Ante ola de asaltos, disponen 400 policías para cubrir bocas de cobranza en supermercados

El Ministerio del Interior y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) firmaron un convenio para fortalecer la seguridad en los supermercados de Asunción y Central, tras los últimos ataques a las bocas de cobranzas bancarias.

El ministro del Interior, Juan Erenesto Villamayor, explicó que este convenio firmado con la Capasu, establece que unos 400 efectivos policiales serán destinados para la cobertura de los supermercados que cuentan con bocas de cobranza.

La medida es de aplicación inmediata en los supermercados de Asunción y el Departamento Central. En cada local, se dispondrán 4 uniformados para el resguardo correspondiente.

El horario de cobertura de dichos efectivos policiales será desde las 08:00 horas hasta las 21:00 horas.

Por su parte, la Capasu se comprometió a ampliar la capacidad de la Policía Nacional, instalando cámaras en los alrededores de los supermercados y que estarán conectadas directamente con el sistema 911.

El ministro Villamayor celebró el convenio y sostuvo que lo importante es prevenir, atendiendo a la cantidad de asaltos que se dieron en las últimas semanas en las bocas de cobranza ubicadas en el interior de algunos supermercados.

 

¿Ley militar por encima de la Constitución? Jueza decidió una cosa, FF. AA ninguneó, acusan

Tras no obtener respuesta al pedido de retorno a su cargo anterior y exoneración de la guardia de 24 horas ante las autoridades militares, la Teniente Carmen Quinteros recurrió a la Jueza del Menor de Luque, Rosalba Garay que había ordenado que como medida de protección que la madre no permanezca alejada de su hijo por largos periodos atendiendo que se encontraba en periodo de lactancia. El incumplimiento de esa orden la Fiscalía nunca investigó, cuestionó el abogado Carlos Mendoza, representante de Quinteros.

La Jueza en Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de Luque, Tercer Turno, en fecha 7 de febrero de 2017 ordenó como medida de protección a favor del niño y que su madre, la Teniente Carmen Quinteros no permanezca alejada de él por largos periodos de tiempo. Para el efecto exhortó al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que la militar siga desafectada del servicio de guardia y el servicio de semana como fuera en su primer periodo de permiso de lactancia, mientras dure la lactancia materna del niño.

En la resolución la jueza Rosalba Garay además ordena que se de cumplimiento a lo dispuesto en la ley 5508/2015 estableciendo en las dependencias de la institución a su cargo, las respectivas salas de lactancia con el equipamiento y las condiciones necesarias.

“Hay una causa abierta en Luque y esta causa murió porque el Almirante Escolari era más antiguo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia Militar, es una institución con la que es imposible trabajar, hay que cambiar la ley que viene de los 80 y va totalmente contra la Constitución y todos los principios”, afirmó el abogado Carlos Mendoza, representante de la militar en contacto con la 970 AM.

La jueza en ese entonces remitió los antecedentes a la Fiscalía de Luque para que se investigue y pasaron tres años y no se realizó un solo acto del delito que agravia los derechos del niño, cuestionó Mendoza.

“La jueza determinó que se incumplió la ley, todo eso se está pasando por alto, se puede criticar lo de la Corte y los verdaderos responsables son los que impulsaron el proceso y los que aplicaron mal la ley, a mi criterio”, agregó.

Mendoza recordó que Quinteros solicitó volver a su cargo anterior porque allí cumplía una función administrativa y desde entonces se arrastró toda esta situación.

“En el escrito ella solicita que se le pase a su lugar de origen, no consigue y pide la reconsideración y es cuando se le acusa de agravio, ella es sentenciada y se la traslada a una unidad, le quitan de la Armada y la llevan a reclutamiento que es donde se le recibe a quienes realizan el Servicio Militar Obligatorio”, puntualizó.

 

Inundados ya ocuparon plazas del Congreso, ahora otro grupo se instala en el Cerro Lambaré

Son más de 100 familias las que desde el viernes se apostaron en las plazas ubicadas frente al Congreso Nacional. A esto, se suman los damnificados que desde hoy se instalaron en el Cerro Lambaré.

Desde el viernes, unas 103 familias se apostaron en la Plaza de Armas y Juan de Salazar. Esto generó mucha polémica, ya que la Municipalidad de Asunción aseguró que estas personas no cuentan con la debida autorización para instalarse en el lugar.

Luis Zorrilla, coordinador de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), explicó a la 970 AM que desde la institución continúa la asistencia a las familias con la entrega de chapas, maderas y puntales.

Ante esta situación, trabajadores de la zona del Congreso manifestaron preocupación debido al aumento de asaltos en las adyacencias y solicitan mayor presencia policial.

Al mismo tiempo, un grupo de damnificados se instaló hoy en el Cerro Lambaré, la cual fue declarada tiempo atrás como reserva natural de Asunción.

En ese sentido, la abogada Rosa Vacchetta manifestó que el Cerro sería objeto de ‘depredación’ para que se ubiquen allí las familias afectadas por la crecida del río.

“Mientras tanto fundieron los parques, las plazas, ahora el Cerro Lambaré y no sabemos más que hacer, esto es un delito ambiental”, lamentó la abogada Vacchetta en comunicación con la 800 AM.

 

Condenan a exdefensora por nombrar abogados sin aval de Corte, apelarán la sentencia

La exdefensora general suspendida Noyme Yore, fue condenada hoy a 1 año de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena.

De acuerdo a la decisión del Tribunal de Sentencia, Noyme Yore no irá a prisión pero la ejecución de su pena será suspendida por dos años. El fallo fue dictado por los jueces de Sentencia Juan Carlos Zárate, Cynthia Lovera y Julián López.

Para el Tribunal quedó plenamente demostrado que Yore cometió el hecho punible de usurpación de funciones públicas en calidad de autora.

El juez Zárate manifestó que Yore sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Agregó que la misma nombró de manera arbitraria a abogados privados como Defensores Públicos en varios puntos del interior del país.

Siendo que dicha designación corresponde a la Corte Suprema de Justicia, previa selección del Consejo de la Magistratura.

Por su parte, la condenada antes de escuchar el veredicto de los magistrados, dijo que, si vuelve a tener un cargo volvería a nombrar a abogados particulares en caso de que haga falta en algún punto del país.

El abogado Ricardo Preda, quien ejerce la defensa de Noyme Yore adelantó que apelará la sentencia.