El agente fiscal Alejandro Cardozo, de San Pedro de Ycuamandyyú, representó al Ministerio Público en el Juicio Oral contra C. A. B. quien fue acusado por Abuso Sexual en Niños. El hombre fue hallado culpable de abusar sistemáticamente de su hija biológica y condenado a cumplir una pena de 21 años de privación de libertad. La Fiscalía había solicitado que le impongan una pena de 24 años de prisión.

La denuncia fue presentada en junio del 2020, cuando la víctima contaba con 13 años de edad. La niña había ido a vivir con su padre, tras el fallecimiento de su madre, aproximadamente 4 años antes de la denuncia. La declaración de la víctima en la cámara Gesell señala que el hombre la manoseaba desde la edad de 9 años, llegando a realizar el coito dos años antes de la denuncia (año 2018), es decir, cuando la niña tenía 11 años de edad. El hecho se produjo de manera sistemática durante el tiempo mencionado.

Se pudo corroborar la comisión del hecho punible señalado, conforme a los elementos probatorios colectados durante la etapa preparatoria, del que cabe destacar principalmente la declaración de la víctima por vía del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, como el testimonios de familiares, médica y psicólogas forenses, sumado al resultado de la inspección médica – ginecológica que confirmó que las lesiones son de larga data.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.