Buscan elevar hasta seis años las penas por denuncias falsas en ciertos casos
La Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por denuncias falsas.
La iniciativa modifica y amplía el artículo 289 de la Ley N.º 1160/97, del Código Penal Paraguayo, y vuelve a la Cámara Baja tras la aprobación de una versión modificada por parte de los senadores.
El proyecto busca aumentar las penas cuando una denuncia falsa pueda derivar en consecuencias penales para la persona denunciada, especialmente si se dispone una medida restrictiva de libertad en su contra.
¿Qué cambios introdujo el Senado?
La versión aprobada inicialmente por Diputados incorporaba un inciso al artículo 289 para agravar la sanción cuando una denuncia falsa provocara la aplicación de una medida restrictiva de libertad dentro de un proceso penal. Para esos casos, establecía una pena de hasta seis años de cárcel, además de una sanción patrimonial complementaria.
Sin embargo, el Senado modificó la redacción y la estructura de la propuesta. El texto aprobado por la Cámara Alta establece que la pena privativa de libertad podrá aumentarse hasta seis años cuando las conductas previstas en el inciso anterior se refieran a hechos antijurídicos considerados crímenes.
Además, la versión del Senado contempla la aplicación de la composición prevista en el artículo 59 del Código Penal para los casos señalados, en sustitución de la sanción patrimonial complementaria incluida en el texto original de Diputados.
El dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado Jorge Ávalos (PLRA-Paraguarí), recomienda aceptar estos cambios.
El proyecto figura en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevista para este martes.
Humo, olores y frigoríficos: vecinos de Tablada Nueva exigen respuestas y llegan al Senado
Humo, olores, moscas y alimañas forman parte de las denuncias que unas 5.000 familias de Tablada Nueva y Virgen de Fátima arrastran desde hace años. Ante la falta de respuestas, el senador Rubén Velázquez presentó cinco proyectos para que distintas instituciones informen sobre las medidas adoptadas frente a la problemática ambiental.
Tras reunirse con pobladores de ambos barrios de Asunción, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) presentó pedidos de informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), al Ministerio Público, al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y a la Municipalidad de Asunción.
Los proyectos fueron presentados el 30 de octubre y recibidos por la mesa de entrada de la Cámara de Senadores el 6 de noviembre. El objetivo es conocer qué actuaciones realizaron las instituciones ante las denuncias de contaminación y qué medidas tienen previstas para la zona.
Los pedidos se enmarcan en el artículo 192 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso a solicitar informes a otros poderes y organismos del Estado.
Qué deberá informar cada institución
Los cinco pedidos apuntan a distintos aspectos de la problemática ambiental y al control de las actividades industriales en ambos barrios:
- MADES: deberá informar sobre la situación ambiental de Tablada Nueva y Virgen de Fátima.
- Ministerio Público: deberá detallar las actuaciones institucionales relacionadas con las denuncias ambientales.
- Senacsa: deberá informar sobre la situación de los establecimientos que procesan productos y subproductos de origen animal.
- Essap: deberá proporcionar datos sobre las descargas de efluentes y el servicio de alcantarillado sanitario.
- Municipalidad de Asunción: deberá informar sobre la situación ambiental y las habilitaciones de los establecimientos industriales de la zona.
Con estos pedidos, Velázquez busca que las instituciones expliquen qué hicieron frente a los reclamos de los pobladores y cuáles son las acciones previstas para atender la situación.
Un reclamo que afecta a unas 12.000 personas
De acuerdo con las denuncias vecinales, unas 5.000 familias, equivalentes a cerca de 12.000 habitantes, soportan desde hace años problemas vinculados a la actividad de los frigoríficos instalados en el sector. Entre las principales molestias mencionan humo, olores desagradables, proliferación de moscas y presencia de alimañas.
La Municipalidad de Asunción estableció, mediante la Ordenanza N.º 161/24, un plan de reconversión y traslado que concede a las plantas un plazo de tres años para abandonar la zona residencial.
Además, la Ordenanza N.º 197/25 prohíbe la circulación de camiones transganados en el sector urbano. La vigencia de esta disposición fue ratificada por tribunales de apelación.
Sin embargo, algunas empresas consiguieron medidas cautelares y promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, lo que les permite continuar operando parcialmente mientras se resuelve la disputa judicial.
En paralelo, organizaciones vecinales impulsaron nuevos amparos y pedidos de auditoría sobre las intervenciones municipales a los frigoríficos.
El abogado Ricardo Merlo, representante legal de los pobladores, señaló que en noviembre se cumple un año desde que los frigoríficos obtuvieron las medidas cautelares que les permiten seguir funcionando pese a la ordenanza que establece su retiro.
Los cinco proyectos deberán ser tratados por el pleno de la Cámara de Senadores. Si son aprobados, las instituciones requeridas tendrán que remitir los informes correspondientes al Congreso.
Fitch pone a Paraguay bajo vigilancia negativa por crisis de ueno bank
La calificadora internacional Fitch Ratings colocó la calificación soberana de Paraguay, actualmente en BB+, en vigilancia negativa. La decisión responde al posible impacto de la crisis de ueno bank, con eventuales consecuencias sobre el sistema financiero, las cuentas públicas y el crecimiento económico.
La agencia explicó que la medida refleja los riesgos de contagio derivados de la resolución de la entidad bancaria y sus repercusiones políticas. También advirtió que estos acontecimientos podrían afectar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Según Fitch, la crisis de ueno se suma a las dificultades fiscales estructurales y a los contratiempos registrados en algunos grandes proyectos de inversión. Estos factores reducen las posibilidades de una mejora en la calificación del país, que anteriormente mantenía una perspectiva positiva.
Los factores que sostienen y limitan la calificación
Entre los aspectos favorables, Fitch destacó que Paraguay mantiene políticas macroeconómicas generalmente prudentes y coherentes, una baja deuda pública y una sólida posición de liquidez externa.
Sin embargo, la calificadora señaló debilidades en los indicadores de gobernanza, una baja recaudación tributaria y un mercado de capitales local poco desarrollado, que limita las alternativas de financiamiento del Gobierno.
Pese al escenario, Fitch señaló que, por el momento, no identifica riesgos más amplios para la estabilidad financiera del país, debido a que los demás bancos de importancia sistémica mantienen niveles adecuados de solvencia y liquidez.
Candidato plantea cursos gratuitos para abogados de todo el país
El candidato al Consejo de la Magistratura Gerardo Bobadilla propone ampliar las oportunidades de capacitación gratuita para abogados, mediante cursos presenciales, virtuales y convenios con instituciones de formación.
La iniciativa apunta a facilitar el acceso a programas de actualización y perfeccionamiento profesional, especialmente para los abogados del interior del país, que podrán acceder a las capacitaciones sin que la distancia geográfica sea un impedimento.
Entre las propuestas figura la organización de cursos gratuitos en distintas modalidades y la firma de acuerdos con instituciones educativas para ofrecer programas de formación a los profesionales del derecho.
“Mi compromiso es impulsar más oportunidades de formación desde el Consejo de la Magistratura, con capacitaciones y cursos gratuitos de manera presencial y virtual, y convenios que acerquen cursos de calidad a los abogados de todo el país”, expresó Bobadilla.
El candidato se presenta por la Lista B, del movimiento Gremio Unido y Solidario. Las elecciones generales para el Consejo de la Magistratura están previstas para el sábado 28 de noviembre de 2026.