Ante cuestionamientos por licitaciones, ministro de Justicia garantiza transparencia
El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, salió al paso de las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del seguro médico para funcionarios.
El ministro Ángel Barchini manifestó que todo el proceso se realizó con la “más absoluta transparencia y participación” y que la empresa adjudicada presentó la oferta más baja con una ampliación de los beneficios y servicios.
“Quiero que la ciudadanía tenga la certeza y la seguridad de que acá, en este ministerio, mientras yo sea ministro, no se robará un guaraní. Y aquellos que perderán sus negocios, aquellos que están acostumbrados a amenazar al ministro con huelgas, lo pueden hacer por 24 horas. No voy a ceder. Tengo una obligación y compromiso con mi país y con el presidente de la República, Santiago Peña, de hacer lo que tengo que hacer para que el Paraguay esté mejor”, expresó el secretario de Estado.
Aclaró que la licitación cuestionada, actualmente está en el ámbito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que si existió alguna anormalidad en el proceso la declarará desierta, hará una nueva convocatoria y prorrogará el contrato vigente, para asegurar que los funcionarios no se queden sin los servicios.
En ese sentido, cuestionó la desinformación existente y señaló que no son 13.000 los funcionarios del Ministerio, sino 3.637, entre contratados y nombrados, incluidos agentes y educadores penitenciarios.
El ministro Barchini expresó que en el Ministerio de Justicia durante años hubo una corruptela impresionante ligada a sindicatos que defienden supuestamente derechos laborales, pero que llenan la institución con sus hijos, y lo que hacen es defender sus negocios. “Esto en algún momento tenía que cortarse. Hemos recibido la instrucción del presidente Santiago Peña; todas las cuentas absolutamente transparentes”, resaltó.
Pruebas de los chats están desaparecidas, Fiscalía pedirá reunión con la Corte
Hasta este momento, la Fiscalía no tuvo acceso al contenido del teléfono de Lalo Gomes, en lo relacionado a los chats que se vienen publicando diariamente en los medios. El fiscal general recurrirá hoy al presidente de la Corte y, de ser necesario, planteará una reunión de con la plenaria.
El teléfono principal de Eulalio Gomes que fue objeto de peritaje por parte de la Policía Nacional nunca llegó a manos del Ministerio Público, confirmó esta mañana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El juez fijó una fecha de audiencia para notificar a las partes y, desde ese momento quizás nos entreguen la copia que exigimos, hasta ahora no tenemos noticia, de los 32 aparatos en total, 20 son los accesorios, los tiene el MP, pero los demás que se publican lo tiene el juez o la Policía Nacional”, indicó Rolón. Añadió que el contenido de lo publicado está a cargo del Poder Judicial.
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Para iniciar la investigación, más allá de los testimonios, se necesitan evidencias materiales e incluso científicas, precisó, por lo tanto, el punto de partida todavía no lo tienen.
“Esta mañana intentaré hablar con el presidente de la Corte, haré extensivo mi reclamo al respecto y si hace falta nos reuniremos con la plenaria”, afirmó.
A criterio de Rolón, el juez Osmar Legal envió a la Fiscalía el contenido de lo que él considera, algunas fotografías y otros elementos en un relato de 33 hojas en las que, además, sugiere la inhabilitación de fiscales.
El texto remitido por Legal tampoco tiene contenido de denuncia, sino de una exposición de datos, pese a lo cual, se designó un equipo de fiscales para la investigación.
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VIDEO| Denuncian a policías de CDE por extorsión y agresión contra dos jóvenes
Dos jóvenes denunciaron a policías de Ciudad del Este por extorsión y agresión tras ser interceptados en una estación de servicio. Según la denuncia, los agentes exigieron dinero y los golpearon antes de liberarlos.
Agentes de la Subcomisaría 46ª de Ciudad del Este están siendo investigados por un presunto caso de extorsión y agresión ocurrido en la madrugada del jueves.
Según la denuncia presentada por las víctimas, los policías abordaron a los jóvenes en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Blas y les exigieron la suma de G. 6 millones. Tras ser golpeados y ante el temor, ambos entregaron G. 2 millones para ser liberados.
Las víctimas fueron identificadas como Fernando Nicolás Britos Román, ingeniero agrónomo de 28 años, y su amigo Diego Lezcano, de 24 años. Britos Román conducía una camioneta GEELY, color blanco, cuya matrícula aún está en trámite debido a que es cero kilómetro.
El ingeniero relató que se encontraba cerca de su domicilio, en las inmediaciones de la estación de servicio Puma, cuando fue interceptado por los uniformados.
“Nosotros íbamos a comprar algo que nos faltaba y, justo en ese momento, ellos estaban realizando un control de vehículos a unos 200 metros. Tal vez pensaron que huíamos, pero de repente actuaron de manera muy violenta”, explicó a un medio local.
Según su versión, los agentes lo agredieron físicamente y, a pesar de intentar dialogar para explicarles que su vehículo era nuevo y aún no tenía chapa, fue reducido y subido a una patrullera. “Me negué a entregarles las llaves, pero uno de los policías utilizó su picana para inmovilizarme y me las sacó de la mano”, denunció.
Posteriormente, Britos Román, Lezcano y el vehículo fueron trasladados a la Subcomisaría 46ª, donde los policías realizaron una nueva revisión del automóvil. Al pedir explicaciones, el ingeniero fue nuevamente agredido. Su amigo, al intentar grabar la situación, fue despojado de su celular.
La situación culminó cuando Susan Carina Ocampos, esposa de Britos Román, llegó al lugar. Al ser coaccionada por los agentes, Ocampos logró reunir G. 2 millones para pagar por la liberación de su esposo.
La denuncia fue presentada por las víctimas y el ingeniero agrónomo aseguró que hará una denuncia formal este ante el Ministerio Público.
Intentaron huir, pero cayeron: Policía detiene a dos con arma y dinero
Dos jóvenes fueron aprehendidos en San Lorenzo tras una persecución policial que inició luego de una denuncia al 911. Durante la fuga, intentaron deshacerse de un arma de fuego, pero fueron interceptados.
Un operativo policial en el barrio Reducto de San Lorenzo dejó como resultado la aprehensión de dos jóvenes, la incautación de un arma de fuego y la confiscación de un vehículo. La intervención se llevó a cabo ayer, a las 17:30, en la intersección de la calle San Isidro y sus adyacencias.
El procedimiento se inició tras una denuncia recibida a través del Sistema 911, en la que un vecino alertó sobre la presencia de personas sospechosas portando un arma de fuego. Al llegar al lugar, los agentes intentaron identificar a los implicados, quienes huyeron a bordo de una camioneta Nissan Frontier gris, modelo 2018.
La persecución culminó con su captura, y durante la fuga, los sospechosos arrojaron un arma de fuego por la ventanilla.
Los aprehendidos fueron identificados como Kevin Daniel Romero Álvarez y Fabricio Alejandro Falcón Sánchez, ambos de 18 años y sin antecedentes. Entre las evidencias incautadas figuran una pistola Smith & Wesson con 14 cartuchos, un cuchillo táctico, tres teléfonos celulares y 157.000 guaraníes en efectivo.
El procedimiento quedó a cargo de la agente fiscal Elvia Chávez, de la Unidad N°4 de San Lorenzo, quien ordenó la detención de los implicados y la remisión de las evidencias a la Fiscalía.