Personal del Departamento de Investigaciones de Itapúa y funcionarios del Ministerio Público allanaron este viernes una vivienda ubicada en el barrio Jardín del distrito de Cambyretá.

El allanamiento se llevó a cabo a raíz de denuncias sobre el supuesto funcionamiento de una clínica clandestina dedicada a practicar abortos en este domicilio particular.

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En el lugar se constató que, aparentemente, sí se desarrollaba la práctica médica de manera irregular, manifestó la fiscal Griselda González.

Se incautaron medicamentos, sueros, guantes estériles, jeringas, una camilla portátil, además de sondas, elementos quirúrgicos y desechos hospitalarios, según el informe proveído por la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Así también, se lograron encontrar varias ropas interiores con manchas que presuntamente serían de sangre humana. Las mismas serán sometidas a análisis para confirmar esta presunción.

“Los indicios hallados dan cuenta de que podrían efectuarse abortos clandestinos“, enfatizó la agente fiscal.

En la noche de este martes se reportó un incidente que involucró el uso de armas de feugo en jurisdicción del Cuarto Barrio de Luque, dejando como saldo una persona herida.

Se trata de Arnaldo Gabriel Martínez Insfrán, de 25 años, quien acusó dos impactos de bala en el cuerpo y fue trasladado al Hospital General de Luque para recibir atención médica.

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Testigos manifestaron a la Policía que un grupo de hombres armados que se desplazaba a bordo de una lujosa camioneta sin chapa protagonizó este atentado en plena vía pública.

Tras realizar un intenso rastrillaje por la ciudad, los agentes policiales finalmente localizaron el vehículo, una Toyota tipo 4Runner color bordó, en cuyo interior se desplazaban un total de seis personas.

Las mismas fueron identificadas como Marcelo Agustín Mendoza Morales (31), Brian Marcelo Díaz Zárate (20), Miguel Ángel Orué Espínola (43), César Francisco Zárate Duarte (38) y dos adolescentes de 16 años. La mayoría de ellos cuenta con antecedentes penales.

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En el interior del rodado hallaron una escopeta calibre 12 con seis cartuchos sin percutir, un revólver calibre 38 con seis cartuchos sin percutir, además de 125 moñitos de crack y dinero en efectivo de baja denominación.

Según los datos que maneja la Policía, el trasfondo de este ataque a tiros sería un conflicto vinculado a la comercialización de estupefacientes, por lo que los autores serían presuntos microtraficantes.

William Wilka, nuevo presidente de Petropar, explicó que desde el 1 de marzo, fecha del inicio del conflicto bélico, están observando los números del petróleo, que desde entonces tuvo una suba sostenida, aunque aflojó un poco en los días recientes.

“La idea es no tomar ninguna decisión en forma apresurada que pueda generar una incertidumbre en el mercado local”, expresó Wilka, en un contacto telefónico con la emisora Universo 970 AM.

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A diferencia de los emblemas privados, que desde la semana pasada hablan de la necesidad de un reajuste de precios, Petropar tiene la ventaja de contar con la mayor capacidad de tancaje: 300.000 m3. Esta medida otorga fácilmente tres a cuatro meses de stock, por tanto, hay mayor margen de compra y de volumen.

“Por lo menos esta y la otra semana podemos aguantar todavía y esperamos que en ese lapso el petróleo pueda tener un comportamiento a la baja en el mercado”, afirmó Wilka.

Otra de las instrucciones que recibió el nuevo presidente de Petropar es mantener un diálogo directo con los caficultores, quienes se manifiestan desde ayer en reclamo de la culminación del tren de molienda.

El jefe departamental recordó, en entrevista con GEN, que el acuerdo con los productores se firmó en octubre del año pasado, luego de un paro del sector, con autoridades del Gobierno de ese momento. En aquella ocasión participaron el entonces titular de Petropar, Eddie Jara, el entonces ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez y el ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Según Sosa, tras ese compromiso se siguieron todos los procedimientos administrativos para impulsar la obra. El proceso incluyó un nuevo llamado a licitación que fue elevado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en diciembre y publicado oficialmente en enero.

El plan avanzaba con normalidad y la apertura de sobres estaba prevista para el 27 de febrero. Sin embargo, pocos días antes la empresa vinculada al proceso anterior, que había sido adjudicada por el abdismo pero que no terminó la obra, presentó una acción judicial que volvió a frenar el procedimiento.

“Dos o tres días antes la empresa EISA mete algo judicial y tranca el proceso”, explicó el gobernador, al señalar que el conflicto pasó al ámbito judicial, lo que escapa a la gestión directa de las autoridades.

Sosa sostuvo que el objetivo del Gobierno es destrabar la situación y cumplir con el reclamo histórico de los cañicultores de contar con un nuevo tren de molienda que permita mejorar la producción y el procesamiento de caña de azúcar en la planta de Troche.

El gobernador indicó que el presidente de la República, Santiago Peña, autorizó la realización de un nuevo llamado a licitación para avanzar con el proyecto, aunque la judicialización volvió a paralizar el proceso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen conversaciones con los productores para explicar el estado de las gestiones y buscar una salida al conflicto. Según Sosa, el tema también fue abordado recientemente por ministros del Ejecutivo que se reunieron con los cañicultores y se prevé que el caso sea analizado en el ámbito de la Presidencia.

El gobernador pidió además a los productores y a la ciudadanía “no tener memoria corta” y recordó que el conflicto se originó en el proceso licitatorio del periodo anterior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y que hasta hoy sigue generando trabas para concretar el proyecto.

La obra, adjudicada inicialmente a la empresa EISA (de Alberto Palumbo) y luego cedida a Ocho A S.A. (de Luis Alberto Pettengill), debía estar operativa en 2023 y permitir el aumento de la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez. La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.

El proceso de construcción del nuevo tren de molienda en Troche estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. Un informe de auditoría interna de 2023 realizado por Petropar, reveló anticipos millonarios otorgados para obras en la planta, que suman 38.440 millones de guaraníes, sin una verificación clara del avance.

Además, la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, realizada en el mismo año, expuso que durante el ejercicio fiscal 2022 se realizaron pagos por 41.815 millones de guaraníes por la instalación de la nueva línea de molienda, de los cuales 30.949 millones corresponden a trabajos inconclusos o sin evidencia de ejecución.

A su vez, en diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impuso una multa de 2,5 millones de dólares por las falencias y retrasos en la ejecución de las obras. El informe de verificación realizado por la DNCP concluyó que la planta no cumple con varios de los ítems establecidos en el contrato, a pesar de los millonarios desembolsos realizados.

El contrato inicial con EISA, firmado en 2021 bajo la administración de Denis Lichi, fue cuestionado desde el principio por su elevado costo, seis veces mayor que instalaciones similares en Brasil. La adjudicación fue por 195.299 millones de guaraníes (28,7 millones de dólares). Posteriormente, la empresa subcontrató a Ocho A S.A. para completar la obra, pero los problemas continuaron.