A proyectista que logró dilatar pérdida de investidura no le importan los escraches

El diputado Derlis Maidana, quien firmó el proyecto que crea una comisión para estudiar la ley de pérdida Investidura y así dilatar el caso Portillo y otros más, le restó importancia a la indignación de la gente y consideró que sencillamente los políticos están expuestos a los escraches.

El exgobernador de Misiones y actual diputado de la ANR, Derlis Maidana, defendió la aprobación del proyecto que crea una comisión especial para el tratamiento de la pérdida de investidura y argumentó que hoy no existe ningún instrumento legal a la hora de juzgar a un colega.

“Consideramos que algo tan grave como la pérdida de investidura no se puede dar de la noche a la mañana y tampoco significa autoblindaje”, dijo Maidana en entrevista con la 970 AM.

Argumentó que el artículo habla en un punto del tráfico de influencias debidamente comprobado, sin embargo, ese aspecto también se presta a la interpretación de cada uno.

Consultado acerca de si no le preocupa que se vuelva a desatar la indignación de la ciudadanía, Maidana se limitó a contestar que los legisladores están expuestos a eso.

“Lastimosamente vivimos un tiempo muy turbulento en la república, pero no por eso podemos aprobar cualquier documento presentado, sin el debido estudio, creemos que debemos tratar de hacer lo correcto”, afirmó.

La comisión especial que creó una comisión para estudiar la ley de pérdida de investidura aprobada ayer en Diputados, otorga un plazo de 15 días para presentar un nuevo proyecto reglamentado.

Con esto, nuevamente se posterga el estudio de esta figura constitucional en contra del diputado liberal, Carlos Portillo, a quien la ciudadanía tiene en la mira por tráfico de influencias.

Plantean reducir a 3 años la duración máxima de las causas penales

El diputado colorado Derlis Rodríguez presentó un proyecto de ley “Que modifica los artículos 6°, 136 y 305 de la Ley 1286/98, Código Procesal Penal”, con el objetivo de restablecer plazos razonables en los procesos penales y evitar dilaciones injustificadas.

La propuesta legislativa tiene por objeto introducir modificaciones a la normativa jurídica, específicamente, a los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”, la “duración máxima del procedimiento” y la “desestimación”.

En esencia, se plantea reducir el plazo máximo de duración de los procesos penales de acción pública a 3 años, contados desde el primer acto procesal. Para los casos de acción penal privada, el plazo máximo sería de 1 año y 6 meses.

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El proyectista argumentó que la extensión actual de los plazos a 4 años, sumada a las suspensiones automáticas por incidentes o recursos, ha permitido una “morosidad institucional” que atenta contra los derechos procesales de los imputados y acusados.

“El plazo razonable no puede seguir sirviendo a la desidia del Ministerio Público y los juzgados, socavando garantías constitucionales y convencionales de un juicio rápido”, señaló el legislador en la exposición de motivos.

Otra propuesta de modificación es que si el Ministerio Público no presenta requerimiento fiscal en 30 días tras una denuncia, el afectado pueda solicitar directamente al juzgado la desestimación del caso.

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Asimismo, el proyecto busca derogar todas las leyes que han ido dilatando los plazos procesales en los últimos años, en contradicción con la celeridad que debe regir en materia penal según el legislador Rodríguez.

La iniciativa será tratada por la plenaria de la Cámara de Diputados en 30 días, tal como lo determinó durante su última sesión ordinaria celebrada el miércoles pasado, a petición del propio proyectista.

Grave denuncia en colegio de Villeta: alumno amenazó con revolver a compañeros

Un estudiante fue acusado de amenazar a varios de sus compañeros de clase en un colegio de la ciudad de Villeta. Inclusive, habría enviado un video manipulando un revolver, según la denuncia.

Una madre denunció públicamente que su hijo de 15 años es víctima de amenazas por parte de otro estudiante del colegio al que asiste. “Llegué a este punto porque temo por su vida”, expresó en entrevista con el canal C9N.

La misma señaló que las amenazas fueron realizadas por un compañero de clases a través de audios de WhatsApp. Así también, el acusado había enviado un video en el que exhibe un arma de fuego.

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Dijo que le iba a disparar (a mi hijo) en cada hombro, también que le iba a patear, hacer arrodillar y obligar a jugar su pulseada”, expresó la preocupada madre.

El adolescente en cuestión tendría una “lista” de otros estudiantes a quienes también habría amenazado bajo similares circunstancias, hecho que generó la preocupación de otros padres de familia de la institución educativa.

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La denuncia del hecho ya fue formalizada ante la CODENI, la comisaría y la Fiscalía de Villeta, aunque la madre asegura que aún sigue con temor por lo que podría llegar a suceder.

Por su parte, las autoridades del colegio tomaron intervención ante esta grave acusación y resolvieron que los estudiantes afectados no asistan a clases, además de suspender por una semana al acusado. Para la directora Nora Maciel, “no fue una amenaza”.

Instan a licitar itinerarios de empresas que incumplen la ley

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que insta a cancelar los itinerarios a las empresas transportistas que incumplen las normativas vigentes.

En el espacio de Sobre Tablas, durante la sesión ordinaria de esta semana, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Viceministerio de Transporte, a licitar los itinerarios de buses de aquellas empresas que incumplen la Ley N° 6.789/2021; y presentar un plan integral de reforma del transporte público de pasajeros”.

La iniciativa fue presentada con base en la actual crisis del transporte público, las amenazas de paro por parte de estas empresas y las reguladas denunciadas constantemente por los usuarios; específicamente, en el área metropolitana, según refiere el documento de los diputados Rubén Rubín (Independiente-Central), y Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

Cabe señalar que la Ley N° 6.789/2021 habla de “cancelar la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público infractores de la ley”.

La misma tiene por objeto establecer sanciones y causales de rescisión de contratos e itinerarios a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las normativas vigentes.

Este documento, igualmente, exhorta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, a presentar un plan integral de reforma del transporte público de pasajeros.

La normativa fue aprobada por el plenario de la Cámara Baja sin cuestionamientos.