El operativo estuvo a cargo de la Unidad Especializada en la Lucha contra la trata de personas y explotación sexual en niños y adolescentes, liderada por Natalia Acevedo e Isabel Arnold.

Las representantes del Ministerio Público allanaron la carbonera Paben SA, propiedad de un ciudadano español de nombre Jesús Panadero. El local se ubica en el Km 36,5 de la ruta Benjamín Aceval y según la denuncia se registraría una presunta explotación laboral contra los empleados.

La comitiva fiscal encontró a 50 personas, entre ellas, (dos embarazadas y un menor 17 años). De las oficinas incautaron varios documentos.

Los empleados manifestaron que son obligados a cumplir más de 12 horas, pues trabajan desde las 6:30 hasta las 17:00, con un salario que no alcanza al mínimo legal. A esto se suma que ni siquiera cuentan con seguro social y que no poseen equipamientos de seguridad ni de salubridad.

Carlos Rodríguez y Herminia Riquelme recibieron a los intervinientes y se identificaron como los integrantes de la carbonera.

El primer local comercial allanado denominado “La familia Leomar” se encuentra en la ciudad de Itá, ramal Ypacaraí, de donde se incautaron productos frutihortícolas de dudosa procedencia. Además, la patrulla móvil interceptó un camión de mediano porte en la misma zona repleto de mercaderías de contrabando.

En otro operativo en la ciudad de San Lorenzo, en un local comercial y depósito, de donde decomisaron también mercaderías de contrabando por sumas millonarias.

En otros procedimientos de la patrulla móvil, incautaron camionetas en la zona de Emboscada con cajas de tomate de contrabando.

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Entre los productos incautados en todos los operativos se encuentran: más de 400 bolsas de papa, 100 bolsas de cebolla, cajas de tomate y mercaderías varias, entre café, aceite y dulce de leche. Todos los productos son de origen argentino.

Según la institución, el perjuicio a los contrabandistas asciende a los G. 350 millones.

El operativo interinstitucional estuvo encabezado por la Dirección General De Prevención y Represión Del Contrabando y El Comercio Ilícito de la DNIT, a cargo de su director, Julio Martínez. Participaron también agentes del Departamento Especializado Contra Hechos Punibles Económicos, a cargo del comisario Rolando Benitez. Por parte del Ministerio Público participó la fiscala Myriam Rodriguez.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de la Mujer, el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible en Paraguay, implementado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) con apoyo de la Unión Europea y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El encuentro inició con las palabras del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Juan Ramón Benegas, quien expresó que la violencia contra las mujeres indígenas va más allá de lo físico y comprende una realidad muchas veces invisibilizada, como la exclusión y la discriminación. “Esto afecta profundamente a las mujeres y pone en riesgo la cohesión social, cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Enfrentar este desafío exige un esfuerzo conjunto y coordinado, en el que el respeto por los derechos humanos y la cultura indígena sean los pilares de nuestra acción, para así devolverles una vida digna y libre de miedo”, mencionó.

En el seminario explicaron que los trabajos realizados en los últimos dos años consistieron en reuniones con mujeres indígenas de diferentes etnias y edades con el objetivo de conocer sus vivencias en relación a la violencia, tanto dentro de sus comunidades como fuera de ellas, así como las estrategias implementadas; identificar las barreras existentes y buenas prácticas por parte de las instituciones del Estado como la policía, centros de salud y juzgados de paz, entre otras; y construir participativamente una propuesta de abordaje integral, respetuosa y no discriminativa.

El proceso de trabajo arrojó que los principales factores institucionales que influyen en la violencia incluyen las actitudes y procedimientos frente a las denuncias, el conocimiento limitado que tienen las entidades públicas sobre las comunidades indígenas en los territorios y la escasa presencia del Estado en las zonas donde se encuentran estas comunidades.

Por otra parte, los logros alcanzados abarcan la construcción de una propuesta de abordaje integral con una perspectiva de derechos e intercultural, la elaboración de un manual de capacitación para el funcionariado público sobre cómo abordar la violencia hacia las mujeres indígenas, y la consolidación de compromisos y acciones concretas para combatir la violencia en estas comunidades.

Se trata de una aeronave Lockheed C-130B “Hércules” de procedencia estadounidense y perteneciente a la Fuerza Aérea de Uruguay. Su llegada al país está prevista para las 9:00 horas de este jueves en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

La aeronave tiene una capacidad de 16.00 litros de agua y servirá de apoyo al personal de tierra que se encuentra trabajando en el Chaco Paraguayo contra los incendios forestales.

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“Este anuncio es realmente importante, porque tenemos que apoyar al personal de tierra. Quiero repetir los agradecimientos al Gobierno de Uruguay por la rápida respuesta que dio a esta petición”, expresó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.

El ministro aclaró que la presencia de esta aeronave no implica que paren los trabajos del personal de tierra. A su vez, anunció que se apoyarán las tareas con dos aviones cazas 212 y helicópteros de la Fuerza Aérea.

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La aeronave perteneciente a Uruguay estará en nuestro país hasta el término de la misión.

Asimismo, se prevé que esta noche salgan de Asunción tres camiones cisternas con capacidad de 10.000 litros de agua cada uno para abastecer la aeronave.