Un fulminante informe confidencial de una auditoría hecha por el propio Poder Ejecutivo revela la supuesta tremenda tragada de dinero en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Efraín Alegre. Pese a que se detectaron irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, tal como recomendaron los auditores.

Ante las aparentes sospechas que existían sobre los turbios manejos del entonces ministro Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas, fue encomendada una fiscalización de carácter confidencial que finalizó el 30 de noviembre del 2011, pero que fue cajoneada por el Poder Ejecutivo.

Recién ahora sale a luz el resultado de la Auditoría de Revisión Especial del Ejercicio Fiscal 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, que abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 5 de junio del 2011, cuando fue rajado por el entonces presidente Fernando Lugo.

Desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias varadas, son algunas de las irregularidades que fueron detectadas en el trabajo de los auditores al cual accedió el equipo de “La caja negra”. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era del liberal superaría los 37 millones de dólares.

Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento. El segundo instaba al Presidente de la República a impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo a deslindar las responsabilidades, y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, la decisión final fue archivar este informe de carácter confidencial que estaba limitado al Presidente y el ministro de Obras, y nunca se derivó a las instancias correspondientes para su investigación.

El procedimiento encabezado por el fiscal Ysrael Villalba  tuvo lugar en un depósito ubicado en el octavo piso del edificio Golden Asia, del microcentro de Ciudad del Este.  

Los artículos decomisados son juguetes consistentes en máscaras, muñecas, muñecos, transformers, entre otros, de las marcas Marvel, Hasbro y Disney, que totalizaron 13.662 unidades.

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La denuncia sobre el hecho fue radicada por el área de Lucha contra la Piratería y Falsificación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI).

En otro operativo similar, realizado también en el centro de la capital del Alto Paraná, la Fiscalía igualmente requisó gran cantidad de cargadores, audífonos, cables y capas de teléfonos celulares presuntamente falsificados. La denuncia en este caso fue presentada por representantes de la marca Apple.

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Todo lo decomisado en ambos procedimientos fue trasladado al depósito del Ministerio Público para su custodia. Mientras tanto, las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la responsabilidad de los propietarios de los locales intervenidos.

El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal Jorge Arce, en prosecución a la investigación y en cumplimiento de un mandamiento judicial que autorizó la entrega vigilada. 

Según la investigación, el funcionario habría solicitado la suma de 1.300.000 guaraníes, para agilizar trámites en el IPS a los efectos de acceder a beneficios jubilatorios.

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El operativo se realizó en una estación de servicio ubicada en Azara esquina Brasil, Asunción, donde en poder del detenido, se incautó la mencionada suma, como también documentos supuestamente expedidos por la Dirección del Registro Civil, con la finalidad de ser utilizados en el citado trámite.

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La víctima menciona en su denuncia que acudió a la Dirección de Jubilaciones del IPS, a fin de solicitar obtener beneficio jubilatorio para su padre, tras el fallecimiento de su madre, ocasión en que el investigado le habría solicitado dinero para iniciar los trámites y poder acceder en el menor tiempo posible a esos haberes.

“Se confunde a la gente. Usan como sofisma los números. La realidad es que el IPS es transparente”, indicó Vicente Bataglia, en conversación con Radio Nacional del Paraguay, al tiempo de agregar que la Previsional está obligada a comunicar todas las operaciones.

“El que de verdad quiere saber lo que hay en el IPS, tiene que entrar a los portales públicos. No hay nada escondido”, subrayó.

Asimismo, dijo que “es mentira que se usan los fondos y que la reserva se va a acabar”, en relación al uso del remanente de rentas de los años 2021 y 2022, correspondiente al Fondo Común de Pensiones.

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Bataglia señaló además que desde el IPS están abiertos a revisión de las cuentas. “Estamos tranquilos, no hacemos nada fuera de la legalidad”, expresó.

La postura de la Previsional al respecto es que la resolución representa una herramienta legal para hacer frente a los pagos de jubilaciones y que, viene siendo utilizada desde el 2020, para paliar el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 en los fondos de la institución.

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En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien aseguró que “no se puede tocar, es ilegal tocar los fondos”.

El mandatario enfatizó que los fondos de los jubilados no están en riesgo y el uso se enmarca dentro de la ley.