El abogado Daniel Montenegro está sindicado como uno de los agentes clave del narco Jarvis Chimenes Pavão, dentro del esquema de lavado de sus activos, así como el de maniobras de ocultamiento de bienes a través de testaferros.

El pedido del imputado fue rechazado “de oficio”, por el juez Gustavo Amarilla, ya que ello no está contemplado dentro del marco legal. La sorprendente solicitud fue argumentada en la necesidad, según Montenegro, de atender los expedientes de sus clientes, en procesos que están en curso en diversos juzgados.

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SUS ANTECEDENTES

El abogado Montenegro tiene en su historial formal, la gestión de expedientes relacionados a personas implicadas en narcotráfico, en la zona de Amambay, especialmente en Pedro Juan Caballero.

El 20 de julio del 2022, Daniel Montenegro sufrió un atentado en la capital amambaiense. Fue mientras se trasladaba a su oficina, cuando dos hombres que iban en una motocicleta, alcanzaron el vehículo que conducía, y uno de ellos percutió su arma de fuego, pero no llegó a disparar. El abogado imprimió aceleración a su camioneta y zafó del ataque.

El caso no llegó a desvelarse, pero los investigadores de la Policía estimaron que el origen del atentado estaba en uno de los grupos criminales de la zona, aparentemente perjudicado por Montenegro.

La otra hipótesis menciona que Montenegro tendría (entonces aún no se tenía elementos incriminatorios en su contra) conexiones con el grupo de Pavão, y el atentado se daba en momentos en que se desató una guerra entre mafias de la frontera, en la que la misión era eliminar a toda la parentela del capo narco, así como a sus abogados y testaferros.

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Para el abogado Ricardo Preda, la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de solicitar la intervención de un municipio, amparándose en la ley 317 del año 1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales”.

“No hay mucho margen para la interpretación. Sin lugar a dudas, la Contraloría tiene la facultad de solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie los trámites de intervención”, explicó el abogado Preda en conversación con Universo 970.

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Dijo además que en el caso de la Junta Municipal es la que no puede pedir una intervención sin un dictamen previo de la Contraloría.

Asimismo, sostuvo que la falta de transparencia es una puesta en peligro de irregularidad en la gestión y que en el caso de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el pedido de intervención es una decisión plenamente jurídica por parte de la Contraloría.

“La Contraloría si detecta un delito, hace el reporte de hecho punible. Lo que acá pide es que se intervenga porque hay una situación fuera de control y se detectaron irregularidades que pueden poner en riesgo el patrimonio”, subrayó.

Agregó que no hace falta llegar al perjuicio patrimonial, sino que basta con el hecho de poner en riesgo el patrimonio.

La fiscal Gladys González imputó por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas a Juan Manuel Bogarín Domínguez.

Este sujeto se encuentra acusado de intentar asesinar a su expareja, Isabel Margarita Dávalos, y a su novio, Alexis Javier Rodríguez Paredes, aparentemente motivado por los celos y el despecho.

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El hecho se registró en el año 2023, en jurisdicción del barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. En aquella oportunidad, Bogarín había interceptado a la pareja cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

Tras descender de un vehículo con un arma de fuego, este sujeto intentó disparar contra la humanidad de la mujer, quien en ese momento iba con un bebé en brazos. Por fortuna, la pistola se trabó y no logró dispararse.

Esta situación fue aprovechada por Dávalos y Rodríguez, quienes huyeron rápidamente hasta su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde fueron interceptados.

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Decidido a continuar con su plan, Bogarín persiguió a las víctimas mientras continuaba intentando disparar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado.

Un hecho de homicidio fue reportado en la tarde este lunes en una vivienda situada sobre las calles Caballero casi 4ta Proyectadas, en el Barrio Obrero de Asunción.

La víctima fatal es un joven de 29 años, identificado preliminarmente como José Alcides Garozzo Lezcano, quien contaba con antecedentes penales y una orden de captura.

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Conforme a los datos facilitados por la Policía, este joven ingresó a la vivienda perteneciente a Karim Abou Saleh Notario, de 43 años, con intenciones de robar, siendo sorprendido en ese preciso momento.

Luego de escuchar algunos ruidos en el patio, el dueño de casa fue a revisar y se topó con el solitario ladrón en el pasillo, quien en ese momento intentó extraer un arma de su bolsillo. Saleh reaccionó rápidamente y utilizó la pistola que llevaba consigo para abatirlo.

Garozzo recibió un disparo a la altura de la cintura, herida que finalmente acabó provocándole la muerte. Una vez en la escena del crimen, los intervinientes confirmaron que el arma que tenía en su poder era de juguete.

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La fiscal Teresa Sosa indicó que realizarán las diligencias pertinentes para determinar si este hecho se enmarca en una legítima defensa o una excitación emotiva, a fin de luego poder tomar una determinación.

Saleh fue convocado a prestar declaración indagatoria este martes en horas de la mañana en la Fiscalía. De momento, no quedará en carácter de detenido.