El directorio aclaró que el pasado 22 de marzo de 2023, “los accionistas de TABESA, reunidos en Asamblea Extraordinaria, resolvieron por unanimidad la adquisición de la totalidad de las acciones pertenecientes al Sr. Horacio Cartes en la compañía, como Acciones de Tesorería, de conformidad a lo previsto en el Art. 1072 del Código Civil Paraguayo, mandato materializado en forma inmediata mediante contrato”.

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El comunicado refiere que dicha determinación asamblearia tuvo precisamente como finalidad normalizar las operaciones de la empresa, que se habían visto “severamente afectadas” por el hecho de que al tener a Horacio Curtes una participación igual o mayor al 50%, la empresa también se consideraba de hecho afectada por el bloqueo de la OFAC del mes de enero de este año.

🚨Tabacalera del Este SA (Tabesa) se pronuncia sobre información divulgada hoy por la Embajada de EEUU. pic.twitter.com/50XuYAajm3

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) March 31, 2023

“Al momento de producirse la inclusión de TABESA al listado de la OFAC, el Sr. Horacio Curtes ya había dejado de ser accionista y beneficiario final de TABESA y por ende ha dejado de tener el control directo e indirecto de la empresa, conforme fuera oportuna y previamente notificado por la compañía, dentro de los plazos legales, al Registro Administrativo de Beneficiarios Finales, al Registro Administrativo de Personas o Estructuras Jurídicas, y al Dpto. de Registro y Fiscalización de Sociedades (Abogacía del Tesoro)”, subrayan.

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Indican además que el Directorio de TABESA realizará de inmediato gestiones ante la OFAC a fin informar el nuevo estatus accionario y control de la empresa, y así solicitar la exclusión de la empresa de la lista SDN.

Los procedimientos fueron realizados en la la Fracción Che la Reina del Km. 4 de Ciudad del Este, donde fueron detenidas tres personas y se incautó un vehículo que fue robado en la zona.

Uno de los detenidos posee orden de captura por robo agravado con antecedentes penales por robo agravado, tentativa de homicidio  y lesión. Los demás aprehendidos también poseen un prontuario por hechos punibles similares.

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Además vehículo denunciado como robado, fueron incautados dos automóvles, una escopeta, tres chalecos tácticos color negro, un guante táctico, placa policial, inhibidor de señal, radio volkie, proyectiles, una notebook, latas en cuyo interior se encontraron clavos miguelito, aparatos celulares, entre otras evidencias.

La directora del colegio Nacional San Isidro Labrador formuló una denuncia ante la Comisaría jurisdiccional del barrio San Luis de Concepción, sobre un hecho de amenaza contra la docente Fátima Martínez Gayoso (31).

De acuerdo con el relato, la profesora estaba desarrollando clases, cuando en un momento pidió a sus alumnos que salieran de clase en fila ordenada, para que luego se ubiquen en sus respectivos asientos.

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Ante esto, el alumno se negó y contestó que “si valoraba su vida le deje sentarse donde él prefiere”. Posteriormente, la directora lo convocó y nuevamente se negó, tras lo cual, tomó sus cosas y se retiró.

Según el informe policial, el menor tiene antecedentes por reducción 2023 y medidas cautelares como arresto domiciliario y permiso especial.

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Después de lo ocurrido en el colegio San Gervasio de Guairá, se registraron varios episodios de amenazas a docentes en otros puntos el país. Como consecuencia, el MEC emitió una resolución por la cual autoriza  la revisión de mochilas.

Una nota presentada a la Cámara de Senadores y firmada por representantes de organizaciones de jubilados y pensionados del IPS, entre ellos, Pedro Halley, expone las causales de sospechosos manejos administrativos en la previsional en los últimos meses.

El endeudamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad por 250 millones de dólares, que se financiarán mediante el descuento del 5 % anual del presupuesto de este programa, comprometiendo la suficiencia de la atención médica a los jubilados durante 10 años -plazo de pago- es uno de los puntos.

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Asimismo, el prematuro déficit del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el cual estaba garantizado hasta el 2038, de acuerdo con el cálculo actuarial, sin embargo, se tuvo que recurrir al uso de las reservas desde el 2020, debido a un faltante para cubrir el pago a los jubilados.

“Solicitamos la inmediata intervención y desapoderamiento de funciones, así como una auditoría total y minuciosa de la gestión del Consejo de Administración del IPS, a fin de intentar superar la situación de crisis institucional de servicios médicos”, exhorta el documento.

Menciona, además, el intento de contratación de un servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria por 10 años por 67 millones de dólares. Este proceso fue suspendido por orden judicial y por disposición de la Contraloría General de la República, que abrió una investigación al respecto.

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