La denuncia presentada ante la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, está firmada por representantes de la Coordinadora por Derechos de la Niñez y la Adolescencia CDIA, de la Federación de estudiantes secundarios FENAES, de la Coordinadora de niños, niñas y adolescentes trabajadores, de Callescuela, además de los abogados Diana Vargas y Jorge Rolón Luna.

El abogado Jorge Rolón Luna, explicó que esta denuncia señala nuevos hechos e indicios de la presencia de menores de edad en cuarteles y la posibilidad a que los mismos estén expuestos.

Uno de los argumentos tiene que ver con la declaración del ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, referente a que habrían 400 adolescentes en distintos ámbitos de las FF.AA. (además de los 23 en el Cimefor).

Otro de los hechos tiene que ver con las declaraciones de voceros civiles y militares del Gobierno, asegurando que el Cimefor es un centro de enseñanza, donde no se recibe instrucción militar. Sin embargo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, publicó en sus redes sociales fotos, donde se ve a cimeforistas practicando tiros.

“Nosotros tenemos mucha esperanza que las cosas se hagan bien en esta ocasión. El fallo de la jueza Sarubbi es una vergüenza. Es una página negra del Poder Judicial en nuestro país”, dijo el abogado Rolón Luna en comunicación con HOY Digital.

Por su parte, la agente fiscal Monalisa Muñoz, dijo a Radio UNO que empezarán a recabar toda la información lo antes posible para ver la situación con respecto al tema de uso de armas y la posibilidad de que los adolescentes en situación de riesgo.

Una vez culminado el proceso, se tomará la medida cautelar correspondiente.

El Presidente @MaritoAbdo practicó tiro con Cimeforistas del Batallón de Infantería en Villa del Rosario, Departamento de #SanPedro @nanduti pic.twitter.com/jHkNXx3fhX

— Rodolfo González ☆☆☆ (@ElRolfi_Py) 18 de enero de 2019

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

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Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

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La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

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De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

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