Por Jorge Torres Romero

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que abrió una investigación a la empresa Cema S.A. cuyos socios están identificados como Hernan Rodolfo de Carli y Guillermo Felipe de Carli. La firma registra exportaciones a Italia de barras de oro ensayo de un promedio de 80% de pureza de la marca ASSAY. Hasta la fecha cuenta con 11 despachos de exportaciones todas a Italia de los cuales 9 exportaciones corresponden al periodo 2018 y 2 exportaciones al periodo 2019.

La Dirección de Fiscalización de la DNA procedió a realizar la apertura de una investigación de segundo nivel, es decir una auditoría Integral para la empresa Cema S.A. El pedido de apertura del proceso de investigación se realiza conforme a la auditoría realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el que señala que la firma sin tener permiso alguno para la exploración y explotación de cualquier mineral por parte del Estado paraguayo, logró exportar, en los últimos 10 años, casi 3 mil kilos de oro por valor de US$ 100 millones.

El ente aduanero deberá practicar las medidas necesarias para determinar si estas mercaderías fueron Introducidas y extraídas del territorio nacional con las documentaciones legales correspondientes. Según aclararon, solicitarán a los responsables, documentaciones necesarias para el análisis, tal como legajo de despachos de exportación, facturas comerciales de compras a nivel interno, externo, libros contables, declaración en la Seprelad, declaración de valor aduanera, autorización o mandato, licencias otorgados por el MOPC a través del Viceministerio de Minas y Energías

Pedido de informe. El senador del PLRA, Fernando Silva Facetti calificó como una barbaridad todo lo que está ocurriendo en Paso Yobái. “Lo más grave es que la exportación se hace en forma legal, o sea con la anuencia de alguien, sin pagar nada en concepto de regalías”, reclamó.

El parlamentario indicó que todo lo que está bajo la superficie de la tierra es propiedad del Estado y para extraer cualquier mineral de la tierra se necesita un permiso. Recordó que solamente una empresa tiene la concesión en Paso Yobái (Lampa), pero sin embargo, existen un montón de empresas que también explotan el oro de manera irregular. “En cualquiera de los casos es una barbaridad lo que está ocurriendo en Paso Yobái, si se confirma. Alguien está mirando al cielo mientras pasan caminando los elefantes”, alegó.

Confirmó que solicitará informes a los órganos pertinentes, administrativamente responsables, para saber quiénes firmaron la autorización y permitieron que siga esta irregularidad.

La operación de extracción de oro de manera ilegal tiene el aval y respaldo de varios políticos de la zona del Guairá, entre ellos se menciona al senador colorado Rodolfo Friedmann.

Viceministerio confirma investigación. El Viceministerio de Minas y Energías, emitió un comunicado en el que aclaran que sigue en curso la investigación sobre la serie de irregularidades en el proceso de extracción de oro en la localidad de Paso Yobái, departamento de Guairá.

El proceso investigativo inició el 12 de noviembre de 2018, por iniciativa del Viceministerio de Minas y Energías, a raíz del expediente en el cual la empresa Latín American Minerals Paraguay (Lampa) comunica que se da por terminado el Contrato de Cesión de Derechos Mineros firmado con la empresa CEMA S.A., y solicita la revocación de la cesión aprobada por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

En septiembre del 2019, se decidió realizar una auditoría puntual sobre las inconsistencias detectadas en las actividades llevadas a cabo por la empresa CEMA S.A. En mayo de 2020, el Viceministerio de Minas y Energía presentó los descargos referentes a las observaciones realizadas por la Dirección de Auditoría Interna. Según lo expuesto por el Viceministerio de Minas y Energías, el 5 noviembre del 2020 se solicitó a la Dirección Nacional de Aduanas una explicación sobre los procedimientos para los trámites de Exportación. “El proceso investigativo sigue su curso normal hasta la fecha, y la institución se encuentra recabando informes de otros entes vinculados a los procesos con el objetivo de perfeccionar – de la mejor manera – un expediente que eventualmente deba remitirse a instancias de investigación fiscal, para que este llegue a las mismas, conformado lo mejor posible”, dice el descargo.

Aclararon que desde el año 2014 hasta el primer semestre del ejercicio fiscal 2018 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no percibió ingreso en concepto de regalías mineras, solo se registraron ingresos por medio de los cánones percibidos.

Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

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Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

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En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

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😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

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