“Vamos a tener una política de austeridad y quiero que escuchen bien: vamos a terminar esta fiesta, en donde los funcionarios públicos son los privilegiados, ellos pueden tener grandes sueldos, grandes camionetas,ellos pueden viajar al mundo, se va a acabar la fiesta”, expresó Efraín Alegre durante una entrevista en la que difundió sus promesas de campaña.

Sin embargo, muchos todavía recuerdan que Alegre también fue investigado por manejos irregulares durante su administración en el Ministerio de Obras Públicas, bajo el Gobierno de Fernando Lugo.  

“Efraín Alegre al decir que se va acabar la ‘fiesta’ de los funcionarios públicos, está hablando que se le va acabar la fiesta a él, que fue denunciado por corrupción siendo Ministro y sacado del Gobierno de Lugo”, escribió una usuaria de Twitter.

Al respecto en una búsqueda rápida  y simple de antecedentes en el portal de Contrataciones Públicas, se puede encontrar la publicación de un perjuicio patrimonial superior a los 500 millones de guaraníes, constatado por esta institución.

El reporte de indicios de hechos punibles remitido a la Fiscalía fue sobre los trabajos para la rehabilitación y pavimentación de la ruta VIII Blas Garay.

La pesquisa de la Contraloría concluyó que tras una verificación “in situ”, varios trabajos se ejecutaron sin cumplir con las especificaciones técnicas.

Como funcionario estatal, existen varias otras denuncias, como por ejemplo, “la Ruta de la mentira”, sin embargo, tampoco se salva como titular del Partido Liberal, donde la Fiscalía abrió una causa caratulada a “Efraín Alegre sobre facturas falsas o de contenido falso”.

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En cuanto a a las denuncias de fraude electoral en la concertación, específicamente en la lista de senadores liberales, Alegre tampoco tuvo una postura crítica y antes bien, se dedicó a minimizar el hecho y a contestar que todo proviene del coloradismo en su afán de atacar al efrainismo, pese a que el Ministerio Público ya imputó a siete personas, mediante elementos contundentes, como actas firmadas en nombre de personas que ni siquiera acudieron a votar y filmaciones en las que se identifica a los autores.

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El reporte refiere que desde el inicio de la cobertura Caacupé, la cartera sanitaria realizó 5.181 asistencias médicas a peregrinantes, desde los puestos sanitarios provisorios y fijos instalados para la causa. De este número, 41 fieles fueron derivados a centros asistenciales.

Hasta el momento no se registró ningún caso de gravedad ni fallecimiento. En cuanto a los casos predominantes de consultas se encuentran: vómitos, diarrea, cefalea, dolores musculares, ampollas, hipertensión arterial, control de presión arterial.

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Asimismo, desde Salud recuerdan que, se encuentran disponibles las líneas 141 para pedido de ambulancias, 132 para bomberos y 911 para la Policía Nacional, ante cualquier emergencia.

La adolescente fue asistida en el km 34 de la ruta 2, en la ciudad de Itaugua. La misma estaba en una bicicleta cuando se desplomó en el asfalto. Presentaba lesiones en el cuello.

El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, comentó que el caso fue intervenido y la menor derivada al hospital para confirmar o descartar el hecho.

Explicó que los movimientos masivos de personas representa un riesgo para los niños por lo que, desde el Ministerio de la Niñez instalaron medidas de protección durante estos días.

“Estas son las situaciones que nos motivan a estar acá porque no todas las personas vienen con buenas intenciones”, sostuvo en conversación con la radio 1080 AM.

Gutiérrez mencionó que en la plaza Teniente Fariña de Caacupé, el MINNA cuenta con un amplio espacio de referencia, donde se atienen situaciones que involucren a los menores.

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Juan Vicente Talavera Insfrán fue detenido como sospechoso de haber realizado la amenaza de bomba en el Palacio de Justicia el 29 de noviembre pasado.

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Está procesado por el hecho de coacción a órganos constitucionales y el Ministerio Público ordenó su detención durante el procedimiento realizado en coordinación con el personal del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional.

Al mediodía del miércoles 29 de noviembre, todas las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia fueron evacuadas debido al reporte de una amenaza de bomba.

El hombre realizó dos llamadas en donde alertó con hacer explotar la sede judicial si no liberaban a Carmen Villalba, líder del EPP y recluida en el Buen Pastor.

No era la primera vez que el Palacio de Justicia era blanco de este tipo de amenazas, pero en aquella ocasión, el llamativo pedido alertó más de lo normal.

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