A través de sus redes sociales, Julio Fernández, director de Aduanas, instó a los Exportadores y Despachantes de Aduana a acompañar el proceso de implementación del escaneo de cargas contenerizadas, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la Resolución N° 456/2023, y de esa manera evitar contratiempos, ayudando a la seguridad a la cadena logística y desalentando el narcotráfico.

Ningún contenedor sin control: Instamos a los Exportadores y Despachantes de Aduana a acompañar el proceso de implementación del escaneo de cargas contenerizadas, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la Resolución N° 456/2023, y de esa manera evitar contratiempos.

— Julio Fernández Frutos (@econ_julio) April 10, 2023

En entrevista con la radio Universo, Fernández ahondó que existe reticencia de parte de algunos exportadores para la aplicación de estos controles de sus contenedores con los escáneres.

“Arrancamos con algunas dificultades porque fue un cambio tecnológico muy grande, nosotros no solo estamos escaneando sino que transmitiendo esas imágenes a controles remotos compartiendo a otros puertos. Gran parte del problema se debió a un cambio de reglas. Hay cierta resistencia. En general los exportadores llevan sus cargas a los puertos, allí deben hacer sus trámites para hacer sus exportaciones”, dijo.

El director explicó que actualmente los contenedores deben llegar a los puertos con un predespacho, es decir, un documento que aclara el contenido que está en el interior de la carga, para su posterior control con el escáner y luego se le coloca un precinto electrónico.

“Muchos contenedores fueron a los puertos sin llevar esa documentación, eso generó una congestión inicial. Eso se está regularizando. El sector privado siempre quiere imponer sus reglas. Pero, es Aduanas la que debe imponer esa regla de trazabilidad, seguridad y disminuir los riesgos de contaminación con cocaína”, refirió.

El titular de Adunas recalcó que en todos los puertos fluviales se está aplicando los escáneres modernos y está totalmente prohibido que un contenedor salga sin control. Sobre la resistencia que existe a este control dijo que en cierto punto es normal porque es un cambio radical el que se está haciendo. “Pasar a controlar pocos contenedores, a hacerlo con la totalidad. Con dos tipos de monitoreos: con escáner y con el precinto electrónico”, acotó.

No obstante, reconoció que llama la atención que existe enojo de parte de ciertos exportadores. “En vez de estar felices porque vamos a darles seguridad a sus cargas y se les disminuirá los costos porque ya no se les escaneará en el extranjero, acá nosotros como Gobierno estamos asumiendo los costos”, resaltó.

Al inicio de la implementación incluso hubo una protesta de camioneros que llegaron a los predios en horas de la madrugada sin la documentación requerida, pero luego se subsanó el inconveniente.

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El doctor Rubén Román, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación, confirmó que hace unos días recibieron a un menor de edad con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Se trata de un niño de 10 años oriundo de la localidad de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, que sufrió un accidente hogareño en la cocina.

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“Aparentemente estaba cocinando huevo frito y en un momento le salpicó (el aceite)”, confirmó el galeno a la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Las zonas que resultaron más afectadas son el rostro, el torso y el brazo izquierdo, esto luego de que se le haya derramado encima el líquido hirviendo.

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El pequeño paciente recibió los primeros auxilios y la curación para sus quemaduras, además de analgésicos para aliviar el dolor. De momento, permanece estable y fuera de peligro.

Román indicó que el menor sería dado de alta en unos días y que podría quedar con algunas cicatrices, aunque existen bajas probabilidades de que tenga otra secuela.

La propuesta tuvo origen en la Cámara de Senadores y luego del visto bueno de la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Legisladores que se manifestaron a favor de la propuesta señalaron que la sanción marcará un hito, pues será el primer convenio tributario de este tipo entre Paraguay y un país miembro de la Unión Europea, lo que contribuirá al comercio entre los países.

El diputado colorado Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó la aprobación de la iniciativa, teniendo en cuenta que este convenio facilitará la recepción y la promoción de las inversiones extranjeras.

“El presente convenio tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; y de esa manera facilitar el comercio transfronterizo y la inversión”, manifestó el legislador.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

Un Tribunal condenó hoy a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000.

Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.

El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes, una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. En principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.