57 mil jóvenes para servicio civil en vez de SMO y todo sobre Ley que entra a regir

Al menos 57.000 jóvenes se aprestan a poner en práctica el servicio civil en lugar del Servicio Militar Obligatorio (SMO) tras entrar en vigor este mes la reglamentación de esa figura, que cuenta con el rechazo de algunas organizaciones pese a ser admitida en la Constitución.


Fuente: EFE

La responsable de la Dirección de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, Eva Giménez, dijo que esa cantidad de inscriptos corresponde al registro abierto en 2010, cuando entró en vigor la ley marco del servicio alternativo, trabajos sociales en instituciones para los jóvenes que se oponen a la disciplina militar.

En lo que va de año fueron procesadas 17.000 solicitudes con una media mensual de 3.000 objetores.

Giménez aclaró que con anterioridad a la promulgación de esa normativa las oficinas de derechos humanos del Congreso censaron, entre 1992 y 2010, unos 120.000 objetores, quienes también están obligados a hacer entre 240 y 480 horas de servicio voluntario o pagar cinco jornales diarios.

Los jóvenes que prueban estado de insolvencia serán exonerados del pago, según la ley que regula la objeción de conciencia.

Giménez explicó que ha transcurrido un proceso de socialización durante el cual se han definido los distintos centros públicos para el cumplimiento del servicio, así como de las instituciones privadas o no gubernamentales que también pueden albergar al objetor.

“El espíritu del servicio civil es que el objetor no tenga que pagar nada, que no se desplace de su comunidad para hacerlo. Lo puede hacer en forma discontinua, por etapas o los fines de semana como en los cuerpos de bomberos”, detalló.

Comentó que a la implementación del servicio se sumaron además organizaciones internacionales sin fines de lucro como la juvenil Techo, Boys Scouts o movimientos de jóvenes que asisten a afectados por la recurrente crecida del Río Paraguay.

Asimismo, Giménez salió al paso de las críticas vertidas por el capítulo local del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que en un comunicado titulado “No al trabajo obligatorio, gratuito y sin condiciones” de los jóvenes, dijo que no existen condiciones para la aplicación de la normativa.

“Nos preocupa que se plantee (el servicio) sin contar con estudios técnicos que evalúen el impacto presupuestario y la capacidad logística de las instituciones en las cuales se prestará, ni tampoco existe una partida presupuestaria”, señaló el Serpaj.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que la objeción de conciencia tendrá “una incidencia positiva en la sociedad” y que “no está bien instalar la idea de la desobediencia de la ley” en un sector que en vez del “estamento militar ha escogido servir a la población”.

 

BID, 'cómplice' de la agenda digital: dará crédito de US$ 130 millones a dudoso proyecto

La comunidad técnica pidió reuniones con los encargados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de modo a intentar obtener una postura referente a las inconsistencias del Programa de Apoyo a la Agenda Digital que impulsa el Gobierno paraguayo y al cual pretende dar un crédito de 130 millones de dólares.

El polémico programa tendrá una financiación de US$ 130 millones provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Matías Insaurralde, desarrollador de software y uno de los principales impulsores de la iniciativa #AgendaDigital que tiene por objetivo hacer un control minucioso del proyecto, manifestó su descontento por la falta de claridad por parte del ministerio.

“Enviamos una nota al BID porque queremos reunirnos con ellos para saber cual es su posición ante esta situación”, indicó sobre las múltiples irregularidades encontradas en el proyecto. “Empecé a investigar hace 2 o 3 meses. Encontramos cosas que no cerraban a medida que veíamos los ítems”, refirió.

Isaurralde cuestionó principalmente la falta documentación del MITIC respecto a dónde serán destinados los recursos y cómo serán ejecutados.

ALERTA

La Contraloría General de la República alertó en el mes de enero sobre el impacto que tendría asumir el préstamo del BID para el proyecto Agenda Digital impulsado por el ministro del MITIC Alejandro Peralta Vierci.

El ente contralor alertó el impacto en los índices de liquidez para el año 2023 debido al vencimiento previsto de una parte de los bonos soberanos equivalente a unos 780 millones de dólares.

