Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Hace unos días se generó toda una polémica en Twitter a raíz de la publicación del alquiler de una vivienda en la ciudad de San Bernardino cuyo costo llegaba a los US$ 12.000.

Dentro del debate, fueron varios los que aprovecharon para cuestionar la realidad que se vive hoy día en el sector inmobiliario, con altos precios que a veces superan toda posibilidad financiera.

Si observar el panorama de este rubro, podemos percatarnos que, de buenas a primeras, hay viviendas, departamentos o duplex que pueden fácilmente llegar a los US$ 2.000 en ciertas ubicaciones, principalmente barrios residenciales de Asunción.

Ahora bien, la pregunta obligada que muchos se hacen es ¿existe un abuso de precios o esta parte de la ley de la oferta/demanda?

El economista Amilcar Ferreira afirma que actualmente el mercado inmobiliario podría segmentarse en dos grupos importantes: el primero, representado por aproximadamente el 70% de los propietarios que utilizan sus inmuebles como una especie de “caja de ahorro a largo plazo”; el segundo, con el 30% restante que sí dependen de sus propiedades para generar ingresos y por ello tratan de venderlas o alquilarlas a corto plazo, a veces a un menor precio para poder cubrir sus necesidades.

En lo que respecta al primer grupo, sostiene que los propietarios no se rigen bajo los parámetros convencionales a la hora de fijar precios y, a su vez, no tienen apuro en vender a alquilar si es que el costo no les favorece.

“Independientemente de lo que pase, si la economía cae, igual ellos no reducen los costos que han establecido de antemano, no están pendientes de esa venta o alquiler ya que no viven de eso”, señaló.

Sobre este punto, explicó que en otros países si la economía tiene un bajón, eso también se refleja en el valor de los inmuebles, generando en consecuencia una disminución en el valor de las propiedades, lo cual no se visualiza en Paraguay.

Por otra parte, en el segundo grupo de propietarios uno sí puede observar un ajuste de precios en base a la coyuntura económica ya que, como la demanda se encuentra afectada, cuesta más vender un casa o departamento, manifestó.

“El hecho de que la mayor parte del mercado inmobiliario esté compuesto por propietarios de gran patrimonio hace que no se vea una reducción de precios ante la caída de la economía, que es lo que uno espera”, enfatizó el economista.

En lo que se refiere al caso puntual de San Bernardino, sostiene que es “una burbuja inmobiliaria”, dado que se habla de inmuebles muy específicos dirigidos a un segmento muy pequeño de gente con mayor poder adquisitivo y que busca alquilar, principalmente durante la temporada veraniega.

La diferencia con años anteriores radica en que este año no habrá posibilidad de viajar al exterior a consecuencia de la pandemia de COVID-19, motivo por el cual serán varios los que optarán por buscar pasar sus vacaciones o tiempo de ocio dentro del territorio nacional. Esto hace que los precios también se disparen.

Uno de los temas planteados durante el debate sobre alquileres en San Bernardino fue la eventual regulación al sector inmobiliario, a fin de evitar que se cometan abusos en este segmento. Respecto a este punto, Ferreira se mostró en contra de impulsar una iniciativa de este tipo dado que, a su criterio, los precios deben fijarse libremente basándose en la ley de la oferta/demanda.

Pese a ello, dejó en claro su posición de que desde el mismo Gobierno se debería impulsar una política habitacional que ayude a personas de clase baja o media a acceder a una casa propia, esto mediante planes más efectivos para financiación de compra o construcción de viviendas. Incluso, sostiene que se debería apuntar a construir viviendas sociales y bloques de departamentos destinados exclusivamente a este sector de la población.

LA MIRADA DESDE EL PROPIO SECTOR INMOBILIARIO

Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), también habló sobre esta cuestión y primeramente aclaró que la oferta y a demanda es la que fija los precios en el mercado.

Yendo más a profundidad en la cuestión de los costos, explicó que el precio en el que se cotiza una propiedad, sea en Asunción o cualquier otro lugar, depende en gran medida de la ubicación, el valor de la tierra y otros factores como el tipo de vivienda edificada, los materiales utilizados, la terminación y hasta los impuestos inmobiliarios.

Como ejemplo, mencionó que un departamento en uno de los barrios residenciales de la capital puede costar mucho más que un departamento en ciudades periféricas como Fernando de la Mora o San Lorenzo.

De esta manera, Constantino desmiente que exista un abuso por parte de quienes operan en el rubro inmobiliario, tal y como acusan algunos. A su criterio, la cuestión más bien radica en la realidad que se vive dentro del mercado local, que casi siempre se contrapone a las pretensiones o expectativas que tienen algunos.

