Desde primera hora de la hora de la mañana, los acampados, integrados en la plataforma de izquierda Congreso Democrático del Pueblo (CDP), comenzaron a levantar sus carpas de lona en la Plaza de Armas para mostrar su rechazo a esa ley, aprobada en 2013.

La ley de APP concede al poder Ejecutivo la potestad de decidir sobre proyectos de participación de empresas privadas en la gestión de bienes y servicios públicos.

Pero en mayo el Senado aprobó una modificación que hace recaer en el Parlamento la facultad de decidir sobre esos proyectos

Esa modificación será ratificada o rechazada en la Cámara de Diputados el miércoles y seguida de cerca por los grupos concentrados frente al Congreso, que en mayo permanecieron doce días acampados en el mismo lugar.

Según dijo a Efe Dora Flecha, del Partido Paraguay Pyahurá, integrado en el CDP, con la ley de APP “todas las instituciones públicas que brindan servicio a la sociedad se van a privatizar: el agua, la luz o los hospitales”.

Por su parte, Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina (FNC), que también forma parte del CDP, señaló a Efe que “ya uno de los recursos más importantes del país, las tierras aptas para el cultivo, ha ido pasando a manos privadas, lo que ha provocado miseria, desocupación, migración y extrema pobreza”.

La acampada, que irá acompañada de cortes de ruta en diferentes puntos del interior del país, se mantendrá, según Gómez, hasta que se defina el futuro de la modificación a la ley de APP aprobada en el Senado.

Sindicatos y empresarios, además de otros grupos, debatieron el lunes sobre esa ley en una audiencia pública celebrada en el Congreso, que evidenció la existencia de opiniones encontradas.

Eduardo Felippo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), explicó que la ley de APP es una oportunidad que permitirá construir infraestructuras y atraer las inversiones extranjeras.

Añadió que las modificaciones del Senado “destruyen el espíritu de la ley” y provocará que “se paralicen todas las inversiones”.

Los detractores de la ley, en especial los grupos y partidos de izquierda, sostienen que se trata de una privatización encubierta.

Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.