El director de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), Gustavo Benítez, habló acerca del pedido de informes a la Asociación de Propietarios de Estadios de Servicios y Afines (APESA) y además confirmó el inicio de una sanción por infracción a la ley de Defensa de la Competencia.

“Antes de abrir ese sumario, nosotros hacemos todas las diligencias previas”, aseguró Benítez en comunicación con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Como base se tomó en cuenta el comunicado de Apesa, sobre la reducción de horario del jueves 17 de marzo, anunciada en ese entonces por tiempo indefinido.

La medida de protesta fue contra la aprobación de un subsidio a las estaciones de Petropar, generando así un precio artificial, en detrimento de los demás jugadores del mercado, que carecen de la capacidad de vender por debajo del precio de costo.

El propio presidente de Petropar, Denis Lichi, reconoció este lunes que se trata de una competencia desleal, ya que la ley de “contingencia” permite establecer precios de imposible competencia.

Paralelamente, la Conacom no interviene ante la competencia deseal que configura aplicación de precios artificiales en los surtidores de Petropar. Es decir, la misma institución decide intervenir en un caso, pero hacer la vista gorda en el otro.

Este fenómeno también conocido como “dumping” precisamente consiste en establecer precios más bajos de los realmente posibles y propiciar así una comptencia deseal.

El artículo 107 de la Constitución Nacional expone acerca de la libertad de concurrencia. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal.

El procedimiento se realizó en el puesto de control de Vista Alegre. Según los intervinientes, un camión salió de un camino alternativo y con una maniobra brusca, terminó colisionando a la patrullera de la Prefectura Naval, lo que llamó la atención de los funcionarios quienes ordenaron al rodado que se detenga.

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El combustible estaba distribuido en 10 bidones de 1000 litros y, supuestamente, habrían ingresado desde Argentina. 

Los ocupantes del camión quedaron detenidos, y se calcula que la pérdida económica con esta incautación es de G. 220 millones.

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La complicada situación económica por la que atraviesan les obligó a recurrir a los pobladores de las comunidades donde realizan sus pasantías, y estos les asisten con comida para poder subsistir.

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La

Dra. Gloria Giménez en conversación con la 650 AM comentó que iniciaron sus funciones como pasantes el pasado 3 de abril, y el pago de sus salarios debe darse en la medida posible agilizando los trámites administrativos.

“Se debería de ver la manera de que estos trámites se agilicen porque es algo que se ve año tras año”, señaló la profesional.

Lo médicos, a través de una nota dirigida a las autoridades, se pronunciaron exigiendo el cumplimiento de la cláusula firmada en los contratos con el Ministerio de Salud, donde se establece el pago de la remuneración salarial correspondiente al trabajo realizado.

Piden respuesta inmediata a su pedido considerando las necesidades económicas por la que están atravesando 

Los allanamientos simultáneos se llevaron a cabo este miércoles en diferentes puntos de Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre un presunto caso de “ordeñe” de combustible cometido por funcionarios de la municipalidad local.

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La Fiscalía informó que durante los procedimientos, se confiscaron diversas evidencias, incluyendo bidones, tambores, un motor utilizado para extraer combustible y otras pruebas relacionadas con el supuesto ilícito. 

La denuncia fue presentada por la Asesoría Jurídica de la institución comunal, revela que algunos empleados encargados de los vehículos municipales estarían desviando combustible a sus respectivas viviendas para uso particular. El descubrimiento de esta actividad ilícita se produjo a través de una auditoría y mediante el seguimiento de un sistema GPS.

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Conforme a la pesquisa, el perjuicio patrimonial para la municipalidad podría ascender a unos 60 a 70 millones de guaraníes mensualmente. Hasta el momento, no se realizaron detenciones con relación al caso. 

Sin embargo, los intervinientes notificaron a algunos de los presuntos implicados a través de sus familiares para que comparezcan mañana jueves ante el Ministerio Público a fin de prestar declaración indagatoria.