El abogado Diego Fernández, asesor jurídico de la División de Pérdida Eléctrica de la ANDE habló sobre el procedimiento que realizaron ayer en conjunto con el Ministerio Público en la ciudad de San Antonio, donde se logró detectar una estructura montada para la sustracción clandestina de energía en una minería de criptomonedas.

Fernández informó que la planta allanada contaba con 8 transformadores y estimó que el consumo sería de más de 4.000 KVA. “Lo que se estaba robando es algo grandioso, estaban instaladas 3 megas que sirven para abastecer a más de 3.000 viviendas que utilizan el servicio en baja tensión”, expresó en diálogo con 1000 AM.

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En esa línea, detalló que la denuncia fue presentada por los vecinos a raíz de los constantes cortes de energía eléctrica, que eran mucho más frecuentes en los últimos meses y que ocasionaban constantes quemas de electrodomésticos.

“El establecimiento contaba con medidores que solo servían como pantalla, porque no registraban consumo alguno. Habían unas 3.000 máquinas instaladas que constantemente generaban procesos, lo que demanda un gran consumo de electricidad”, afirmó.

El funcionario de la ANDE indicó que luego del procedimiento, retiraron el servicio, pero los equipos quedaron en el sitio por disposición fiscal. “Uno de los transformadores que encontramos ahí era de 2.000 kva, uno de 100kVA abastase por ejemplo a toda una manzana, este transformador abastecía 100 veces más”.

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Por último, dijo que los responsables de la sustracción ilegal de energía se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa, según establece el Artículo 173 del Código Penal.

Cabe mencionar que la ANDE creó el “Grupo de Consumo Intensivo Especial; grupo tarifario” para los clientes dedicados al rubro de minería de criptoactivos

La jefa de Relaciones Públicas, inspectora Patricia Ferreira, mencionó que con la calzada bloqueada solo para uso de peregrinantes, los automovilistas están circulando en dirección Caacupé a Asunción en doble sentido.

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“Ahora mismo los peregrinos están circulando en contrasentido a la circulación vehicular, cuando lleguen al km 50 se encontrarán con una pasarela peatonal y van a cruzar para el otro lado para continuar su camino”, expresó al inspectora en conversación con radio Ñanduti.

Ferreira indicó que hasta el momento, no se registraron inconvenientes con los automovilistas e instó a todas las personas que van hasta la Villa Serrana a respetar las señales de tránsito.

Por otra parte, recuerdan que los conductores pueden presentar documentos digitales a la hora de los controles, no así la habilitación municipal.

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El informe del Ministerio Público indica que el fiscal Villalba también solicitó la elevación de la causa a juicio oral. El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado de Garantías número 8, a cargo de la magistrada Paola Nagele.

De acuerdo con los antecedentes, el extranjero contaba con locales comerciales denominados “Novamed”, en algunos edificios de Ciudad del Este, donde vendía al por mayor y presuntamente de manera irregular maquinarias y equipos para uso médico y hospitalario.  Estas mercancías carecían de la documentación que acredite su introducción legal al país y no contaban con la autorización sanitaria correspondiente, según la acusación fiscal.

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Tras la denuncia recibida por el Ministerio Público, funcionarios de la Unidad Nº 1 en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo realizaron una compra vigilada en el comercio en cuestión, en cumplimiento a una autorización judicial. Los intervinientes, que se hicieron pasar como clientes, adquirieron 10 unidades de frascos de Israderm 100 UI, cuyo pago fue realizado a través de depósito bancario a cargo del banco Sudameris a nombre de la firma Pytangy.

Según la investigación, la firma intervenida es una organización que cuenta con una estructura y metodología de operación para la comercialización de los productos ingresados irregularmente del extranjero, que posteriormente se ofertaban a través de varios locales comerciales que funcionan en el microcentro de Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero, conforme señala el escrito fiscal.

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Asimismo, ofrecían sus mercaderías a través de páginas virtuales en las redes sociales, sin contar con el registro sanitario correspondiente, según el informe de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). A raíz de estas irregularidades, el fiscal Ysrael Villalba dispuso, en su momento, la imputación de Toufi Mohamed El Safadi por los supuestos hechos punibles de contrabando y comercialización de medicamentos no autorizados.

El reporte refiere que desde el inicio de la cobertura Caacupé, la cartera sanitaria realizó 5.181 asistencias médicas a peregrinantes, desde los puestos sanitarios provisorios y fijos instalados para la causa. De este número, 41 fieles fueron derivados a centros asistenciales.

Hasta el momento no se registró ningún caso de gravedad ni fallecimiento. En cuanto a los casos predominantes de consultas se encuentran: vómitos, diarrea, cefalea, dolores musculares, ampollas, hipertensión arterial, control de presión arterial.

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Asimismo, desde Salud recuerdan que, se encuentran disponibles las líneas 141 para pedido de ambulancias, 132 para bomberos y 911 para la Policía Nacional, ante cualquier emergencia.