Asimismo, advirtieron que se tienen vencimientos previstos para el año 2026 y 2027 por US$ 600 y US$ 500 millones, respectivamente. Por consiguiente se avisaba que el Ministerio de Hacienda debía prever con anticipación las medidas necesarias para disponer de recursos suficientes para poder hacer frente a esas deudas.

 

Otorgarán permiso "temporal" para arrojar desechos cloacales del Hospital Ingavi en arroyo San Lorenzo

Tras la polémica suscitada ayer entre el IPS y el MOPC, finalmente se acordó que el nuevo Hospital Ingavi arroje “temporalmente” sus desechos cloacales en el cauce del arroyo San Lorenzo, hasta tanto se culmine la construcción de la planta de tratamiento.

Representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto de Previsión Social (IPS) mantuvieron ayer una reunión interinstitucional en la que se abordó la situación del nuevo Hospital Ingavi.

El punto principal analizado durante el encuentro es el vertido de desechos cloacales del citado centro asistencial, el cual aún no puede ser habilitado debido a que aún no se encuentra conectado al sistema de desagüe cloacal.

Desde el IPS responsabilizan de esta situación al MOPC debido a que dicha cartera de Estado tenía a su cargo la construcción de una planta de tratamiento en la ciudad de San Lorenzo, además de la puesta en condiciones del alcantarillado sanitario.

Tras un minucioso análisis del asunto, finalmente se decidió que el Instituto de Previsión Social presente ante el Ministerio del Ambiente un ajuste de su “Plan de Gestión Ambiental” aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental.

De esta manera, se otorgará un permiso “como una medida paliativa y temporal” para que el Hospital Ingavi arroje de manera provisoria sus efluentes cloacales en el cauce del arroyo San Lorenzo, hasta tanto se complete la construcción de la planta de tratamiento.

Carolina Pedrozo, de la Dirección de Control del MADES, manifestó que el IPS tiene que arrimar todas las documentaciones requeridas en forma oficial y posteriormente se otorgaría el permiso para la habilitación “en la brevedad posible”, siempre y cuando la información se encuentre acorde a las leyes ambientales.

El acuerdo contempla que el IPS remita un informe al MADES en relación a la calidad del agua que será tratada en la planta de tratamiento del nosocomio, esto para que posteriormente se puedan verter los efluentes cloacales en un aliviadero que desemboca en el arroyo.

“El Ministerio del Ambiente pide acogerse a las condiciones de parámetros establecidos para los efluentes, para que los vertidos no sean contaminantes de los cauces hídricos”, refiere el comunicado oficial publicado tras la reunión.

Desde la institución aclaran que esta medida será para “una operatividad momentánea” del nuevo IPS Ingavi, debiendo ser cambiada cuando la planta de tratamiento de San Lorenzo se encuentre habilitada y en operatividad.

 

"Una bofetada": G. 1.000 millones para aumento salarial de funcionarios municipales

La Junta Municipal de Asunción aprobó una millonaria ampliación y reprogramación de 25.000 millones de guaraníes, de los cuales 1.000 millones se utilizarán para beneficiar a 1.315 funcionarios con aumento salarial.

A través de un pacto con la Intendencia, la Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles la ampliación y reprogramación de más de G. 25.000 millones, en los que se incluye casi 1.000 millones de guaraníes para la ampliación de salarios, propuesto por un grupo de ediles colorados.

La abogada Rosa Vacchetta criticó duramente esta decisión de las autoridades municipales y calificó que “este aumento es una verdadera bofetada”, al insistir que el dinero se destinará a los operadores políticos.

En charla con la R800 AM, la ciudadana cuestionó que los impuestos que abonan los contribuyentes sean destinados a estos aumentos salariales y expresó sus sospechas respecto al verdadero trasfondo. “O es el momento electoral y juntar la plata para campaña o el pago para la no intervención, es lo que se me ocurre pensar”, añadió.

“Es momento de decirles que se vayan todos, hacen una reprogramación para aumentar salarios, que solo sirve para los operadores políticos”, remarcó.