La responsable de la Dirección de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, Eva Giménez, dijo que esa cantidad de inscriptos corresponde al registro abierto en 2010, cuando entró en vigor la ley marco del servicio alternativo, trabajos sociales en instituciones para los jóvenes que se oponen a la disciplina militar.

En lo que va de año fueron procesadas 17.000 solicitudes con una media mensual de 3.000 objetores.

Giménez aclaró que con anterioridad a la promulgación de esa normativa las oficinas de derechos humanos del Congreso censaron, entre 1992 y 2010, unos 120.000 objetores, quienes también están obligados a hacer entre 240 y 480 horas de servicio voluntario o pagar cinco jornales diarios.

Los jóvenes que prueban estado de insolvencia serán exonerados del pago, según la ley que regula la objeción de conciencia.

Giménez explicó que ha transcurrido un proceso de socialización durante el cual se han definido los distintos centros públicos para el cumplimiento del servicio, así como de las instituciones privadas o no gubernamentales que también pueden albergar al objetor.

“El espíritu del servicio civil es que el objetor no tenga que pagar nada, que no se desplace de su comunidad para hacerlo. Lo puede hacer en forma discontinua, por etapas o los fines de semana como en los cuerpos de bomberos”, detalló.

Comentó que a la implementación del servicio se sumaron además organizaciones internacionales sin fines de lucro como la juvenil Techo, Boys Scouts o movimientos de jóvenes que asisten a afectados por la recurrente crecida del Río Paraguay.

Asimismo, Giménez salió al paso de las críticas vertidas por el capítulo local del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que en un comunicado titulado “No al trabajo obligatorio, gratuito y sin condiciones” de los jóvenes, dijo que no existen condiciones para la aplicación de la normativa.

“Nos preocupa que se plantee (el servicio) sin contar con estudios técnicos que evalúen el impacto presupuestario y la capacidad logística de las instituciones en las cuales se prestará, ni tampoco existe una partida presupuestaria”, señaló el Serpaj.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que la objeción de conciencia tendrá “una incidencia positiva en la sociedad” y que “no está bien instalar la idea de la desobediencia de la ley” en un sector que en vez del “estamento militar ha escogido servir a la población”.

A través de un comunicado divulgado este miércoles, la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) expresó su preocupación ante la creciente informalidad en el sector cambiario y la falta de regulación de los denominados “corredores de cambios”.

Uno de los puntos señalados por el gremio es el retraso en la aprobación del aumento del umbral para la aplicación de la “debida diligencia simplificada” en las operaciones de cambio de divisas, conforme a lo establecido en el Artículo 33 de la Resolución SEPRELAD N° 248/2020.

Según la ACCP, este ajuste es clave para agilizar los procedimientos formales y frenar el crecimiento de transacciones informales, lo cual -a su criterio- también da pie a la incursión de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Justamente otro de los aspectos cuestionados es la proliferación de operadores informales o “cambistas”, quienes realizan actividades sin regulación dentro del mercado. Según la entidad, esta situación genera distorsiones económicas, fomenta la competencia desleal y dificulta los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Ante este panorama, la ACCP enfatiza la necesidad de establecer un marco regulatorio específico que supervise estas actividades y reduzca la informalidad, con el objetivo de proteger los intereses de los actores formales y de la ciudadanía.

La asociación manifestó su expectativa de que la SEPRELAD tome en consideración los argumentos técnicos presentados tanto por la Superintendencia de Bancos como por la ACCP, con miras a garantizar un marco regulatorio más sólido para el sector.

Tras el desarrollo de la movilización en un ambiente de absoluta normalidad y sin incidentes, la Policía Nacional dispuso el Operativo Despeje y Limpieza, cubriendo la Plaza de la Democracia, inmediaciones del Congreso Nacional y las principales calles de Asunción.

Además, como parte del acompañamiento, se distribuyó agua a los participantes.

Cabe mencionar que durante toda la movilización, la fuerza de seguridad garantizó el derecho a la manifestación y el libre tránsito de la ciudadanía.

“Desde el Ministerio del Interior fomentamos la educación cívica en los uniformados, promoviendo valores de servicio y compromiso con la comunidad, siendo ejemplo para la ciudadanía”, refiere el comunicado del ente estatal.

Agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD este jueves llevaron a cabo un procedimiento en el barrio Pañete de Villa Hayes.

Dicho operativo fue ejecutado ante denuncias formuladas sobre la presunta existencia de actividades ilícitas vinculadas a la distribución drogas.

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Acompañados por la fiscal Norma Paredes, los intervinientes llegaron hasta la vivienda mencionada y corrobaron que, en efecto, se trataba de un foco de venta de estupefacientes.

En el lugar, se procedió a la detención de Robert Matías Rodríguez, en cuyo poder hallaron varios paquetes de marihuana listos para la venta al menudeo.

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En total fueron confiscados unos 690 gramos de cannabis, según el reporte de la SENAD.

Se sospecha que, además de la marihuana, en ocasiones este sujeto también hacía entregas de crack (o también llamado ‘chespi’) en el barrio.