Este martes se realizó el lanzamiento oficial del Operativo “Py’aguapy”, por parte de la Dirección de Policía del Departamento de Alto Paraná.

Dicho plan de trabajo consiste en una intensificación de las tareas preventivas y de control en puntos estratégicos de Ciudad del Este.

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Para el efecto, se contará con el apoyo del Grupo Lince y la Unidad Motorizada de la Policía Nacional, que efectuará rastrillajes permanentes en la capital altoparanaense, en diferentes horarios del día.

La finalidad del operativo es desalentar las actividades delictivas en esta región y sacar de circulación a delincuentes que se desplazan en motocicleta, conocidos popularmente como “motochorros”, así como a otros criminales.

En su primer día de ejecución, “Py’aguapy” arrojó como resultado la detención de tres personas. Se trata de Diego Armando Duarte Álvarez (35), con orden de captura por desacato judicial, Marcos Alejandro Flecha González (32), requerido por un caso de abuso sexual en niños, y Gustavo Ariel Arzamendia Cáceres (20), con medidas judiciales relacionadas a una causa por infracción a la Ley 1.340/88.

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Entre las tareas previstas se contempla la incursión en barrios de suma peligrosidad y difícil acceso, como Remansito o San Rafael, además de controles preventivos en otros sectores de Ciudad del Este.

Tan solo horas después de anunciarse este operativo, se reportaron varios atracos perpetrados por ladrones motorizados. En la zona del Km 12 Monday, asaltaron primero una panadería y luego a una mujer que salía de su vivienda. En el Km 6 Acaray, cuatro motochorros armados redujeron a playeros de una estación de servicio del emblema Energy.

En la jornada de ayer se dio a conocer la condena dictada por el Tribunal de Sentencia, en el marco del juicio oral y público contra los procesados por el caso Ja’umina Fest.

Los jueces Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez resolvieron condenar a 22 años de pena privativa de libertad a Alcides de Jesús Villasboa Peralta, alias “Ropero” (46) por los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia no autorizada de armas con serie adulterada.

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Este presunto narcotraficante, quien formaría parte del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), es acusado de haber ordenado el asesinato de Marcos Rojas Mora para evitar el pago de una deuda de USD 68.000 por la venta de un cargamento de cocaína.

El segundo condenado es el suboficial Junior Michael Peralta Díaz (36), quien fue sentenciado a 5 años de cárcel por el hecho punible de asociación criminal, debido a sus presuntos vínculos con la estructura delictiva de “Ropero”.

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En este caso puntual, se acusada al agente policial de haber proveído apoyo logístico a la organización liderada por Villasboa, así como también a otros narcotraficantes que operaban en Amambay.

En aquel fatídico atentado a tiros perpetrado en el anfiteatro José Asunción Flores también falleció la influencer y exmodelo Cristina “Vita” Aranda, quien se encontraba en el sitio como parte del público y recibió un disparo mortal en la cabeza.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, y el titular de Salud, Isaías Fretes, analizaron las necesidades financieras de la cartera sanitaria y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Uno de los principales puntos fue la cancelación de las obligaciones pendientes con proveedores, mediante recursos provenientes de una emisión prevista por el Ministerio de Economía para febrero de 2027.

Según Fretes, ordenar las deudas permitirá liberar capacidad presupuestaria y mejorar las condiciones de negociación con los proveedores, especialmente en la adquisición de medicamentos.

“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó.

Durante la reunión también se analizaron mecanismos para reducir los costos de medicamentos, especialmente los destinados a enfermedades catastróficas y tratamientos de alto costo.

Además, los equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias para medicamentos, vacunas, programas nutricionales, personal de salud y compromisos con la OPS, el PANI y el INCAN.

El objetivo del Gobierno es que el presupuesto de 2027 permita sostener los servicios de salud, cumplir con las obligaciones pendientes y evitar nuevos atrasos con proveedores.

Nilsa Ramona Villar de Mareco, de 55 años, falleció electrocutada este lunes por la mañana. El trágico accidente ocurrió en su vivienda, ubicada en el kilómetro 14, lado Acaray, Fracción Sierra Grande 1 de Minga Guazú.

La mujer intentó solucionar un problema eléctrico dentro de su gallinero. A las 6:30, su esposo, Rosalino Mareco Alonzo, descubrió a Nilsa inconsciente en el lugar. La víctima sostenía un cable y un portalámparas en las manos.

El hombre trasladó rápidamente a su esposa hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú. La paciente llegó al centro asistencial cerca de las 7:40 sin signos vitales. Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación, pero no revirtieron el cuadro clínico.

Los intervinientes comunicaron el caso a la fiscal de turno, Julia González. La agente dispuso las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte. Una simple reparación doméstica terminó en tragedia.

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