“El problema no viene porque haya alquileres abusivos, veo que hay un problema de acceso al crédito que hace que la gente no pueda comprar su casa propia y tenga que alquilar”, sostuvo durante la entrevista, señalando como responsables a las entidades bancarias que no ofrecen líneas de crédito acorde a las necesidades reales del público.

Esta problemática hace que gente de menos recursos económicos tenga que salir de Asunción y buscar un lugar para vivir en ciudades periféricas, también llamadas hoy día “ciudades dormitorio” donde los costos son más razonables.

A su criterio, esta disputa por los costos y la demanda en el mercado se va a solucionar solamente cuando haya un acceso a la vivienda mejor, lo cual a su vez será posible en el momento en que el propio gobierno tome las riendas y establezca una política habitacional.

Para ello, propone facilitar créditos que estén orientados exclusivamente a quienes deseen comprar o construir una vivienda propia, además de facilitar la adquisición de los terrenos y la posterior edificación a través de financiación por parte de las inmobiliarias o los bancos.

En la sesión extraordinaria de ayer, la Cámara Alta incluyó en el orden del día el proyecto de ley que exonera del pago de impuestos y tasas a la importación de vehículos especializados donados y/o adquiridos a las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay.

Los tributos exonerados son: el IVA, el Impuesto Aduanero a la Importación, la tasa de despacho aduanero y cualquier otro gravamen aplicable al ingreso de estos bienes.

Se incluyen en la exoneración a camiones hidrantes, vehículos de rescate, unidades de intervención rápida, ambulancias destinadas a la atención de emergencias y cualquier otro vehículo de uso exclusivo de bomberos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio Ovelar, solicitó la postergación por ocho días, bajo el argumento de que el titular de la DNIT, Óscar Orué, no se presentó a la reunión en la que debía dar su parecer como institución afectada.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de diciembre pasado y tendrá sanción automática el próximo 31 de mayo, razón por la cual no queda mucho tiempo para expedirse al respecto.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo emitió un dictamen por el rechazo de la propuesta.

Carlos Acuña, fiscal de la Unidad Penal 2 de Fernando de la Mora, imputó a Elías Cabral por abandono e incitación a cometer a hechos punibles, y a Pedro Ismael Ferreira Verdún y Rodrigo Andrés Piatti Morínigo por perturbación de la paz pública.

La audiencia de imposición de medidas cautelares será el próximo 28 de mayo, es decir, dentro de una semana, a las 8:00 de la mañana.

Personas de la tercera edad, oriundas de diferentes puntos del país, se manifestaron durante más de un mes frente al Ministerio de Desarrollo Social, con base a información que recibieron de parte de Cabral.

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El dirigente procesado les dijo a los ancianos que todos tienen derecho a cobrar automáticamente desde los 65, omitiendo el método de ingreso gradual que está explícitamente en la ley.

Si bien la edad mínima para ser beneficiario es de 65 años, el mecanismo de ingreso al programa de pensión universal de Adultos Mayores se realiza de mayor a menor, según lo establece la ley promulgada en diciembre del 2024.

Después de instarlos a reclamar el cobro, el autodenominado coordinador abandonó a estas personas en la calle, a sabiendas de que todavía no cobrarían y que la espera a la intemperie sería en vano.

La última tanda de abril incorporó a las personas que cumplieron 68 años hasta noviempbre pasado. El cupo de 30.000 nuevos ingresos por año ya se completó, pero todavía habría disponibilidad para un pequeño grupo.

En la sede de la Dirección General de Empleo, sobre avenida Perú y Río de Janeiro, en Asunción, desde las 8:00 de la mañana, será la feria de empleo organizada por el Ministerio del Trabajo.

Las empresas Hidrovías del Paraguay SA, Interbarge de Paraguay SRL, Naviera Chaco SRL, LHG Navegación SA, Cargo Line Paraguay SA, Navemar SA, Girona SA, Paramar SA, Paranave SA y UABL PY participan de la actividad.

Las ofertas laborales son para

Marinero (33)

Engrasador (18)

Cocinero (11)

Patrón baquero (4)

Jefe de máquinas (3)

Marinero aprendiz (3)

Práctico sur (3)

Práctico (2)

Analista de tecnología embarcada TL (1)

Jefe de máquina relevante (1)

Calderero/soldador (1)

Analista de planificación (1)

Capitán (1)

Representante comercial (1)

Asistente de operaciones

Forwarding (1)

Chofer (1)

Engrasador aprendiz (1)

Analista de HSEQ (1)

Todas estas vacancias están publicadas en el portal Emplea Py, cada una con sus condiciones, requisitos y salarios, los cuales, van desde el mínimo legal vigente hasta seis millones de guaraníes.