La Administración Nacional de Navega­ción y Puertos (ANNP) tiene planificados llamados a licitación pública por un valor total de 2,4 millones de dólares, que serán ejecutados en los últimos días de mayo y durante el siguiente mes.

El 28 de febrero de este año, Puertos publicó en el portal de Contrataciones Públicas la planificación del llamado para el Servicio de Digitali­zación de Documentos, con un monto global estimado de G. 2.000.000.000 y para la adquisición de equipos de CCTV para la institución, por valor de G. 500.000.000. Ambas convocatorias están previstas para este mes.

Así también, a finales de febrero, la empresa estatal dio a conocer la planifica­ción de la licitación para la adquisición de grúa porta­contenedor de 45 toneladas, con una inversión estima­tiva de G. 7.000.000.000; otra para la adquisición de cinta transportadora móvil, por G. 2.400.000.000; además para la adquisición de para­rrayos para las terminales portuarias de la ANNP, por G. 780.000.000; y para la cons­trucción de defensa de mue­lle en las terminales portua­rias de Pilar y Villeta, por G. 4.300.000.000. Todas estas convocatorias están proyec­tadas para este mes de junio.

A todo lo anterior se suma que la institución realizó un llamado el pasado 13 de abril para la adquisición de mini­cargadores de granos, con un monto estimado de G. 773.925.000 y con un anticipo del 20 %. La apertura de ofertas se realizó el 28 de abril, y se presentaron tres oferen­tes. Este proceso se encuen­tra actualmente en la etapa de evaluación.

Sumando las seis licitaciones planificadas y la que está en etapa de evaluación, Puertos prevé destinar en las siguien­tes semanas un total de G. 17.753.925.000 (que al cam­bio actual da USD 2.457.832). Un monto que resulta nada despreciable y que se suma al carnaval de licitaciones que está realizando el gobierno saliente con las compras que hace a las apuradas antes del traspaso de mando.

El gobierno saliente de Mario Abdo Benítez se encuentra en plena campaña para realizar las últimas movidas antes de entregar el mando al equipo del presidente electo, San­tiago Peña. Las licitaciones y los contratos en curso com­prometerán presupuestos de varios años, por lo que urge parar el carnaval de rapiña del gobierno saliente.

La economista y exministra de Hacienda Lea Giménez, quien integra el equipo de transición de Santiago Peña, advirtió la falta de voluntad del gobierno de Mario Abdo Benítez, de parar aquellas licitaciones y compras públi­cas no urgentes, además de la creación de llamativos sindi­catos para blindar a los fun­cionarios y la inclusión a las apuradas de más trabajadores a la función pública.

Según expuso Lea Giménez, la administración saliente convoca a 1.814 licitacio­nes plurianuales, las cuales representan ya el 73 % del presupuesto de licitaciones previsto en el paquete del ejercicio 2023. Esta situa­ción dejaría maniatada a la próxima administración, por lo que genera tremenda preocupación en el equipo de transición.

Estos procesos licitatorios no son decisiones urgentes de este año y comprometen de forma significativa los recur­sos del Estado por dos a tres años. ¿Por qué quieren acele­rar los procesos hoy estando ya de salida? Es la pregunta que se hacen en el equipo entrante.

Además de estos llamati­vos llamados licitatorios, se suman los contratos y nom­bramientos que se están rea­lizando y que tendrán impacto permanente en la función pública y en el fisco. Resulta muy llamativo que el Gobierno se empecine en continuar con el concurso que está en mar­cha en la Itaipú Binacional, donde existen fuertes sos­pechas de direccionamiento en la convocatoria que busca cubrir 220 vacantes. Las múl­tiples denuncias de aparente direccionamiento en este pro­ceso de selección externa está dañando seriamente la ima­gen de la binacional y de sus funcionarios, por lo que se pide altura moral e integridad de los administradores de turno.

Así también llama la aten­ción la reactivación de los sindicatos en las institucio­nes públicas y la creación de otros nuevos, situación que hace sospechar de una apa­rente movida para blindar a los funcionarios leales y auto­ridades del oficialismo actual.

