Amplían protección económica para adultos mayores
Con la ampliación del gasto social orientado a la protección económica de las personas adultas mayores, a través de la Pensión Alimentaria, en 2018 se logró alcanzar una cobertura global mayor al 50%.
Para fin de 2022, la Encuesta Permanente de Hogares Continua indica que en Paraguay el 60,7% de la población adulta mayor posee un beneficio previsional, de los cuales el 46,4% corresponde a la Pensión Alimentaria.
En tan solo 12 años, la decisión de la implementación y ampliación de la Pensión Alimentaria permitió que la mayoría de la población adulta mayor tenga recursos disponibles para la cobertura de sus necesidades básicas.
Asimismo, en ese lapso Paraguay se acercó a los promedios regionales (68,8% en el año 2019), según refiere la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC).
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Como antecedente de los datos presentados más arriba, la DPNC da cuenta que por circunstancias históricas e inadecuaciones de los esquemas previsionales la cobertura de jubilaciones y pensiones contributivas en la población adulta mayor ha sido limitada.
En los últimos 13 años, nunca superó el 17%.
Con la sanción de la Ley 3728/2009, se estableció el beneficio de Pensión Alimentaria, instrumento no contributivo que otorga una protección económica (equivalente al 25% del salario mínimo) a los estratos más vulnerables de la población mayor de 65 años.
Tal como se observa en el gráfico, en 2010 – comienzo de la implementación de la pensión – la cobertura previsional alcanzaba solamente al 15,4% de la población de 65 años y más.
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Progresivamente, la Pensión Alimentaria generó una ampliación de la cobertura de previsión social. Ya en el año 2013 la Pensión Alimentaria cubría a más adultos mayores (16,1%) que el conjunto de jubilaciones y pensiones contributivas (14,5%).
Detienen a boliviano que, con identidad argentina falsa, intentó viajar a Europa
La Dirección Nacional de Migraciones detuvo a un pasajero “impostor” que intentó abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi utilizando documentación argentina perteneciente a otra persona.
Jorge Vedia Choque, ciudadano boliviano de 29 años, fue aprehendido cuando llegó al área de embarque con un pasaporte y DNI argentino a nombre de otra persona.
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La funcionaria detectó cierta irregularidad con el hombre que pretendía viajar a Italia, y activaron el protocolo de verificación de identidad a través del cual se descubrió su verdadero nombre.
La documentación original del impostor fue hallada posteriormente en una de sus maletas, con el apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El hecho fue comunicado de forma inmediata al Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, para la investigación correspondiente.
El hombre fue puesto a disposición de las autoridades.
Sesión extra para penalizar el criadazgo
La Cámara de Senadores tendrá una sesión extraordinaria este martes, a fin de tratar el proyecto de ley sobre el criadazgo, que incluye la penalización del hecho. La discusión se enfrasca en la cantidad de años que aplicarán.
El proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”, presentado por las diputadas Dalia Estigarribia y Johanna Ortega, es el único punto en el orden del día de la Cámara de Senadores.
La sesión extraordinaria está convocada para las 10:00 de la mañana y la sanción automática del proyecto tiene fecha de hoy 20 de mayo.
Con el texto original, la normativa prohíbe expresamente el criadazgo, pero no lo sanciona. “Ningún niño, niña o adolescente será ocupado en esta actividad. No se considerarán excepciones a esta prohibición y la violación de ésta generará responsabilidades administrativas, laborales, civiles y penales para quienes la infrinjan”, indica el proyecto que, en el Senado, podría tener una ampliación.
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Sin embargo, la pretensión en el Senado es ampliar el proyecto para tipificar al criadazgo como un delito y, sobre rodo, establecer penas carcelarias.
El artículo agregado, con el subtítulo de penalización del criadazgo, sería el siguiente: El que, sin ser titular de la patria potestad explotare en el trabajo infantil a un niño o adolescente privándolo del derecho a vivir en el domicilio de su familia biológica, será castigado con una pena de cinco a 10 años pena privativa de libertad.
La comisión de este delito dará lugar a la aplicación de la pena adicional de la composición establecida en el artículo 59 del Código Penal. No incluirá la demanda por los daños y perjuicios que la conducta del autor haya ocasionado a la víctima.
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Ciberataque: el informe final de lo ocurrido y la denuncia penal presentada
El Mitic emitió el resultado de la investigación del ciberataque. En total fueron 18 instituciones públicas afectadas, dos de ellas con acceso a datos de identificación personal. Se presentó una denuncia penal ante Delitos Informáticos.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación reportó que se logró restablecer el funcionamiento de todas las páginas web del Estado.
Se identificaron 18 ataques, de los cuales, 13 consistieron en la alteración de la apariencia de sitios web, defacement, dos casos de extracción de información de identificación personal, no así del tipo bancaria, y tres de accesos no autorizados.
INSTITUCIONES ATACADAS
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que corresponden a los dos casos de extracción de información.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Justicia (MJ), la Contraloría General de la República (CGR) a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Presidencia de la República (Gabinete Civil), el Gabinete Militar, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección General de Migraciones (Repatriados), la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Honorable Cámara de Diputados (HCD), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), específicamente la Dirección de Meteorología, la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Municipalidad de Pilar, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
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DENUNCIA PENAL
El Ejecutivo, a través del Mitic, presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.
La denuncia es por: ataques cibernéticos contra instituciones del estado, accesos no autorizados a servidores, interrupciones en servicios públicos digitales, sustracción y difusión de datos sensibles, y actividades maliciosas originadas desde el extranjero, esto podría constituir delitos tipificados en el Código Penal Paraguayo vinculados al cibercrimen.
“El grupo que se está adjudicando es Cyberteam, son de Portugal y de Brasil, alegan ellos, no tenemos esa confirmación, pero son activistas hackers, tenemos identificados sus seudónimos y las personas que estuvieron trabajando detrás de esto”, confirmó el titular del Mitic, Gustavo Villate ayer, durante una entrevista.
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