Altos jefes militares, en la mira tras intento de entrega a Tío Rico
La Fiscalía indaga hasta dónde llega la implicancia de la estructura militar en el intento de entrega de un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, quien está recluido en la cárcel de Viñas Cue.
En entrevista con el canal GEN, el fiscal Francisco Cabrera se refirió al caso del coronel Luis María Belotto, quien fue imputado tras intentar facilitar un celular a Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”.
“Quisieron aprovechar su rango de coronel, su posición estratégica se quiso aprovechar. Pero se encontró con otro militar de menor rango que evitó el ingreso”, refirió el investigador.
Consultado sobre si la investigación indagará si otros altos militares también están implicados en este caso, Cabrera mencionó que se debe cortar de raíz el esquema. “El caso tiene su gravedad por la persona a quien pretendía beneficiar. Es una estructura que muestra su poder, que va encontrando las grietas para entrar. Se tiene que cortar de raíz esto porque de lo contrario seguirán los ofrecimientos, será algo de nunca acabar”, expuso.
El fiscal interviniente mencionó además que las autoridades de Viñas Cue fueron quienes comunicaron a la jueza Rosarito Montanía de las irregularidades que se estaban registrando en la cárcel, entre ellas el soborno a un militar de menor rango y luego el paquete de yerba (donde estaba el celular) que pretendió introducir la esposa del coronel Belotto.
Ordenan prisión para el militar que operó a favor de "Tío Rico".
📞Fiscal Francisco Cabrera.
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Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Osmar Legal imputaron al coronel Belotto por la supuesta comisión del hecho punible de soborno agravado.
El uniformado es acusado de haber intentado sobornar por la suma de G. 10 millones a otro militar en la cárcel de Viñas Cué para proveer un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
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Alba Lidia Ale de Belotto, esposa de Luis María Belotto, sería quien habría ofrecido en varias oportunidades al encargado de la seguridad de Viñas Cue dinero en efectivo y otros beneficios, según la Fiscalía, motivo por el cual también fue imputada.
Muerte de niña de 3 años en Trinidad: “Se descarta cualquier tipo de abuso sexual”
La autopsia realizada a la niña de 3 años que llegó al Hospital de Trinidad sin signos de vida, arrojó como resultado la ausencia de lesiones de índole sexual. Sin embargo, los padres seguirán detenidos y bajo investigación del Ministerio Público.
“Se descarta cualquier tipo de abuso sexual reciente o anterior. Las lesiones que fueron halladas es por el uso del pañal”, confirmó el fiscal Jorge Romero, tras la autopsia realizada a la niña de 3 años quien fue atendida en el Hospital de Trinidad, donde ya llegó sin signos de vida.
El fiscal sostuvo que a pesar de descartar lesiones de índole sexual, todavía la causa de muerte no fue confirmada. Al respecto, se esperará el informe final forense.
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Sobre el punto, mencionó que el cerebro de la niña se encontraba bastante inflamado, lo que es compatible con una enfermedad infecciosa. “La causa no es traumática, no hubo abuso. Posiblemente sea por una infección no tratada”, indicó.
Asimismo, señaló que los padres de la menor serán convocados a una audiencia de declaración indagatoria, ya que la niña presentaba síntomas de desnutrición y deshidratación, que podría enmarcarse en el hecho de violación del deber de cuidado.
Imputan a funcionaria y policía por sustracción de evidencias de depósito fiscal en Saltos del Guairá
La Fiscalía resolvió imputar a una funcionaria del Ministerio Público y a un agente policial por la “reventa” de vehículos incautados del depósito de evidencias ubicado en Saltos del Guairá.
El fiscal Óscar Paredes formuló imputación contra Alba Amarilla Ojeda y Joaquín Morel Núñez, alias “Gallo”, funcionaria de la Fiscalía y agente de la Policía Nacional, respectivamente.
Estas dos personas se encuentran procesadas por los hechos punibles de apropiación, hurto, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
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Según la acusación, Amarilla y Morel tendrían implicancia en la sustracción de vehículos que estaban incautados en el depósito de evidencias de la Fiscalía de Saltos del Guairá.
La investigación inicialmente estaba a cargo del fiscal Ramón Fereira, quien acabó siendo recusado, razón por la que intervino el fiscal Paredes y resolvió imputar a estas dos personas. A ellos se le suma el mecánico Rodolfo Amarilla Sanabria, quien fue procesado por reducción.
En su calidad de encargada del Depósito de Evidencias, Amarilla se habría confabulado con el agente policial, quien es propietario de un desarmadero, de manera a hacerle entrega de una camioneta que permanecía incautada en el lugar.
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Para cometer esta y otras acciones similares, la funcionaria confeccionaba oficios fiscales, falsificaba las firmas y sellos del fiscal Ramón Ferreira, de modo a fraguar para simular la legalidad del trámite administrativo.
En estos momentos, Alba Amarilla se encuentra prófuga de la justicia y en estado de rebeldía, además de quedar suspendida sin goce de sueldo en el Ministerio Público.
Retiran cartelería irregular en la Avenida Silvio Pettirossi para mejorar la seguridad vial
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) retiraron en la mañana de este jueves la cartelería que se había instalado de manera irregular en varios tramos de la ruta D025, en Luque.
Las labores se concentraron en la avenida Silvio Pettirossi, en las inmediaciones del Aeropuerto, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación visual.
Cabe mencionar que, estos carteles publicitarios obstaculizaban las señalizaciones oficiales del MOPC, afectando la información que se brinda a la ciudadanía.
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Los procedimientos, llevados adelante en coordinación con el Juzgado de Faltas de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y la Policía Nacional, tienen la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial, que en su Artículo 43 prohíbe la instalación de elementos que limiten señales de tránsito o que afecten la visibilidad de los conductores, considerando estas infracciones como faltas graves.