En ese sentido, a meses del cambio de autoridades de Estado, el cuestionado direc­tor de Responsabilidad Social de Itaipú Binacional, Gerardo Soria, en su momento jefe de escritorio en Itaipú, se apre­suró en acomodarse como secretario general de un sin­dicato “reciclado”, pese a que no puede ejercer el rol por su cargo directivo. Su designa­ción resulta suspicaz debido a que el sindicato realizó la asamblea luego de 5 años sin tener actividad en la organi­zación sindical.

Al igual que en la binacio­nal, en el Ministerio de Tra­bajo aquellos funcionarios de confianza que ingresaron con la ministra Carla Baci­galupo estarían constitu­yendo el Sindicato de Fun­cionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (SIFU – MTESS), con el aparente fin de evitar ser despedidos al conseguir la estabilidad sindical de sus miembros. Quienes lideran la convocatoria para constituir la asamblea general son dos trabajadores antiguos de la institución: Claudia Valiente, quien es funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurí­dica del Viceministerio de Trabajo y tiene un sueldo de G. 4.694.375, y Pedro Ramírez Apestegui, quien es jefe inte­rino del Dpto. de Dictáme­nes de Relaciones Laborales y percibe una remuneración de G. 9.490.000.

Otra situación que no pasó desapercibida en este último tramo de la administración de Abdo fue la designación de la exasesora de imagen de la primera dama Silvana Abdo, la joven Fiorella Ric­ciardi, como representante diplomática de la República del Paraguay ante Canadá, como primera secretaria y cónsul de primera clase, con categoría D26. Con este distinguido cargo le corres­ponde un salario básico men­sual de USD 4.505, a los que se suman otras bonificacio­nes, pago de alquiler y desa­rraigo conforme a la escala de las Naciones Unidas.

El equipo de transición no pide al Gobierno actual que pare el Estado, sino que desista de aquellas movidas que no son urgentes y nece­sarias. Sin embargo, lejos de tomar nota al pedido del equipo entrante, el manda­tario saliente Mario Abdo Benítez trató de histéricos a los designados por Santiago Peña, y con esto se ratificó en que seguirá con su rapiña antes de dejar el cargo.

José Ocampos, actual titular de Capasa, explicó que el pasado jueves realizaron un inesperado arqueo en caja para constatar en físico un dinero que figuraba en el balance.

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Grande fue la sorpresa cuando exigieron a los responsables del área de Tesorería la llave de la caja fuerte y estos manifestaron que no la tenían en la oficina, sino en sus casas, por lo que, se retiraron para ir a buscarla.

Ante la llamativa demora de los funcionarios, se convocó a una escribana pública, auditoria, un cerrajero y a la propia Policía.

Ocampos comentó a la radio 1020 AM que, finalmente, en horas de la tardecita su pudo abrir la caja y descubrieron la inexistencia de 325 millones de guaraníes, solo encontraron 23.500 guaraníes. El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Una sola persona era el encargado directo. Como se trata de un delito de acción penal pública, fruto de esto las investigaciones van a llegar a lo que todos presumimos y sabemos, que una sola persona no pudo ser participe de todo esto, confiamos en que todo se va a dilucidar”, expresó el titular de Capasa quien, además, agregó que hoy se devolvió el 60% del dinero.

Unos 200 millones de guaraníes fueron devueltos por un abogado, representante del encargado de Tesorería. Según expresó José Ocampos, se comprometieron, a través de una escritura pública, a devolver el resto del dinero la próxima semana.

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El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a cargo de la investigación, informó que el hombre hallado muerto, el pasado domingo 14 de abril; fue identificado como Luis Estigarribia Duarte, de 29 años.

El mismo es oriundo de la localidad Mbaracayú (Departamento de Alto Paraná), según reportes de la Policía Nacional.

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La representación fiscal, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a sus familiares y proceder a la entrega del cuerpo que permanece en la Morgue Judicial.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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