A través de una publicación realizada vía Twitter, Troconis se expresó en relación a la polémica suscitada tras la publicación realizada por The Washington Post.

En dicho material periodístico, el medio estadounidense acusaba a varios representantes del gobierno paralelo de Juan Guaidó de entablar un presunto esquema de corrupción que incluía negociaciones irregulares para la recuperación de activos de Venezuela.

“Mi responsabilidad como Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos es atender, buscar y establecer las políticas orientadas a la protección y restitución de los activos de la República de Venezuela en el extranjero y como tal, y en representación del Gobierno Interino, trabajamos incansablemente para recuperar los bienes del pueblo Venezolano en riesgo vital o abandonados por la dictadura”, refiere Troconis en el tweet.

Seguidamente, reafirma el inicio de conversaciones con autoridades de nuestro país para el rescate de la deuda existente con PDVSA por parte de Petropar, la cual data de administraciones anteriores.

Según señala el comisionado venezolano, “al no enmarcarse en una propuesta con suficientes beneficios para Venezuela, el borrador de acuerdo fue rechazado” y, por ende, también se desistió de seguir con la negociación.

Todos estos aspectos señalados por Troconis constan en la carta entregada al abogado Sebastián Vidal en fecha 9 de enero del 2020, documento que se encuentra adjunto en el hilo de Twitter.

Estas expresiones vuelven a echar por tierra lo manifestado anteriormente por el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien sostuvo que la propuesta había surgido originalmente de los representantes venezolanos y no del gobierno paraguayo.

La propuesta, según Villamayor, pasó por el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y Petropar, pero fue devuelta al ser “impracticable” ya que no existía garantía de que la administración de Juan Guaidó tuviera personería jurídica en el litigio, por lo que se corría el riesgo de pagar un dinero que termine sin ser reconocido.

A la opinión pública, quiero manifestarle que mi responsabilidad como Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos es atender, buscar y establecer las políticas orientadas a la protección y restitución de los activos de la República de Venezuela en el extranjero-abro hilo pic.twitter.com/QLqmtCsN8q

— Javier Troconis (@javier777_t) January 11, 2021

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.