Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales del Paraguay (CAPPRO), en entrevista con Radio Nacional habló sobre el allanamiento a un centro de reenvasado de productos realizado ayer y en el que encontró aceite a granel que era recargado en envases vacíos de la marca “Vicentín”.

Al respecto, indicó que desde la organización ya realizaron varias denuncias sobre esta irregularidad ante la Prefectura Naval y la Dirección Nacional de Aduanas, aunque sin lograr conseguir mayor apoyo.

Según datos de CAPPRO que fueron obtenidos en base a registros del Sistema SOFIA, tan solo el 20% de la demanda en el mercado local corresponde a importaciones legales, mientras que el 27% forma parte de lo que genera la industria nacional y el restante 53% se considera como “aceite de origen dudoso”, el cual puede ser tanto de contrabando o reenvasado.

Sobre este último punto, Noguera explicó que en ambos casos es peligroso el consumo del aceite debido a que el producto generalmente se encuentra expuesto al sol. En esos casos, la exposición durante varias horas produce una alteración en la composición química y hace que no sea apto para el consumo humano.

La titular de CAPPRO recalcó que el consumo del aceite que permanece mucho tiempo en la intemperie puede afectar la salud, pudiendo llegar a producir una gastroenteritis y, en los casos de consumo reiterado y frecuente, inclusive la muerte.

“Es una batalla que tenemos que lidiar tanto desde la concienciación al consumidor y las autoridades que deben ejercer efectivamente los controles para que estos bienes no ingresen al país”, manifestó a la 920 AM.

Noguera también hizo mención a una práctica que, a pesar de las reiteradas denuncias, hoy día sigue vigente: el “ordeñe” de aceite. Al respecto, confirmó que algunas barcazas cargadas con aceite crudo desgomado para exportación son “robadas” y el producto extraído va a parar a lugares clandestinos (como el depósito allanado ayer) donde se hace un refinamiento sin ningún tipo de control de calidad.

Según Noguera, toda esta situación le resta competitividad a las industrias nacionales que apuestan por el país, pagan impuestos y generan mano de obra. “Los aceites se ofrecen por debajo del costo de producción, es imposible competir como industria con bienes que están ingresando ilegalmente sin que paguen ninguna carga impositiva”, afirmó.

Finalmente, pidió a las autoridades que actúen de oficio para frenar el contrabando y la venta irregular de aceite, sin esperar a que primeramente se realicen denuncias previas, y también recomendó no adquirir productos que se comercialicen en la vía pública debido al peligro que representan.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.