De manera completamente insólita, el presidente de Copaco, Sante Vallese, demandó a la empresa pública que él administra, representa y dirige, mientras la compañía se encuentra al borde de la quiebra.

El pasado 2 de junio fue presentado en el Juzgado en lo Laboral, del Cuarto Turno, el juicio ordinario de Sante Erico Piero Valeese Verdolini contra Copaco sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos.

El monto que demanda en concepto de compensación por su jubilación ronda los G 543.454.097, atendiendo a que calculó sobre la dieta que él percibe como presidente y no por su condición de empleado que se suspendió cuando asumió como titular de Copaco.

Por otro lado, el pasado 10 de abril, el presidente de la compañía estatal se autorizó también el pago de su jubilación, en concepto de vacaciones no usufructuadas y aguinaldo proporcional.

Esta autorización autoconcedida por Vallese consta en la Notificación n.° 79 P, y la suma que el mismo debe percibir asciende a G. 30.240.800. Este documento ya se encuentra en el Departamento de Tesorería para su desembolso, sin haberse siquiera pagado todavía a la totalidad de los empleados sus salarios.

Así también Vallese fue beneficiado desde mayo del 2022, con la jubilación ordinaria del Instituto de Previsión Social (IPS), con lo cual además de cobrar su salario de jubilado, percibe desde ese entonces una dieta en concepto de presidente del directorio que oscila los G 32.000.000.

Dicho cobro doble del titular de Copaco se da mientras la situación financiera de la compañía va agravándose y los pagos de los haberes a los empleados registran actualmente ya casi dos meses de atraso. A eso se suma que el monto del seguro social es descontado mes a mes de los salarios de los funcionarios, pero no se abona al IPS desde hace seis meses.

El balance de la estatal registra una pérdida de más de G. 188.000 millones (US$ 26,1 millones al cambio actual) hasta diciembre del año pasado. Al borde la bancarrota, Copaco está haciendo las gestiones para que le otorguen una línea de crédito de G. 25.000 millones, a través de la modalidad de un fideicomiso, para cumplir con compromisos asumidos con proveedores.

El síndico Francisco Manzi no estaba de acuerdo con el nuevo negociado y por ello fue reemplazado por Julio César Ledesma, quien sería afín al directorio. De momento, Vallese espera que se apruebe su balance del 2022 para luego irse tranquilo a su casa.

Un incendio arrasó con una vivienda en el barrio Buen Jesús de la ciudad de Santa Rita, dejando a una familia sin casa. El siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 horas de hoy y destruyó por completo la propiedad.

Según el reporte policial, la propietaria, Marciane Aparecida Saucresssig Revinios, de 38 años, fue quien alertó a las autoridades sobre el incendio. La mujer indicó que las llamas se originaron en la cocina, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas.

Al lugar acudieron agentes de la Comisaría 18ª y bomberos voluntarios, quienes trabajaron para controlar el fuego y evitar su propagación a las viviendas vecinas. A pesar de sus esfuerzos, la vivienda resultó completamente destruida, dejando a la familia sin bienes materiales.

El diputado Marcelo Salinas confirmó al canal GEN que, junto con otros colegas, prevé presentar un proyecto de ley para incluir algunas modificaciones en la recientemente promulgada Ley N° 7447/25.

Uno de los aspectos a ser contemplados en este nuevo proyecto es el cálculo para fijar las tarifas de patentes vehiculares, incluyendo en ello a los automóviles de alta gama.

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Sobre el punto, explicó que buscarán hacer la diferenciación respecto a la procedencia y año de fabricación, de manera a que los vehículos más lujosos paguen más. Por otra parte, los rodados más antiguos tendrían una reducción en sus tarifas.

“Vamos a modificar el costo, pero el fondo de la cuestión vamos a mantener, que es la creación del Registro Nacional de Habilitación”, afirmó el parlamentario.

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La cuestión sobre el probable ajuste de la tarifa para habilitaciones vehiculares será analizada en conjunto con la OPACI y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).

“Vamos a presentar una vez que consensuemos todos”, refirió Salinas, anticipando que el documento tendrá mesa de entrada en la Cámara Baja la próxima semana.

“Nos vamos a enterrarle a mi nena, es una señora joven, ella no persiguió a nadie, ella estaba de espaldas, ella fue estironeada por el chico. Ella no tenía intención de bajar, solamente que la puerta estaba abierta. No puede ser que mi hija perdió la vida y estén diciendo que salió a correr detrás del delincuente”, dijo doña Lorenza, madre de Cinthia, en una entrevista con Ñandutí.

Contó que su hija trabaja en la Dirección de Catastro y que se encontraba en sus últimos días de vacaciones, por lo que aprovechó este tiempo para salir de paseo con sus hijos de 9 y 10 años, con quienes estaba regresando de una excursión. Utilizó el transporte público porque no tiene auto y porque deseaba que sus hijos aprendan a movilizarse en bus.

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“Eso a mí no me cabe, ¿por qué el chofer, si delante de él estaban haciendo todo eso, por qué no cerró la puerta antes de que se baje el tipo ese? Le acaban de matar a mi hija, una mujer trabajadora”, lamentó la madre.

En la casa colocaron un altar con la foto de Cinthia. Sus hijos están traumados con lo acontecido.

“Se arrodilló el más pequeño y le dijo que le cuide, que nunca le deje. No saben lo que eran sus hijos para ella. Les dejaron huérfanos a dos niños”, dijo la doña Lorenza de 76 años.

Cinthia vivía con su madre Lorenza y con sus hijos. Se encargaba de la crianza de ambos sin apoyo del padre, contó la desconsolada madre.