Doce horas después de conocerse la decisión de Mari Abdo Benítez, de solicitar el acuerdo constitucional para nombrar a Emiliano Rolón como fiscal General del Estado, Cecilia Pérez dijo sentirse un poco liberada y le deseó éxitos al elegido. 

Nota relacionada: Fiscalía General del Estado: “He escogido a Emiliano Rolón”, confirma Abdo

Consideró un honor haber llegado a la terna y aclaró que trató por todos los medios de salirse del esquema de proximidad al presidente, por los cargos que ocupó y precisamente por eso renunció como asesora en asuntos penitenciarios

Sin embargo, habló del aspecto negativo que le tocó vivir en este trayecto, al igual que otras que se desempeñan en el ámbito político.

“A las mujeres se nos ataca de una manera diferente que a los hombres en este proceso, ninguno de los otros dos tuvo ataques personales, me adjudicaron un montón de cosas que nada que ver, afectándole a terceros”, expresó Pérez en entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Reveló que tiene colegas que se desempeñan en el área de seguridad y que no reciben amenazas de muerte, sino de ser violadas. “Eso hay que erradicar, o sino somos unos hipócritas que decimos que queremos más mujeres en los cargos”, subrayó.

Lea también: Sesión extra en el Senado para dar acuerdo a nuevo Fiscal General

A través de su cuenta de Twitter, Pérez escribió: “Cumple con tu deber hasta la carga final. Es un legado de responsabilidad y patriotismo, no importa la adversidad. Donde haya un jinete, un caballo y una lanza, siempre habrá un laurel más para la patria”, o no Víctor GP?”.

Al respecto, Pérez explicó que se refería a Víctor Galeano Perrone, quien conoce muy bien a su familia. Sostuvo que el mensaje fue dirigido a él y evitó entrar en detalles.

Cecilia Pérez se alejará “por ahora” de la actividad política y volverá a tomar casos en el campo privado, algo que había suspendido durante el proceso de selección para la Fiscalía General del Estado.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

Nota relacionada: Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por ANDE

Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente. Todos los datos serán utilizados para terminar de laborar un proyecto de ley de regulación de la criptominería, aunque también existe otro que plantea directamente la prohibición.

Lea también: El gran negocio de las criptomonedas, “herencia del Gobierno de Alí Babá”

Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

Noticia vinculada: Criptoshopping de los Zuccolillo: ANDE analiza cobrar los US$ 300.000 evadidos

La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

Lea también: Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por ANDE

En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

Es noticia: Peña firma el decreto que reglamenta el Arancel Cero

En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

Lea también: Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por ANDE

La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

Es noticia: Peña firma el decreto que reglamenta el Arancel Cero