En la sesión ordinaria celebrada este lunes, la junta municipal aprobó por 7 votos a favor y 5 en contra la intervención del municipio limpeño.

Mabel Gómez, concejal de Limpio, manifestó a la 970 AM que el intendente nunca respondió a los reclamos que venían realizando, a lo cual se suman una serie de irregularidades que fueron denunciadas.

Según indicó, existen documentos en los que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) declaró como irregulares varios llamados a licitación para las escuelas de dicha localidad. Al respecto, mencionó que hasta la fecha la construcción de aulas correspondientes al periodo 2017 aún no han culminado y para las de este año todavía no se ha hecho un llamado a licitación.

Otra de las irregularidades denunciadas es el no pago de salarios. Gómez comentó que hace 8 meses los concejales no perciben sus haberes y los funcionarios hace 4 meses. Así también, la municipalidad estaría adeudando a la Caja de Jubilaciones alrededor de G. 700 millones.

Sobre este último punto, Gómez afirmó que el aporte de los funcionarios no se deposita en la caja de jubilaciones, pese a que el descuento se venía realizando de manera mensual.

“Es triste, por donde lo mires estamos mal en Limpio”, expresó la edil limpeña durante la entrevista radial.

Un grupo de funcionarios viene realizando una sentata en la Municipalidad de Limpio desde hace una semana (dos horas por día) como señal de protesta por la falta de cobro de salarios -detalló-, aunque a raíz de la preocupante situación la medida de fuerza “tomaría otro ritmo”. “Ya no tienen ni para el pasaje”, sostuvo Gómez.

Desde que asumió el cargo, el intendente Carlos Palacios no quiso realizar una rendición de cuentas ni tampoco brindar el acceso a la información pública, según expresó la concejal, hecho que viene siendo cuestionado sin obtener respuesta alguna. El jefe comunal también se estaría jactando de haber logrado un “superavit” en las arcas municipales, cosa que no se traduciría en la realidad por la que atraviesa la ciudad.

“Desde hace dos meses que (el intendente) no va a la sede del municipio ya que hace oficina desde su domicilio particular. La gente quiere hablar con él lo tiene que buscar en su casa, en su quinta o en su estancia en el Chaco”, acusó la concejal.

El pedido de intervención será remitido al Ministerio del Interior, institución que tiene un tiempo de 5 días para revisar las documentaciones y posteriormente derivar el caso a la Cámara de Diputados para que tome una decisión final.

En la jornada de ayer, la Junta Municipal de Ciudad del Este también aprobó el pedido de intervención a la comuna administra actualmente por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, quien ha recibido varios cuestionamientos por parte de la ciudadanía altoparanaense.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.