La firma de este acuerdo se realizará en el marco del “Encuentro Binacional por el Agua, la Vida y la Gobernanza Ambiental en el Chaco Paraguayo – Boliviano” que reunirá a gobernadores de la región del 18 al 23 de abril en territorio paraguayo del Chaco.

El jueves 21, específicamente, a las 09:00 horas, 4 gobernaciones de ambos países: Santa Cruz y Chuquisaca (Bolivia); y de Alto Paraguay y Boquerón (Paraguay) suscribirán un acuerdo para seguir trabajando conjuntamente en pos de soluciones para el acceso al agua y la gobernanza ambiental ante los efectos del Cambio Climático. Estos territorios vienen articulando acciones a través del Proyecto “Gobernanza Ambiental – Producción Sostenible”, actualmente en fase de culminación.

El acuerdo es propiciado por el Consorcio Binacional del Proyecto “Gobernanza Ambiental – Producción Sostenible” con el apoyo financiero de la Unión Europea, a través del Proyecto ZICOSUR, vigente desde el 2018, iniciativa que viene fortaleciendo las capacidades de gobernanza ambiental y resiliencia de mujeres y hombres indígenas y campesinos ante los efectos del cambio climático.

A nivel general, las actividades del proyecto estuvieron orientadas a contribuir a la sostenibilidad ambiental y productiva en los biomas degradados del Chaco, el Bosque seco Chiquitano y el Pantanal de América del Sur.

El acuerdo binacional es el fruto del trabajo articulado durante los últimos 4 años, con estas cuatro gobernaciones del Chaco de Paraguay y Bolivia vinculadas con el Consorcio, entendiendo que es necesario seguir trabajando juntos, de forma colaborativa y articulada entre actores de gobierno y sociedad civil para lograr resultados duraderos. Es por eso, que el acuerdo de seguir trabajando juntos se constituye en una plataforma que seguirá convocando el esfuerzo de todos los sectores para garantizar el Derecho al Agua en el Chaco.

Los imputados son Karen Francisca Alarcón, Francisco Cardozo Bogado e Ismael Roa Bogado.

La representación fiscal cuenta con elementos de sospechas que sustentan la imputación, por lo que requirió la prisión preventiva de los involucrados.

De acuerdo al antecedente de la causa, los tres imputados fueron detenidos como sospechosos de la muerte de Duarte Irrazabal, quien fue asesinada a puñaladas. El suceso se habría producido el pasado domingo después de la medianoche, en el asentamiento “El Triunfo” de la compañía Toledo de Capiatá.

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Estas personas habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas hasta que repentinamente se produjo una discusión, cuya pelea fue iniciada supuestamente por Ismael Roa Bogado. En ese ínterin Karen Francisca Alarcón, quien reside frente a la vivienda de la víctima, cruzó la calle y volvió con un puñal, presuntamente utilizada para cometer el hecho; el cual fue recuperado por los investigadores.  Según testigos, ambas mantenían un conflicto de larga data.

La cobertura sanitaria para el Operativo Caacupé 2024tendrá con un refuerzo en los servicios en los días de mayor afluencia, del 5 al 8 de diciembre. El plan incluye la habilitación de los 49 puestos de atención provisorios y 29 puestos fijos en el transcurso de los días del operativo. Así también se contará con 48 ambulancias, un helicóptero para traslados de urgencia, 80 baños portátiles y 6 tanques de agua.

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Habrá un total de 2.449 profesionales de la salud involucrados, incluyendo 514 médicos y 1.238 enfermeros/obstetras, 32 paramédicos y además de 665 funcionarios de apoyo.

Se insta a las personas con enfermedades crónicas a realizarse un chequeo médico previo a la peregrinación y la hidratación constante.

No se recomienda la peregrinación a aquellas personas que sufrieron infarto agudo en los 12 meses previos, padecen de insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, sobrepeso, son portadores de problemas dermatológicos y aquellos que sufren de trastornos severos de la vista y la audición.

Salud informa, además, la cobertura de ambulancias en ubicaciones estratégicas, control de calidad del agua y servicios sanitarios.

El proyecto de Ley “Que crea el fondo nacional para la cobertura especial de gastos ocurridos por accidentes de tránsito o siniestros viales”, más conocido como “antipollada” fue tema de debate en la reunión que mantuvieron senadores miembros de las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control.

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Al término de la reunión, el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión de Cuentas y Control, explicó que se decidió recomendar el rechazo del proyecto, con media sanción en Diputados, porque la propuesta carece de elementos técnicos y financieros que justifiquen su aprobación.

El proyecto, que tuvo origen en la Cámara Baja, plantea crear una caja especial con recursos que serán destinados para cubrir a víctimas de siniestros viales, y estará financiada a través de diversas fuentes, incluyendo asignaciones presupuestarias; reparaciones sociales de infractores de tránsito; un pequeño cargo adicional en la emisión y renovación de licencias de conducir; y el 100 % del IVA recaudado por la venta de motocicletas importadas.

Sobre ese último punto, para el senador Amarilla, el proyecto no especifica cuánto del IVA recaudado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en concepto de automóviles y motocicletas importados sería destinado al fondo, ni presenta proyecciones claras sobre otros ingresos previstos.

Se propuso que la iniciativa sea devuelta a la Cámara de Diputados para su revisión o que sea ajustada en coordinación con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.