En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, la agente fiscal explicó que la reciente resolución judicial es el resultado de un recurso de apelación en el que el Ministerio Público venía insistiendo desde hace aproximadamente un año.

Recordó que en mayo de 2025 se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que el juzgado de primera instancia otorgó el sobreseimiento definitivo a Filizzola bajo el argumento de la prescripción de la causa, una decisión que la Fiscalía apeló de manera inmediata tras ser dictada.

“Volvemos otra vez a etapa intermedia y nuevamente tiene que realizarse la audiencia preliminar. El Ministerio Público sostiene justamente la acusación solicitando la elevación de la causa a la etapa de juicio oral y público”, expresó la fiscal González.

Respecto a los fundamentos del Tribunal de Apelaciones, la fiscal señaló que la Cámara cuestionó el criterio del juez de primera instancia, John Paul López.

Según González, el tribunal de alzada advirtió que una cámara anterior ya había analizado y sentado postura sobre la prescripción en este expediente, por lo que el juez de inferior jerarquía tenía la obligación de respetar dicho criterio en lugar de modificarlo.

Además, la fiscal destacó que la resolución del tribunal incluye una observación directa sobre el comportamiento de la defensa de Filizzola, calificándolo de dilatorio.

“Si son justamente actos dilatorios promovidos intencionalmente para paralizar u obstaculizar el procedimiento. Entonces, esto no puede beneficiar al propio encausado que es el que lo realiza de tal manera a plantear posteriormente una extinción como es lo que se dio en el presente caso”, agregó.

González concluyó reafirmando el compromiso de la Fiscalía en seguir impulsando el caso, el cual investiga un presunto perjuicio patrimonial de aproximadamente 1.200 millones de guaraníes ocurrido entre los años 2012 y 2013.

Durante los trabajos de restauración y puesta en valor de la Sacristía del Templo San Buenaventura de Yaguarón, especialistas detectaron una singular estructura arqueológica formada por piedras de arenisca dispuestas de manera circular en un espacio de 40 por 50 centímetros.

Las piezas se apoyaban sobre una base plana y estaban protegidas por otra piedra a modo de tapa que delimitaba una cavidad en su interior.

En la cavidad se encontraron once monedas antiguas colocadas en forma de cruz, mientras que otras dos permanecían sobre la piedra cubierta. Se trataría de monedas del tipo macuquinas, empleadas comúnmente en la época colonial.

La disposición simbólica en forma de cruz refuerza la hipótesis de un depósito fundacional vinculado al inicio de la edificación del templo.

El equipo de investigación, integrado por técnicos locales y paraguayos, se encuentra bajo la coordinación de la arqueóloga e investigadora del CONICET de Argentina, Dra. María Victoria Roca. Las labores forman parte de las intervenciones del Programa Tekorenda: Salvaguarda Urgente del Patrimonio Cultural Material del Paraguay.

Para abordar la gestión del descubrimiento, autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura, representantes de la Iglesia Católica y miembros de la Asociación Amigos del Patrimonio de Yaguarón mantuvieron una reunión de coordinación. Como gesto protocolar y espiritual, el presbítero Hugo Fernández realizó una bendición en el sitio del hallazgo.

Las piezas extraídas quedaron bajo el resguardo temporal de la SNC para ser sometidas a análisis de laboratorio y estudios científicos especializados.

Se estima un plazo inicial de 30 días hábiles para efectuar los análisis fuera del recinto y proceder a la restitución de las monedas al templo, aunque las interpretaciones históricas exhaustivas podrían requerir mayor tiempo.

El Templo San Buenaventura de Yaguarón, erigido entre 1755 y 1772 en el departamento de Paraguarí, constituye uno de los exponentes más representativos del barroco hispano-guaraní y figura en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Sus altares en madera e iconografía religiosa representan la labor conjunta de artesanos indígenas y maestros de la época. Este nuevo hallazgo aporta valiosa evidencia material para reconstruir las prácticas constructivas y rituales del periodo colonial en Paraguay.

Jorge Antonio García, de 24 años, atraviesa una dramática situación en la compañía Jakareñe del barrio San Miguel, en San Pedro de Ycuamandyyú. El joven sufre trastornos mentales y permanece con una cadena en el pie desde hace siete meses.

Su abuelo, Pablino García, de 79 años, tomó esta dolorosa decisión por los frecuentes episodios de agresividad del paciente. El anciano relató entre lágrimas su falta absoluta de dinero para el traslado del muchacho a un hospital especializado. Con el uso de esta cadena, el familiar frena posibles autolesiones y protege a los vecinos.

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El drama empeora por la situación de la madre del joven, Rosa Graciela García, de 47 años, quien también padece problemas de salud. La mujer reclamó la presencia del padre de su hijo, Adolfo Olmedo. Según su relato, este hombre jamás asumió su responsabilidad paternal, por lo que ella hoy exige su ayuda económica.

La familia recibe donaciones y propuestas de asistencia médica de forma directa en el número telefónico (0982) 790-603.

Funcionarios de la ANDE, con acompañamiento de efectivos policiales, este lunes encabezaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre las calles Japón y Noruega, en el barrio La Asunción de Mariano Roque Alonso.

Durante dicha intervención, la comitiva logró constatar un consumo irregular de energía eléctrica para abastecer una granja ilegal de minería de criptomonedas.

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En el inmueble hallaron 25 máquinas mineradoras y 30 ventiladores, según indica el informe de los intervinientes. A la par, se descubrió una conexión clandestina directamente desde el tendido eléctrico.

El responsable del lugar autorizó el ingreso de las autoridades y procedió a la entrega voluntaria de los equipos. Esta persona exhibió un contrato de alquiler a nombre de un ciudadano brasileño, identificado como Vitor Alberto Marcola Anziliero.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal Sandra Fariña, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, quien quedará a cargo de la causa penal.

Cabe recordar que la expectativa de pena por sustracción de energía eléctrica puede llegar hasta los 10 años de prisión, inclusive.