveído apoyo logístico a la organización liderada por Villasboa, así como también a otros narcotraficantes que operaban en Amambay.
En aquel fatídico atentado a tiros perpetrado en el anfiteatro José Asunción Flores también falleció la influencer y exmodelo Cristina “Vita” Aranda, quien se encontraba en el sitio como parte del público y recibió un disparo mortal en la cabeza.
Salud apunta a arrancar 2027 sin deudas y con medicamentos a menor costo
El Gobierno prevé cancelar en 2027 las deudas acumuladas de Salud con proveedores y apunta a mejorar las condiciones de compra de medicamentos e insumos.
El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, y el titular de Salud, Isaías Fretes, analizaron las necesidades financieras de la cartera sanitaria y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
Uno de los principales puntos fue la cancelación de las obligaciones pendientes con proveedores, mediante recursos provenientes de una emisión prevista por el Ministerio de Economía para febrero de 2027.
Según Fretes, ordenar las deudas permitirá liberar capacidad presupuestaria y mejorar las condiciones de negociación con los proveedores, especialmente en la adquisición de medicamentos.
“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó.
Durante la reunión también se analizaron mecanismos para reducir los costos de medicamentos, especialmente los destinados a enfermedades catastróficas y tratamientos de alto costo.
Además, los equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias para medicamentos, vacunas, programas nutricionales, personal de salud y compromisos con la OPS, el PANI y el INCAN.
El objetivo del Gobierno es que el presupuesto de 2027 permita sostener los servicios de salud, cumplir con las obligaciones pendientes y evitar nuevos atrasos con proveedores.
Una mujer muere electrocutada en un gallinero de Minga Guazú
La víctima intentó reparar una instalación eléctrica en su vivienda. Su esposo la trasladó de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron el deceso.
Nilsa Ramona Villar de Mareco, de 55 años, falleció electrocutada este lunes por la mañana. El trágico accidente ocurrió en su vivienda, ubicada en el kilómetro 14, lado Acaray, Fracción Sierra Grande 1 de Minga Guazú.
La mujer intentó solucionar un problema eléctrico dentro de su gallinero. A las 6:30, su esposo, Rosalino Mareco Alonzo, descubrió a Nilsa inconsciente en el lugar. La víctima sostenía un cable y un portalámparas en las manos.
El hombre trasladó rápidamente a su esposa hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú. La paciente llegó al centro asistencial cerca de las 7:40 sin signos vitales. Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación, pero no revirtieron el cuadro clínico.
Los intervinientes comunicaron el caso a la fiscal de turno, Julia González. La agente dispuso las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte. Una simple reparación doméstica terminó en tragedia.
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