El convenio de cooperación se realiza en el marco del decreto por el cual se encomienda a los Organismos Dependientes del Poder Ejecutivo a realizar las gestiones para apoyar la implementación del Modelo de Control Preventivo y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República.

Refrendaron el acuerdo marco, por parte de la CGR el Contralor General de la República, Dr. Camilo Benítez Aldana y el Abg. Pablo Fernando Seitz Ortiz, Director Nacional de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Para la concreción de este acuerdo se desarrollarán e implementarán actividades, a fin de obtener información certera de los sistemas y bases de datos que hagan posible ejecutar sus objetivos en sus respectivas áreas de competencia.

El alcance del convenio permitirá implementar un canal de comunicación concreto, promoviendo la adopción de estándares de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el intercambio de información de todos los datos vinculados a las Contrataciones Públicas a nivel nacional obrantes en la DNCP a los efectos de fortalecer la vigilancia y el control por parte de la CGR.

Al respecto, ambas instituciones podrán establecer líneas de acción que permitan afrontar de manera más eficiente y eficaz la lucha contra la corrupción, a los efectos de mitigar potenciales riesgos y prevenir daños al patrimonio público, como también procurar la colaboración mutua, a los efectos de brindar asesoría y apoyo técnico entre las partes.

Así también, ambas instituciones podrán colaborar con la capacitación de los servidores públicos, por medio de amplios mecanismos de fortalecimiento institucional, en el ámbito de sus competencias.

La DNCP es la institución administrativa facultada para diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública deban observar los organismos, las entidades y las municipalidades; y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de la Ley Nº 2.051/03 “De Contrataciones Públicas” y su reglamento.

La CGR es el organismo de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los Departamentos y de las Municipalidades, en la forma determinada por la Constitución Nacional y por la Ley 276/94 “Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”.

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El último sábado se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en un domicilio situado en el barrio Fracción Brisa 1 de Caazapá.

El reporte indica que el feto tendría aproximadamente 9 meses de gestación y fue localizado en el patio trasero de una vivienda de la zona.

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A escasos metros del lugar también hallaron una bolsa de basura negra, un short de jeans de color azul y prendas íntimas con manchas de sangre, de acuerdo al informe policial.

A partir de este macabro descubrimiento, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron una investigación, apareciendo como principal sospechosa una joven de 19 años, quien es inquilina en la propiedad.

Se trata de Sady Ramona Cáceres Galeano, quien fue detenida el día de ayer por personal de la Comisaría 1ª en el Hospital Regional de Caazapá.

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Los efectivos policiales dieron cumplimiento a una orden de detención emanada por la Fiscalía, luego de que la mujer recibiera el alta médica en el centro asistencial, donde permanecía internada desde hace unos días.

El caso está caratulado como homicidio doloso, apuntando a Cáceres como presunta responsable ya que, según se maneja, sería la madre de la criatura fallecida. La investigación está a cargo de la fiscal Laury Rosana Vázquez.

El reconocimiento fue otorgado al programa Mbarete, seleccionado entre 47 candidaturas provenientes de más de 13 países del continente americano, por su trabajo impulsando la inclusión económica a través del fortalecimiento de emprendimientos, el acceso a oportunidades laborales y el acompañamiento para que las personas con discapacidad desarrollen proyectos de vida con mayor autonomía e independencia.

“Este premio demuestra que cuando existen oportunidades, las personas con discapacidad pueden desarrollar todo su potencial. Este reconocimiento pertenece a cada emprendedor, a cada familia, a cada empresa aliada y a todas las personas que creen que la inclusión cambia vidas”, expresaron desde la Fundación Saraki.

Más allá de la premiación, la visita a España representó una oportunidad para conocer experiencias innovadoras en vida independiente, formación para el empleo, inclusión laboral y participación comunitaria. La agenda también permitió intercambiar conocimientos, fortalecer alianzas y recoger buenas prácticas que contribuirán a seguir impulsando programas de inclusión en Paraguay.

La experiencia reafirma que la inclusión se fortalece cuando las organizaciones comparten conocimientos, generan alianzas y trabajan de manera colaborativa para ampliar oportunidades.

Para la Fundación Saraki, este reconocimiento representa un respaldo internacional a más de tres décadas de trabajo promoviendo los derechos, la participación y la inclusión plena de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, posiciona a Paraguay como un referente regional en la construcción de modelos innovadores de inclusión y demuestra que las iniciativas nacidas en América Latina pueden inspirar transformaciones en otras partes del mundo.

Sobre la Fundación Saraki

La Fundación Saraki es una organización paraguaya con más de 30 años de trayectoria dedicada a promover la inclusión social y económica de las personas con discapacidad. A través de programas innovadores, alianzas estratégicas e incidencia en políticas públicas, trabaja para generar oportunidades de capacitación, empleo, emprendimiento y desarrollo personal, impactando cada año a cientos de personas y sus familias en todo el país.

Por indicaciones del presidente de la República, Santiago Peña, la Mesa Energética reinstalará oficialmente sus funciones este jueves. La instancia integrará a empresas del sector, referentes de la academia y especialistas del sector privado con el objetivo de propiciar un espacio de intercambio técnico y estratégico que permita definir el futuro energético del país.

Uno de los ejes centrales de esta mesa será el impulso al proyecto de ley para la creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos, entidad proyectada como el órgano regulador integral para todo el sector.

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Respecto a los tiempos para su aprobación parlamentaria, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, señaló que, aunque no cuenta con un plazo estimado del Legislativo, no observa trabas en el horizonte:

“En lo que respecta al sector eléctrico no tiene disensos a esta altura; hasta ahora no he escuchado voces en contra. También todos sabemos que cuando existen este tipo de urgencias y una convocación plena del sector público, privado, más la ciudadanía que entiende la necesidad de institucionalizar esto, se han logrado ministerios en tiempo récord, como el de Economía, por ponerte un ejemplo. Los proyectos los tenemos bien trabajados con la Presidencia de la República”, afirmó Bejarano.

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA, TARIFAS Y LICITACIONES

Entre los puntos que evaluará la mesa de trabajo figuran la disponibilidad real de energía y la proyección ante el inminente agotamiento del excedente eléctrico.

Sobre este aspecto, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) solicitó un plazo adicional de 15 días al Equipo Económico Nacional para remitir el informe detallado sobre la capacidad actual del sistema. Una vez entregado este documento, las autoridades iniciarán un análisis exhaustivo de la estructura tarifaria.

En paralelo, el debate también se centrará en la diversificación de la matriz energética mediante la incorporación de fuentes renovables, con énfasis en la energía solar. Aunque la primera licitación en este ámbito ya fue discutida en encuentros previos, desde el Viceministerio explicaron que los avances demandan tiempo debido a la complejidad jurídica y técnica que implica desarrollar un modelo mixto.

A diferencia de otros países de la región que optaron por la liberalización total del mercado eléctrico, Paraguay busca consolidar un esquema híbrido. El objetivo principal de esta primera licitación es sentar las bases normativas y operativas necesarias para otorgar solvencia al sistema y replicar el mecanismo en futuros proyectos de generación.