Martens, autor del trabajo “Atlas de la Violencia en Paraguay”, explicó en declaraciones a Paraguay TV que esa sensación de inseguridad procede de algunos mitos arraigados y de la excesiva mediatización de hechos violentos puntuales.

Por eso, el investigador hizo hincapié en la responsabilidad de las autoridades para revertir esta percepción ciudadana y señaló la necesidad de mejorar el alumbrado público para que la población se sienta segura por la noche.

“Al 88 % de la población paraguaya le da miedo el sonido de la moto, es una realidad confirmada por la encuesta. Nos da miedo la gente que arma barullo en la calle, y el 70 % dijo tener miedo a la falta de iluminación en los barrios”, comentó Martens con su análisis como referencia.

Además, advirtió del peligro que supone para la democracia esta sensación de inseguridad, ya que la inoculación del miedo entre los ciudadanos facilita la entrada de los mensajes populistas.

“En una población temerosa, se aceptan discursos populistas, se aceptan fácilmente soluciones en contra de legislaciones, en contra de la Constitución Nacional y, sobre todo, se espanta la inversión y retrotrae la economía”, agregó.

Martens combate esta desinformación con datos, en concreto, los que extrajo de la Policía Nacional, relativos al periodo 2010-2017, que considera “fiables” y adecuados para comparar y observar una reducción del 31 % en los casos de homicidio, según apuntó.

No obstante, el investigador reconoció que en las zonas fronterizas con Brasil la situación era ligeramente distinta y las tasas más altas.

En concreto, sobresale el dato de Pedro Juan Caballero, a la que Martens calificó como “una isla de violencia” a causa de la presencia de grupos armados.

Pedro Juan Caballero registró en 2017 una tasa de homicidios del 70,53, la más alta de todo el país, según el “Atlas de la Violencia en Paraguay”.

Esa cifra contrasta con las registradas por departamentos como Central o Paraguarí, con un 3,47 y un 3,92, respectivamente.

En el caso de Asunción, la cifra en 2017 se situó en el 8,39.

Martens recalcó que el problema de estos lugares no son los asesinatos sino delitos como robos o la presencia de motochorros.

Los datos del estudio de Martens se encuentran en línea con los números ofrecidos por la base de datos del Banco Mundial, que muestran una tasa de homicidios intencionales de unas 9 personas por cada 100.000 habitantes en 2015, por debajo de las cerca de 25 muertes por cada 100.000 habitantes contabilizadas en 2002.

Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya llevaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril poco después del mediodía en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, donde la denunciada Dirma Crechi, atropelló al perro de la familia Segovia, dejándolo a su “suerte”.

La familia del animal indica que la mujer ni siquiera se bajó del vehículo y que solo dijo que se le avise sobre los gastos. Inicialmente accedió a pagar la radiografía y la operación del perro, pero tal cosa no ocurrió hasta el momento.

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La misma se acercó hasta el domicilio de la familia afectada e hizo firmar un documento donde constaba que se hacía responsable de los gastos, pero sin entregar el dinero. Esta situación se dejó constancia en una denuncia radicada contra la mujer en la Comisaría 6 Central de Itauguá.

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“Mi mamá firmó pensando que le iba a dar el dinero para la operación, pero no fue así. Literalmente nos estafó”, comentó la denunciante, Sheyla Medina, propietaria del perro.

Dirma Crechi es la exesposa del futbolista paraguayo, Blas Riveros, quien había presentado una acción legal contra la misma por denuncia falsa.

El tema volvió al tapete tras el anuncio en Colombia que señala el interés del Departamento de Estado de EEUU, de extraditar a tres sicarios del exjefe antimafia paraguayo.

Si Ramón Emilio y Felipe Pérez Hoyos y Margareth Chacón, son pasibles de ser extraditados, la presunción es que en el gobierno estadounidense existe elementos en contra de los mismos, y por extensión de evidencias que podrían revelar la autoría moral del magnicidio.

Medios colombianos comenzaron a abrir debate en torno a si es o no factible que la DEA negocie con los sicarios de Pecci, sobre la base de la recompensa que ofrece el gobierno estadunidense para develar al autor moral del crimen.

El sistema judicial norteamericano también contempla la figura de la delación premiada, que no es otra cosa que lograr que miembros de un complot criminal revele al principal autor, a cambio de reducción de penas y compensación económica.

El Estado colombiano ha resuelto el cien por ciento de responsabilidades de la autoría material del asesinato. Y logró las condenas, en consecuencia. Sin embargo la Fiscalía de ese país, expresó que la pesquisa no desveló al autor moral, y que esa parte corresponde a la justicia paraguaya, a partir de la convicción existente de que la orden de eliminar a Pecci, no surgió en Colombia, sino en Paraguay.

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