Altos jefes militares, en la mira tras intento de entrega a Tío Rico
El Coronel Luis María Belotto guardara reclusión en el Comando del Ejército. Foto: Gentileza.
La Fiscalía indaga hasta dónde llega la implicancia de la estructura militar en el intento de entrega de un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, quien está recluido en la cárcel de Viñas Cue.
En entrevista con el canal GEN, el fiscal Francisco Cabrera se refirió al caso del coronel Luis María Belotto, quien fue imputado tras intentar facilitar un celular a Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”.
“Quisieron aprovechar su rango de coronel, su posición estratégica se quiso aprovechar. Pero se encontró con otro militar de menor rango que evitó el ingreso”, refirió el investigador.
Consultado sobre si la investigación indagará si otros altos militares también están implicados en este caso, Cabrera mencionó que se debe cortar de raíz el esquema. “El caso tiene su gravedad por la persona a quien pretendía beneficiar. Es una estructura que muestra su poder, que va encontrando las grietas para entrar. Se tiene que cortar de raíz esto porque de lo contrario seguirán los ofrecimientos, será algo de nunca acabar”, expuso.
El fiscal interviniente mencionó además que las autoridades de Viñas Cue fueron quienes comunicaron a la jueza Rosarito Montanía de las irregularidades que se estaban registrando en la cárcel, entre ellas el soborno a un militar de menor rango y luego el paquete de yerba (donde estaba el celular) que pretendió introducir la esposa del coronel Belotto.
Ordenan prisión para el militar que operó a favor de "Tío Rico".
📞Fiscal Francisco Cabrera.
💻https://t.co/fYMaekk5tL
🎙 @jtorresromero @aleviocaca @MichelinOrtiz @isabellaolcese @Junior7Cardenas pic.twitter.com/PsPdLoeMKP— GEN (@SomosGEN) June 5, 2023
Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Osmar Legal imputaron al coronel Belotto por la supuesta comisión del hecho punible de soborno agravado.
El uniformado es acusado de haber intentado sobornar por la suma de G. 10 millones a otro militar en la cárcel de Viñas Cué para proveer un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
Leé también: Detienen a un militar ebrio, de contramano sobre Palma
Alba Lidia Ale de Belotto, esposa de Luis María Belotto, sería quien habría ofrecido en varias oportunidades al encargado de la seguridad de Viñas Cue dinero en efectivo y otros beneficios, según la Fiscalía, motivo por el cual también fue imputada.
Leé también
Aspirante a contralor, apartado por “mentir” al Senado: lo destituyeron tras liberar a narco
Edgar Hernán Sosa había sido destituido por el JEM en el año 2013. Foto: Gentileza.
Uno de los postulantes al cargo de Contralor General fue descalificado del proceso en el Senado, luego de confirmarse que había sido destituido años atrás por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata del abogado Edgar Hernán Sosa, quien era uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de la República y que ahora queda fuera del proceso de selección.
Esta decisión fue comunicada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún, luego de un análisis de sus antecedentes.
Nota relacionada: Llaman a concurso para el cargo de contralor general
De acuerdo con la nota suscrita por el senador, esta decisión se fundamenta en que el postulante se encuentra comprendido dentro de los impedimentos previstos en el artículo 5° de la Ley N.° 276/94.
Según se pudo constatar durante el análisis documental, Sosa había sido destituido en el año 2013 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a raíz de la liberación de un supuesto narcotraficante, de nombre Damián Álvarez Frutos, cuando se desempeñaba como juez en Ciudad del Este.
Leé también: El llamativo antecedente de los últimos contralores propuestos por la oposición
A esto se suma el hecho de que Sosa omitió brindar esta información al Senado, afirmando nunca haber recibido sanciones administrativas, lo cual finalmente acabó corroborándose con una verificación más rigurosa.
Un total de 49 postulantes se inscribieron en el Senado para competir por los cargos de Contralor General y Subcontralor de la República para el periodo 2026-2030.
El juicio contra Nicolás Maduro iniciará el 1 de junio de 2027
Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña, el 3 de enero de 2026. Foto: Federico Parra/AFP
El depuesto líder de Venezuela asistió hoy a su tercera audiencia en una corte de Nueva York. El juez Alvin Hellerstein estableció la fecha para el comienzo del proceso por narcotráfico y fijó una vista especial para noviembre sobre la inmunidad del acusado.
Nicolás Maduro compareció este miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión duró pocos minutos y definió el futuro procesal del exmandatario y su esposa, Cilia Flores. El juez Alvin Hellerstein anunció el 1 de junio de 2027 como el día formal para el inicio del juicio oral.
El acusado enfrenta cuatro cargos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína hacia Estados Unidos. Maduro ingresó a la sala con un uniforme carcelario de color beige y escuchó la traducción mediante auriculares.
Lea también: Inundaciones en Alto Paraguay: dan luz verde a la declaración de emergencia
Esta comparecencia constituye su tercera aparición ante la justicia neoyorquina desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero.
La defensa técnica, encabezada por el abogado Barry Pollack, busca la desestimación total del expediente. El equipo legal de Maduro presentará una moción de inmunidad soberana el próximo 17 de noviembre. En esa jornada, los defensores argumentarán que Maduro posee protección jurídica por su antiguo cargo de jefe de Estado.
Por su parte, la fiscalía entregará el grueso de las pruebas clasificadas también en noviembre de 2026. El cronograma incluye una segunda ronda de mociones para el 11 de enero de 2027. Mientras el proceso avanza, Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn
Embarazada fue despedida de forma injusta y ahora cobrará G. 80 millones
La mujer denunció haber sido despedida, pese a encontrarse en etapa de gestación. Foto: ilustrativa.
Una trabajadora que había sido desvinculada de una empresa distribuidora ahora cobrará una millonaria indemnización, luego de varios años de litigio judicial, gracias a la ayuda de una defensora pública.
La abogada Alba Mariela Giménez de Vera, Defensora Pública en lo Laboral del Segundo Turno de la Capital, tomó intervención en un caso de despido injustificado que tuvo como afectada a una trabajadora en etapa de gestación.
Según los antecedentes, esta mujer había sido desvinculada en el año 2022 de una empresa distribuidora mientras se encontraba embarazada, motivo por el que inició una demanda contra la firma en cuestión.
Te puede interesar: Hallan marihuana premium en juguetes y cargador de baterías
En este caso puntual, la acción judicial consistió en una demanda de nulidad de despido y cobro de guaraníes, la cual tuvo curso favorable en primera instancia gracias al fallo del Juzgado Laboral.
Un juez ordenó el reintegro de la trabajadora, el pago de salarios caídos y la regularización de sus aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó sustancialmente dicha decisión.
Sin embargo, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad, medida que amenazaba con prolongar el litigio y seguir postergando el acceso de la afectada a la reparación económica reconocida previamente por la Justicia.
Leé también: Ataque en Canindeyú toma por sorpresa al CODI: No hubo alerta de inteligencia
Gracias a la intermediación de la defensora pública, se abrió un proceso de diálogo y negociación entre las partes, el cual culminó de manera fructífera con un acuerdo transaccional, de acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa Pública.
De esta manera, la denunciante recibirá una compensación económica, luego de que la empresa se comprometiera al pago de G. 80.000.000, monto que comprende las indemnizaciones, haberes laborales y demás conceptos reclamados en el proceso.
